Por: Redacción Central.

Las organizaciones advierten, mediante un comunicado que el sistema eléctrico nacional está al límite. Señalan a las criptomineras, los subsidios a empresas privilegiadas y una “tarifa política” para sectores privilegiados como los responsables de la precariedad del servicio. Afirman que la situación puede empeorar si no se toman medidas urgentes.

Itaipú Causa Nacional e Itaipú es también Soberanía, organizaciones que tienen como uno de sus referentes al ingeniero Ricardo Canese, menciona que el gran apagón registrado el pasado 18 de febrero, así como las constantes interrupciones en el servicio, no forman parte de un evento fortuito, sino la “crónica de una falla anunciada”.

Uno de los aspectos destacados es que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pese a ser propietaria de Itaipú y Yacyretá, no recibe importes de la renta eléctrica.

“La ANDE debe recibir una parte significativa de la renta eléctrica (no migajas), que es de USD 1.250 millones al año, o mejor el 100% (que vuelva al sector eléctrico lo que es del sector eléctrico)”.

Por otro lado, señalan que la empresa estatal ya no debería estar obligada a abonar USD 19,28 kW-mes, por la energía de Itaipú, cuando que el costo es de tan solo USD 8,87 kW. Agregan que esto representaría unos USD 400 millones/año. Al mismo tiempo, señalan que al Brasil se le debe exportar a precio de mercado, lo que dará más ingresos, como ya estableció el acuerdo Lugo-Lula (2009).

CONTRATOS. El comunicado también hace referencia hacia que se deben terminar todos los contratos con criptomineras y similares, las cuales elevan las exigencias al sistema. “Según datos oficiales (ANDE, IPS, INE), estas actividades electrointensivas crean 500 veces menos empleo que el común de las empresas. El resultado se puede observar en su balance 2024 (el último): sus pérdidas crecieron de -0,14% en 2023 a -3,82% de la inversión en 2024, en gran medida por la masiva venta de electricidad subsidiada a criptomineras y similares”, señalan.

Al mismo tiempo, las organizaciones afirman que la ANDE opera al límite de su capacidad, con el número exacto de líneas que pueden abastecer el consumo. “La norma exige que opere con al menos un elemento más del necesario, por seguridad; como no lo hace, cualquier inconveniente deja al país a oscuras”.