Por: https://www.lapoliticaonline.com/

Félix Sosa, presidente de la ANDE.

El Gobierno de Santiago Peña aprobó nuevas tarifas eléctricas "especiales" para grupos de alto consumo y, a la par, creó un esquema para usuarios de muy alto consumo, orientado a industrias vinculadas a centros de datos, inteligencia artificial, computación en la nube y proyectos de "Power to X". Pero algunas organizaciones consideran que el servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) empeorará en pocos años por su apuesta a las iniciativas de consumo intensivo.

Las medidas fueron establecidas a través de los decretos 5306 y 5307/2026, que fijan precios diferenciados para industrias convergentes conectadas a redes de Extra Alta Tensión (500 kV), Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV). Además, se crea un grupo específico de consumo intensivo en Muy Alta Tensión para proyectos industriales asociados a la transformación de energía eléctrica en otros productos.

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Uno de los puntos más sensibles pasa por la vigencia de estos beneficios, que podrá extenderse hasta 15 años. El esquema apunta a atraer inversiones importantes, pero también reabre el debate sobre el uso de la energía eléctrica en actividades que demandan volúmenes muy elevados de electricidad.

Para el presidente de la ANDE, Félix Sosa, la instalación de los centros de datos o data centers representa "una gran oportunidad" para Paraguay, no solo desde el punto de vista económico, sino también como pilar para la transformación digital, especialmente para el aprovechamiento de los recursos energéticos del país.

Sin embargo, organizaciones y movimientos políticos cuestionaron los decretos que establecen tarifas especiales para industrias electrointensivas y exigieron su derogación por considerar que benefician a grandes corporaciones en detrimento de los usuarios domésticos y de la industria nacional.

'Itaipú Causa Nacional' e 'Itaipú es también Soberanía' aseguran que las nuevas tarifas permiten cobrar precios inferiores al costo real de la energía, lo que obligaría a la ANDE a aplicar futuros aumentos tarifarios o bien resignarse a un deterioro mayor de la calidad del servicio por falta de inversiones

Las campañas "Itaipú Causa Nacional" e "Itaipú es también Soberanía" aseguran que las nuevas tarifas permiten cobrar precios inferiores al costo real de la energía, lo que obligaría a la ANDE a aplicar futuros aumentos tarifarios o bien resignarse a un deterioro mayor de la calidad del servicio por falta de inversiones.

De acuerdo con el comunicado conjuto de ambas organizaciones, las tarifas fijadas para industrias "convergentes" y proyectos de "energía a X" -aquellas que transforman fuentes renovables en hidrógeno o metano, las materias primas "X"- oscilan entre los 26 y los 32 dólares por megavatio hora (MWh), niveles que estarían muy por debajo del costo que la ANDE debe aplicar conforme a su carta orgánica.

Esta diferencia generaría pérdidas superiores a los 40 dólares por MWh, profundizando el déficit financiero de la empresa estatal. Además, "Itaipú Causa Nacional" e "Itaipú es también Soberanía" advierten que la ANDE ya enfrenta pérdidas anuales significativas por el consumo de energía de la criptominería y por decisiones vinculadas al manejo de la tarifa de Itaipú, una situación que, sumada a los nuevos beneficios, aceleraría el agotamiento de los excedentes hidroeléctricos del país.

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Según el planteamiento de las organizaciones, el aumento del consumo eléctrico adelantaría en varios años el fin de la disponibilidad de energía barata, lo que podría obligar a Paraguay a importar electricidad a precios mucho más elevados o a recurrir a generación con hidrocarburos, con costos sustancialmente superiores a los actuales, sin hablar del impacto ambiental del giro.

Las organizaciones cuestionan que mientras se habilitan tarifas preferenciales para grandes consumidores, el Gobierno no impulsa el tratamiento del proyecto de ley de ampliación de la tarifa social eléctrica, respaldado por miles de firmas ciudadanas, que apunta a aliviar la situación de las familias y fortalecer financieramente a la ANDE.