Por: Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/

Ingeniera Claudia Centurión- Ministra del MOPC.

En Luque ya comenzaron los primeros trabajos de la autopista elevada de aproximadamente cuatro kilómetros de extensión, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en medio de fuertes cuestionamientos por la tala de centenares de árboles y la falta inicial de autorizaciones ambientales y municipales.

Durante uno de los reclamos vecinales, un representante del consorcio Rutas del Este reconoció públicamente que al momento del inicio de las tareas no se contaba con los permisos de la Municipalidad de Luque ni del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para la tala de árboles. Posteriormente, la comuna luqueña emitió una resolución que habilitaba los trabajos.

Además del impacto ambiental, el proyecto contempla la liberación de la franja de dominio del ferrocarril, hoy ocupada por numerosas familias. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se anunció que las personas afectadas serán indemnizadas, pero la escasa comunicación oficial por parte de la cartera y de la concesionaria genera preocupación entre los vecinos, que temen perder sus casas sin recibir una compensación.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se anunció que las personas afectadas serán indemnizadas, pero la escasa comunicación oficial por parte de la cartera y de la concesionaria genera preocupación entre los vecinos, que temen perder sus casas sin recibir una compensación

El conflicto en Luque se da en el marco de un problema de mayor alcance vinculado al impacto del viaducto elevado sobre el sistema educativo, ya que un total de 1.347 alumnos se verán afectados por las obras, considerando las instituciones que serán atravesadas directamente por el trazado y aquellas ubicadas en su zona de influencia inmediata, hasta 100 metros.

En total, ocho instituciones educativas de Luque, Ypacaraí y Areguá sufrirán algún tipo de afectación. De ese grupo, cinco escuelas verán sus pabellones de aulas literalmente seccionados por el trazado del megaproyecto, mientras que otras tres se encuentran en áreas donde se prevén intervenciones complementarias.

La autopista elevada y los accesos a la ruta PY02 hasta Ypacaraí fueron adjudicados sin licitación a la Sociedad de Objeto Específico Rutas del Este, integrada por las empresas Sacyr y Ocho A, y representada por el empresario Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Pettengill. La concesión se otorgó mediante una adenda al contrato de Alianza Público-Privada (APP) vigente.

Mientras avanzan los trabajos preliminares en Luque, crecen los cuestionamientos ciudadanos en torno a la legalidad del proceso, el impacto ambiental y social, y las consecuencias que la obra tendrá sobre comunidades educativas y familias asentadas en la zona del proyecto, que tendrá una inversión estimada de USD 180 millones.

El proyecto también contempla la concesión del peaje de la Ecovía Luque-San Bernardino por 30 años. Llamativamente, Rutas del Este administra el puesto del peaje desde el 1 de enero de este año, tiempo en que ni siquiera se hicieron los primeros trabajos para la obra. Tampoco se ven los mantenimientos de las rutas Luque-San Bernardino y Areguá-Ypacaraí, como establece la concesión.