Por: Víctor Báez Mosqueira. Fuente: "Me Sumo; Diálogo Social"

La Caja fiscal es la que paga las jubilaciones de los diversos grupos del sector público. Como se sabe por los medios de prensa y por las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, es deficitaria. Hay apuro del gobierno para resolver el tema, por una imposición del Fondo Monetario Internacional.

El FMI hace una revisión anual de las economías de los países a través de una misión llamada Misión Art. IV, cuyas conclusiones deben ser obedecidas por los gobiernos, si es que éstos quieren seguir prestando dinero de dicha institución.

Pues bien, la última misión Art. IV del FMI en Paraguay, cuyos resultados fueron publicados el 6 de noviembre de 2025, dice claramente que “para abordar la sostenibilidad del sistema público de Pensiones (Caja Fiscal) siguen siendo fundamentales reformas paramétricas para contener los riesgos fiscales a mediano y largo plazo y liberar espacio presupuestario.

Habla de reformas paramétricas que son ajustes de parámetros como los años de servicio requeridos para jubilarse, los porcentajes de cotización, la edad del trabajador o trabajadora y la fórmula de cálculo de los beneficios.

Como el FMI no toma en cuenta los beneficios que hacen a la calidad de vida de quienes trabajan, y este gobierno tampoco, quieren hacernos creer que con este tipo de ajustes se soluciona el problema. Pero no. Hay mucho más que hacer al respecto.

En primer lugar, la Caja Fiscal es deficitaria, no porque haya jubilaciones privilegiadas. Privilegios son los que tienen esas élites que se siguen enriqueciendo a expensas del empobrecimiento de la gente común. En realidad, hay que aclarar que la seguridad social (la jubilación es parte de la seguridad social , la cual tiene nueve rubros), es contributiva. Eso quiere decir que para que ella funcione, debe haber contribuciones del trabajador/a, del empleador y del Estado. En este caso, el Estado paraguayo es a la vez el empleador y nunca ha aportado un céntimo a la Caja. Eso quiere decir que el déficit tiene como causa principal la falta de aporte del gobierno a la Caja Fiscal.

Ahora el gobierno promete aportar un 3% a cambio de que los trabajadores aporten 3% más y también aumente la edad jubilatoria.

Pero aquí caben dos preguntas:

¿Quién garantiza que el gobierno realmente vaya a aportar, si también debe aportar al IPS y nunca lo hizo?

¿Por qué el gobierno paraguayo solamente quiere aportar 3% sobre el salario de cada trabajador o trabajadora del sector público, si los gobiernos de los países vecinos aportan entre 16% y 20%?

Los maestros del Paraguay están exigiendo un aporte mínimo del 14%. Si el Estado paraguayo aportara esto, no habría necesidad de ninguna medida paramétrica.

Hay que acotar que este principio de aporte estatal también debe valer para las otras Cajas, como, por ejemplo, la Caja Bancaria y la Caja Municipal.

Por otro lado, la seguridad social está legislada a nivel internacional por la OIT, con su Convenio 102, ratificado por el Paraguay hace algunos años. Este Convenio es considerado como un tratado internacional y, en rango, solamente está por debajo de la Constitución Nacional. Está por encima de los códigos, leyes y reglamentos.

Por su parte, la Recomendación 202 de la OIT es la forma en que se sugiere que se implemente la seguridad social en los países. La representación de las partes es fundamental, para que las decisiones sean tomadas con conocimiento y participación de los trabajadores y trabajadoras del sector público.

Todos estos problemas surgen, en realidad, porque el Estado no tiene plata. Y no la tiene porque hay privilegiados que en este país no pagan impuestos o pagan muy poco. Todo el sistema está financiado en su gran mayoría por los impuestos indirectos (como el IVA). Para asustar a la gente, el Ministro de Economía dijo que, si se quiere el 14% de contribución del Estado a la Caja Fiscal, era preciso alzar el IVA. Otra mentira más. La intención de él es poner a la población en general en contra de los trabajadores del sector público, en especial contra los maestros. Nada dijo sobre los privilegios de los sojeros (que en otros países pagan una retención de cerca del 30% y aquí 2,5%)

¿Por qué tiene que subir el IVA y no los impuestos a los empresarios, por ejemplo? En Paraguay, éstos pagan solamente el 10% de IRE, mientras en los países vecinos pagan entre 25% y 35% de impuesto a la renta.

La postura ministerial nuevamente descubre la veta de los privilegiados que no pagan los impuestos que deben pagar en este país, los poderosos que tienen cautivo al Estado Paraguayo. Para financiar la inclusión social es imperativa e impostergable una reforma fiscal.

No olvidemos que el 70% de la población no tendrá jubilación en este país. Este tema no se discute, porque se quiere seguir utilizando los impuestos para pagar las crecientes deudas y para seguir privilegiando con exenciones impositivas a los empresarios amigos.

El apuro que tiene el gobierno de resolver de esta manera el déficit de la Caja Fiscal, se explica de una sola manera: está extendiendo la mano para otro desembolso del FMI, para otro endeudamiento más del gobierno paraguayo.

Lo que debe hacerse, si se quiere honrar el Art. 1 de la Constitución Nacional que dice que el Paraguay es un Estado Social de Derecho, es llamar a un diálogo nacional con todos los sectores e iniciar un proceso de construcción de un solo sistema nacional de seguridad social, una política de creación de empleos duraderos que aumente el número de aportantes y, por ende, fortalezca el sistema. Demás está decir que no puede haber olvido ni perdón a los hechos de vaciamiento de las instituciones de seguridad social. La tarea no debe ser solo la de mantener vivas las cajas actuales sino cubrir a ese 70% de ciudadanos y ciudadanas que, de continuar así, morirán sin jubilarse.

Por último, la prisa para aprobar las reformas paramétricas que propone el poder ejecutivo pasa por alto las consultas que deben hacerse a organizaciones con mayor experiencia en la materia, como la Organización Internacional del Trabajo o el Banco de Previsión Social del Uruguay que tienen una enorme experiencia en la materia y cuyas sugerencias pueden resultar en el progreso social del Paraguay. Si no lo hacen, se confirmarán las sospechas de que la intención sigue siendo la de colocar parches que no resuelven nada, mientras los buitres financieros alientan la desesperanza de una población que termine permitiendo la privatización de los dos rubros de la seguridad social más codiciados por esas aves de rapiña: las jubilaciones y la medicina.