Por: Dr. Andrés Ginés. Fuente: Correo Semanal. Ultima Hora

En una sesión de la Academia de Medicina del Paraguay, celebrada el año pasado, el sociólogo y filósofo José Duarte Penayo, en su carácter de presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), manifestó en reiterados pasajes de su alocución su adhesión y respeto por la ética kantiana, presentándola como guía racional y normativa de su pensamiento y de su función institucional.

Esa declaración pública no es menor. Supone un compromiso explícito con una ética fundada en la razón, en la dignidad humana y en principios universales no negociables. Precisamente por ello, las recientes afirmaciones del mismo funcionario —en las que se relativizan los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner, banalizándolos mediante comparaciones cuantitativas con otros períodos históricos— resultan no solo preocupantes, sino éticamente insostenibles.

No estamos ante una simple opinión personal, sino ante una contradicción profunda entre lo que se proclama y lo que se defiende.

1. La falacia cuantitativa y la banalización del mal

Comparar dictaduras por el número de muertos constituye una forma clásica de banalización del crimen. Hannah Arendt advirtió que el mal moderno rara vez se presenta como brutalidad explícita; más bien adopta la forma de normalización, relativización y justificación racional: “La mayor parte del mal en el mundo es cometido por personas que nunca deciden ser buenas o malas.” (Eichmann en Jerusalén, 1963).

La dictadura stronista (1954–1989) fue un sistema estructurado de represión, ampliamente documentado por la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay (2008) y por los Archivos del Terror: detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, desapariciones forzadas, asesinatos y exilios masivos. No se trató de excesos aislados ni de desviaciones circunstanciales, sino de una política de Estado.

Desde la ética de los derechos humanos, no existe un umbral aceptable de violencia estatal: una sola víctima basta para invalidar cualquier intento de justificación moral.

2. La ética kantiana traicionada

La contradicción alcanza su punto más grave cuando se la examina a la luz de la ética kantiana invocada por el propio Duarte Penayo. Kant es inequívoco:

“Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio.”

(Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785)

La dictadura convirtió sistemáticamente a los ciudadanos en medios para la conservación del poder: cuerpos disciplinados por el miedo, voces silenciadas, vidas instrumentalizadas. Justificar o relativizar ese régimen no es una interpretación posible del kantismo; es su negación frontal.

Aquí no hay debate filosófico legítimo, sino una incoherencia ética objetiva, agravada por la función pública que se ejerce.

3. El falso argumento del contexto histórico

Alegar que tales prácticas eran “normales para la época” constituye un anacronismo justificatorio. Ya desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la comunidad internacional había establecido normas claras contra la tortura, la persecución política y el asesinato estatal.

Paraguay no solo no desconocía estos principios, sino que se asoció con otros Estados para violarlos deliberadamente, en el marco de redes represivas regionales. Pretender lo contrario no es rigor histórico, sino revisionismo moral.

4. Obras públicas como coartada moral: una justificación inadmisible

A esta relativización se suma un argumento recurrente y particularmente perverso: la supuesta “contraprestación” de la dictadura en forma de obras civiles —usinas, rutas, infraestructura—, presentadas como atenuantes del crimen.

Este razonamiento es éticamente inaceptable por varias razones fundamentales.

En primer lugar, la realización de obras públicas no constituye un mérito extraordinario, sino una obligación básica del Estado, independientemente de su forma de gobierno. Ninguna carretera, represa o edificio público compensa la tortura de un solo ciudadano.

En segundo lugar, el propio balance histórico desmiente el argumento: pese a 35 años de dictadura, Paraguay emergió de ese período como uno de los países con peor infraestructura vial, un sistema de salud precario, educación deficiente y altísimos niveles de desigualdad en comparación con la región. Ni siquiera en términos utilitaristas la coartada se sostiene.

Pero, aun si las obras hubieran sido abundantes y eficientes —que no lo fueron—, no existe equivalencia moral posible entre infraestructura y dignidad humana. Este tipo de justificación reduce a las personas a moneda de cambio, exactamente lo que la ética kantiana prohíbe.

5. La responsabilidad institucional del pensamiento

La Aneaes no es un órgano administrativo neutro. Es la institución encargada de evaluar la calidad del pensamiento universitario, los marcos epistemológicos y la formación ética de la educación superior. Por ello, su conducción exige una coherencia moral mínima.

Cuando desde ese lugar se banaliza el terrorismo de Estado, el mensaje pedagógico es devastador: que la ética puede relativizarse, que la memoria puede negociarse y que el pensamiento crítico es accesorio.

Como advirtió Paul Ricoeur: “La memoria herida es el terreno fértil de la repetición”.

Conclusión. No se puede invocar la ética de la razón y, al mismo tiempo, justificar un régimen que negó sistemáticamente la dignidad humana. No se puede custodiar el pensamiento universitario mientras se banaliza la violencia autoritaria. Y no se puede educar sin memoria.

La crítica aquí expuesta no busca censurar ideas, sino defender el pensamiento frente a su degradación. Porque allí donde se relativiza el crimen, la ética se corrompe; y cuando la ética se corrompe en las instituciones encargadas de custodiarla, la sociedad entera paga el precio.

Existe un paraguayismo que denomina a ciertas personas como “carruajes”: figuras que aparentan solidez y progreso –y este es uno de ellos–, pero que terminan arrastrando al país hacia atrás. En este caso, el daño no es menor, por el lugar estratégico desde el cual se ejerce.

Con su designación se abrigaron falsas esperanzas. Hoy constatamos, para nuestra desgracia, que una vez más:

Caímos de la paila al fuego.