Un informe del Comité para la Protección de los Periodistas —Committee to Protect Journalists (CPJ)—, organización internacional con sede en Nueva York, revela que 2025 fue el año más letal para la prensa en más de tres décadas. Dos tercios de las muertes ocurrieron en Gaza. Las cifras no son abstractas: son colegas que murieron sosteniendo la verdad en medio de la guerra.

En 2025 no solo murieron 129 periodistas y trabajadores de medios en el mundo. Murieron 129 personas que habían elegido permanecer donde otros huían. Murieron hombres y mujeres que no portaban armas, sino cámaras, micrófonos, cuadernos y teléfonos. Murieron porque su trabajo era mirar de frente aquello que el poder prefería mantener fuera de cuadro.

El informe especial publicado por el Comité pour la protection des journalistes —Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ)— confirma que fue el año más mortífero para la prensa desde que la organización comenzó a documentar estos casos hace más de treinta años. La cifra no es una oscilación estadística: es un umbral que marca un punto de inflexión en la relación entre guerra y periodismo.

De esos 129 asesinatos, 86 ocurrieron en el contexto de la ofensiva israelí en Gaza. Dos de cada tres muertes globales de periodistas concentradas en un solo territorio. Nunca antes un conflicto había acumulado tal proporción de letalidad contra la prensa. El informe detalla que la mayoría de las víctimas eran periodistas palestinos que trabajaban dentro de la Franja, en un entorno donde el acceso de medios internacionales estuvo severamente restringido. Quienes contaban la guerra eran también quienes la padecían.

El CPJ documenta que más de tres cuartas partes de los periodistas asesinados en 2025 murieron en zonas de conflicto armado. Registra además un aumento significativo en los casos clasificados como asesinatos intencionales y advierte que, en la mayoría de ellos, no se han producido investigaciones transparentes ni rendición de cuentas efectiva. La impunidad no aparece como un accidente del sistema, sino como una condición que permite la repetición.

En Gaza, el trabajo periodístico se convirtió en una forma extrema de resistencia civil. Hossam Shabat, joven reportero palestino, murió el 24 de marzo de 2025 cuando un ataque aéreo impactó el vehículo en el que se desplazaba para cubrir acontecimientos en el norte de la Franja. El informe del CPJ lo incluye entre los periodistas alcanzados mientras realizaban labores informativas en terreno. Shabat había recibido amenazas previas. Sabía que su nombre circulaba. Aun así, permaneció. Permanecer, en ese contexto, no era un gesto retórico: era una decisión consciente de asumir el riesgo para que el mundo pudiera ver lo que sucedía entre escombros.

El informe agrega un dato que refuerza la gravedad del cuadro: tres muertes —incluido un asesinato— ocurrieron después del alto el fuego de octubre de 2025. La protección que un cese de hostilidades debería reforzar no se tradujo en una reducción inmediata del riesgo para la prensa.

La descripción de Gaza en el documento funciona como diagnóstico forense de imposibilidad investigativa: si no hay libre acceso, si la comunicación está rota, si la población y la prensa están desplazadas, si la evidencia se destruye, la trazabilidad de cada muerte se vuelve casi irrecuperable. El informe enmarca esta situación como un escenario que favorece la ausencia de responsabilidad judicial.

Fuera de Gaza, el informe consigna asesinatos en Sudán, Ucrania, México, Haití, Filipinas y otros países. En algunos casos, los periodistas murieron por fuego cruzado; en otros, fueron ejecutados por investigar corrupción, crimen organizado o abusos de poder. El patrón común es la fragilidad de la protección real. El derecho internacional humanitario reconoce a los periodistas como civiles; la práctica demuestra que esa categoría jurídica no siempre detiene el disparo.

La aritmética moral del informe es nítida: si el periodismo es un termómetro de libertades, este récord no es solo una estadística, sino un indicador de degradación del derecho a informar y, por extensión, del derecho social a saber. “Estamos todos en riesgo cuando los periodistas son asesinados por informar las noticias”, declara la CEO de CPJ, Jodie Ginsberg, citada en el documento.

En ese marco, el organismo insiste en la norma de derecho internacional humanitario: los periodistas son civiles y nunca deberían ser deliberadamente atacados. El asesinato intencional de un periodista por un ejército constituye un crimen de guerra. Por ello, el informe llama explícitamente a que los asesinatos selectivos contra la prensa sean investigados de manera independiente e imparcial como crímenes de guerra, y señala la persistente falta de voluntad de Israel para investigar y procesar crímenes cometidos por su ejército. El texto detalla además la cadena de responsabilidad, desde individuos en unidades de la IDF hasta los niveles más altos de mando.

El documento plantea también la necesidad de una reforma radical en la forma en que los gobiernos investigan asesinatos de periodistas para llevar a los perpetradores ante la justicia. Entre las medidas mencionadas figuran la creación de una fuerza investigativa internacional y la imposición de sanciones selectivas contra responsables.

Hay algo profundamente perturbador en la normalización de estas cifras. Ciento veintinueve muertos en un año podrían convertirse en una línea más en un informe anual si no se mira con atención. Pero detrás de cada número hay una red afectiva, una redacción, una comunidad que perdió a quien preguntaba, grababa, escribía. El CPJ no solo contabiliza muertes; dibuja un mapa del riesgo creciente para quienes informan.

El trasfondo que el informe sugiere es sistémico: la democracia liberal se asienta sobre el acceso a información; cuando informar se vuelve delito y documentar una guerra convierte al periodista en objetivo, el ciudadano pierde el suelo común para deliberar, juzgar y resistir.

La pregunta que deja el informe no es solo cuántos periodistas murieron en 2025, sino qué revela eso sobre nuestro tiempo. Cuando informar se convierte en una actividad letal a esta escala, el problema excede al gremio. Sin periodistas no hay testimonio independiente. Sin testimonio independiente, la violencia queda sin registro, y lo que no se registra puede ser negado.

Estos 129 nombres no son una estadística anual. Son una lista de colegas que murieron ejerciendo el derecho —y el deber— de contar. Honrar su memoria implica algo más que citarlos en un informe: implica defender la idea de que la verdad no debería pagarse con la vida.​​​​​​​