Por: Redacción Central.

Mediante un análisis comparativo, coroneles retirados de las Fuerzas Armadas advirtieron que el proyecto de reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público –conocido como la Caja Fiscal–, impulsado por el Poder Ejecutivo, no resolverá el problema de fondo. Por el contrario, señalaron que la iniciativa podría derivar en un colapso financiero, un aumento de la pobreza entre los jubilados y una ola de demandas judiciales por presunto incumplimiento constitucional.

Las observaciones fueron formuladas por los coroneles Julio Scarone y Felipe Mercado, autores del libro Reforma Integral de la Caja Fiscal, que plantea una propuesta alternativa para afrontar el creciente déficit del sistema previsional público y que, según indicaron, fue ignorada por el Gobierno.

Según el nuevo documento de ambos autores, la iniciativa oficial se limita a introducir reformas paramétricas mínimas que mantienen las principales causas del déficit estructural, lo que –a su criterio– profundiza la dependencia fiscal y traslada el problema a las futuras generaciones.

“Su pomposa propuesta es apenas un parche: sin fondos de reserva robustos ni inversiones diversificadas. Sus proyecciones optimistas sin respaldo apuntan a la cobertura de apenas el 50% del déficit actual de USD 340 millones; es decir, seguirá un déficit anual de USD 170 millones, que seguirá dependiendo de subsidios fiscales, arriesgando colapso demográfico (esperanza de vida creciente, no ajustada dinámicamente)”, sostienen los autores, quienes comparan el proyecto con “primeros auxilios para un paciente que necesita terapia intensiva”.

Uno de los puntos más cuestionados es el aporte patronal del 3%, calificado como “insignificante” o “una burla” y fuera de los estándares internacionales. En contrapartida, se establece un aporte del trabajador del 19%, que los coroneles describen como “abusivo”.

“El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) prioriza el equilibrio fiscal a corto plazo (pagar menos hoy) sobre la sostenibilidad actuarial y la maximización de retornos a largo plazo (invertir mejor)”, advierte a su vez el documento.

Los autores también denuncian que el proyecto del Ejecutivo viola el artículo 103 de la Constitución Nacional, al no contemplar la administración de la Caja por parte de aportantes y jubilados ni establecer mecanismos efectivos de control ciudadano. Señalan que el MEF continuaría siendo “juez y parte”, sin entes de supervisión independientes ni auditorías externas anuales como sí plantean en su proyecto.

Otro eje central del cuestionamiento es la falta de un mecanismo real de actualización de los haberes jubilatorios. La propuesta oficial incorpora las pensiones únicamente al salario mínimo y no prevé ajustes automáticos por inflación, lo que acentuaría la pobreza.

“Más de 18.000 jubilados del sector civil que ganan menos del salario mínimo seguirán en la pobreza”, alertan, afirmando que a estos se suman otros 10.000 que llevan décadas sin recibir actualización de sus haberes.

Advierten de colapso financiero

Desde esta perspectiva, los coroneles retirados advierten que el riesgo no es solo financiero y que el colapso es “matemáticamente inevitable”.

En ese sentido, anticipan una posible “crisis humanitaria” con jubilados en situación de “pobreza masiva” y demandas judiciales por incumplimiento constitucional, recordando fallos previos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declararon inconstitucional la actualización parcial de las jubilaciones.

Frente a este escenario, afirman que en Reforma Integral de la Caja Fiscal se propone un rediseño estructural del sistema previsional, con la creación de un ente autárquico administrado por aportantes y jubilados, un modelo mixto de capitalización colectiva con solidaridad y una estrategia de inversiones diversificada a nivel nacional e internacional.

Su proyecto, a diferencia, plantea un aporte patronal del 12%, aportes de empleados progresivos según ingresos y la conformación de un fondo de reserva acumulativo, con el objetivo de lograr “autosostenibilidad total del sistema” y “eliminar la dependencia del Tesoro”, generando finalmente un impacto positivo en la economía mediante inversiones en infraestructura y energía.

El documento concluye que el proyecto del Ejecutivo representa “más de lo mismo, igual que en 2003”, cuando se hizo la última reforma, mientras que su planteamiento constituye “una transformación histórica”, basada en el rediseño completo del sistema, empoderamiento ciudadano, sostenibilidad matemática garantizada y justicia social e intergeneracional.