Por: https://www.lapoliticaonline.com/

Jorge Kronawetter, director de Migraciones

Se trata de una adjudicación a la empresa Seguriport Limited Liability por un total de USD 22 millones. Los riesgos de una mala inversión y los antecedentes en Honduras y Gambia.

 La Dirección Nacional de Migraciones, presidida por Jorge Kronawetter, adjudicó un contrato por USD 22 millones a la firma estadounidense Seguriport Limited Liability Company (LLC) para la implementación de un sistema tecnológico de control y vigilancia en aeropuertos y pasos fronterizos.

 Fuentes cercanas a la negociaciones afirmaron a  LPO que no descartan una posible presión de Estados Unidos para beneficiar a la compañía.

El proceso se realizó en diciembre del año pasado mediante un procedimiento de excepción, bajo el argumento de razones vinculadas a la seguridad nacional. Si bien se trató de un llamado de carácter internacional, no se registró la participación de otras empresas oferentes, como consignó ABC Color en una investigación, lo que impidió la comparación de precios, propuestas técnicas y alternativas disponibles para el Estado paraguayo.

Las mismas fuentes confirman que la Ley 7021 permite compras por la vía de la excepción por razones de seguridad del Estado, pero deben estar debidamente justificadas. En este caso, esta norma fue utilizada para direccionar la contratación de esta empresa de Estados Unidos.

 La Ley 7021 permite compras por la vía de la excepción por razones de seguridad del Estado, pero deben estar debidamente justificadas. En este caso, esta norma fue utilizada para direccionar la contratación de esta empresa de Estados Unidos

La maniobra pone en jaque la transparencia y la integridad en el uso de los fondos públicos que el Gobierno dice promover, sobre todo porque se trata de una adjudicación de USD 22 millones. Si están mal invertidos, insistieron las fuentes, no mejorará la seguridad de los aeropuertos. Al usar la ley 7021, tampoco se sabrá si hubo una mejor oferta.

Otro punto es la cercanía entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos, con el que existen varios acuerdos de lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y para potenciar la seguridad. En este mismo marco, Paraguay derogó recientemente el decreto que permitía el ingreso de ciudadanos venezolanos al país sin necesidad de visas.

La contratación de Seguriport en Paraguay se suma a antecedentes registrados en otros países. En Honduras, en 2011, el entonces presidente Porfirio Lobo adjudicó a la empresa un contrato por decreto y sin licitación pública para la instalación de controles aeroportuarios por un periodo de diez años, a cambio de USD 31 millones. La medida fue posteriormente revertida tras un escándalo público.

En Gambia, el gobierno del presidente Adama Barrow firmó en 2017 un contrato directo con Seguriport, también por un plazo de diez años, con un perjuicio de al menos USD 4 millones para el Estado gambiano.

En Benín, en 2015, durante la administración del expresidente Thomas Boni Yayi, la empresa obtuvo de manera directa un contrato para el control de pasajeros. Sin embargo, el acuerdo fue cancelado al año siguiente, tras un cambio de gobierno.