Por: Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/
Félix Sosa busca poner a funcionar miles de mineros de Bitcoin confiscados. La mentoría de EEUU y las advertencias sobre el déficit energético.

Félix Sosa, presidente de la ANDE.
En medio de un verano con alta demanda energética y repetidas críticas por los cortes de suministro, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) busca emprender un proyecto para reubicar y poner a funcionar miles de mineros de Bitcoin confiscados. Mientras los paraguayos de a pie soportan temperaturas extremas y posibles apagones, la estatal avanza en un plan para convertir un almacén lleno de equipos incautados en su primera operación oficial de minería de criptomonedas.
La iniciativa, formalizada a través de un memorando de entendimiento con la empresa tecnológica Morphware, pretende aprovechar un stock de equipos de minería que, según describe la ANDE, están "apilados hasta el techo" en depósitos oficiales. Estos dispositivos fueron incautados a operadores ilegales que sustraían energía o falseaban su actividad comercial para pagar menos.
Orué pide apostar por las criptomonedas, pero la ANDE dice que los contratos vencen en 2027
El proyecto piloto planea reinstalar 1.500 de estos equipos en sitios controlados por la ANDE, justo cuando el sistema eléctrico nacional suele mostrar su mayor vulnerabilidad por el consumo estacional.
Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio.
La decisión de la ANDE choca con una realidad incómoda: cortes de luz y constantes pedidos de uso eficiente de la energía durante el periodo estival. El Gobierno justifica la medida como una forma de generar una nueva fuente de ingresos estables, al monetizar el excedente energético que no se consume localmente.
Este movimiento de la ANDE se da en paralelo a una intensa agenda de cooperación internacional en materia de criptoactivos. Esta semana se llevó a cabo un seminario especializado sobre criptomonedas dirigido a representantes de la Senad, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Seprelad, Migraciones, Dinac y Dinapi.
La mentoría estadounidense busca justamente contrarrestar el lado oscuro de esta industria, dotando a las autoridades paraguayas de herramientas para investigar delitos como el que originó los equipos que ahora la ANDE quiere poner a producir
La iniciativa, liderada por los Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, abordó la cuestión de las criptomonedas, así como tendencias y tipologías de delitos financieros que pueden involucrar activos virtuales, además de buenas prácticas para apoyar procesos de investigación.
La mentoría estadounidense busca justamente contrarrestar el lado oscuro de esta industria, dotando a las autoridades paraguayas de herramientas para investigar delitos como el que originó los equipos que ahora la ANDE quiere poner a producir.
El presidente Santiago Peña junto al jefe de gabinete, Javier Giménez.
La exviceministra de Minas y Energías, Mercedes Canese, calificó la iniciativa de la ANDE como una "verdadera barbaridad" en términos de aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. Segun Canese, este tipo de inversiones son intensivas en el uso de electricidad y, como consecuencia lógica, no generan empleo, ya que se empaqueta la energía en servicios digitales que se exportan sin agregar valor local.
De acuerdo a un pedido de informe al que tuvo acceso, la criptominería genera apenas 1,78 empleos formales por cada megavatio que consume, mientras que la industria tradicional supera los 700 empleos por la misma unidad de potencia. Esta comparación evidencia, a juicio de Canese, que la minería de criptomonedas destruye el potencial de desarrollo al consumir un recurso estratégico sin retorno social, en un contexto donde los límites de generación de las hidroeléctricas ya están fijados.
La advertencia de la exviceministra adquiere mayor relevancia al considerar la proyección energética: por causa del crecimiento de actividades como la criptominería, el plazo en que el país alcanzará su límite de uso de energía se acortaría drásticamente, pasando de 2040 a 2030, mientras el Gobierno aún evalúa fuentes alternativas.