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Luis Ramírez, Ministro del MEC- José Duarte, Titunar de Aneaes.

El Ministerio de Educación y Ciencias tiene avanzado un borrador de proyecto de ley que, en los hechos, busca desactivar el poder de José Duarte al frente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en una maniobra que concentraría todas las atribuciones de control universitario en manos del ministro Luis Ramírez.

Según el enfoque que se estaría trabajando en la dependencia estatal, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creado por la Ley 5749 como órgano misional del MEC con autonomía funcional pero dependencia jerárquica del ministro, asumiría un rol rector ampliado en materia de evaluación, lo que en la práctica vaciaría de competencias a la ANEAES. 

La fundamentación se apoyaría en la Carta Orgánica del MEC y en un supuesto orden de prelación normativa, además de argumentos presupuestarios vinculados a la racionalización del gasto. En el entorno de Duarte leen la medida como cortina de humo para eliminar todo sistema de contrapesos en la educación superior. 

En la práctica, el debate impacta directamente sobre la ANEAES, que hoy opera con autonomía técnica y funcional en el ámbito del aseguramiento de la calidad universitaria, y que fue concebida precisamente como agencia especializada para dotar de independencia técnica al proceso de acreditación, con gobierno colegiado y mecanismos de evaluación por pares académicos que la blindan de las presiones políticas de turno. 

La agencia ya tiene conocimiento del contenido del borrador y, según fuentes del sector, se encuentra en máxima alerta institucional, con la preocupación central puesta en una eventual absorción o subordinación funcional que pueda afectar su autonomía técnica y el modelo de acreditación vigente. 

Según el enfoque que se estaría trabajando en la dependencia estatal, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creado por la Ley 5749 como órgano misional del MEC con autonomía funcional pero dependencia jerárquica del ministro, asumiría un rol rector ampliado en materia de evaluación, lo que en la práctica vaciaría de competencias a la ANEAES. 

La evaluación del sistema educativo en general y la acreditación de carreras e instituciones de educación superior no son procesos idénticos, aunque sí complementarios, y su unificación bajo una misma conducción ministerial directa eliminaría la necesaria separación entre quien ejecuta las políticas educativas y quien certifica la calidad de esas mismas instituciones. 

El INEE tiene atribuciones amplias para medir resultados, desempeño y calidad en distintos niveles, mientras que la ANEAES ejerce una función específica de acreditación bajo estándares nacionales e internacionales, y fue justamente esa especialización la que permitió que las carreras paraguayas obtengan reconocimiento en el Mercosur educativo, algo que difícilmente se sostenga con un órgano dependiente del ministerio. 

El argumento del solapamiento presupuestario puede instalarse con facilidad en la discusión pública, especialmente en un contexto de restricción fiscal, pero en los pasillos del Congreso ya advierten que cualquier modificación estructural requiere una reforma legal explícita, ya que la ANEAES está creada por ley especial y su desmantelamiento no puede hacerse por decreto ni por interpretación forzada de la Carta Orgánica. 

No es la primera vez que se plantea una redefinición de la arquitectura institucional, y en administraciones anteriores también existieron intentos de incorporar la agencia al organigrama ministerial, lo que generó resistencia en el sistema universitario. 

Luis Ramírez busca neutralizar a José Duarte que nunca terminó de alinearse con los designios del ministro. Más allá de nombres propios o coyunturas políticas, lo que está en juego es el modelo paraguayo de aseguramiento de la calidad. 

El debate recién comienza y tendrá implicancias jurídicas, presupuestarias e institucionales, pero el núcleo del conflicto es político es que se trata de saber si el sistema universitario paraguayo mantendrá un órgano de acreditación independiente o si, por el contrario, pasará a ser evaluado por el mismo ministerio que define las políticas, en una suerte de juez y parte que dejaría a las universidades sin ninguna garantía de imparcialidad.