Por: Carlos Noriega

En una sentencia considerada histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano por las esterilizaciones forzadas practicadas en los años 90 durante la dictadura de Alberto Fujimori. Fueron alrededor de 300 mil mujeres esterilizadas sin su consentimiento –la cifra exacta no se conoce–, la gran mayoría campesinas e indígenas, el sector más empobrecido y excluido del país.

Estas esterilizaciones, realizadas bajo presión, con amenazas, engaños, como condición para recibir atención de salud o ayuda con alimentos, sin darles información, fueron parte de una política pública, de contenido racista, para reducir los nacimientos entre la población pobre. Son 18 las mujeres que murieron como consecuencia de estas intervenciones quirúrgicas, realizadas en establecimientos que no tenían las condiciones necesarias. Estas graves violaciones a los derechos humanos permanecen en la impunidad en la justicia peruana. No hay otro caso en América Latina con esta cantidad masiva de víctimas por esterilizaciones no consentidas.

Esta sentencia de la Corte IDH –la primera en este tema– se refiere al caso de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada y fallecida como consecuencia de esa intervención en 1997. Ella vivía con su esposo, sus tres hijas, la mayor de diez años, y su madre, en un pequeño poblado rural de la región Piura, al norte del Perú, en medio de la pobreza de la zona. Fue llevada bajo presión del personal de salud a la posta médica, donde fue esterilizada sin que haya dado, como lo determinó la Corte IDH, un consentimiento informado para ello. Durante la operación para esterilizarla, Celia sufrió un paro cardiorrespiratorio; el lugar no tenía las condiciones para atender esa emergencia, y cayó en coma. Murió 19 días después.

En su fallo, la Corte IDH va más allá del caso específico de Celia Ramos y establece que su muerte ocurrió en el marco de una política de Estado de esterilizaciones forzadas implementada en el régimen fujimorista, dirigida a miles de mujeres en situación de pobreza, rurales e indígenas. La Corte establece en su sentencia que esta política de “esterilizaciones masivas” se implementó “mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos (del gobierno) para captar mujeres (para esterilizarlas), quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva”. El fallo de este tribunal indica que se ha constatado “que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado”.

“Este es un fallo histórico porque por primera vez la Corte Interamericana habla de esterilizaciones forzadas y reconoce que lo que sucedió en Perú con Celia Ramos y con miles de mujeres es el resultado de una política de Estado masiva de esterilizaciones forzadas, que han sido calificadas por la Corte como graves violaciones a los derechos humanos, y por primera vez en la historia de la jurisprudencia de la Corte se habla de la existencia de una violencia reproductiva, que es la violencia que se comete contra la capacidad y la salud reproductiva de las mujeres. Esto es muy importante para toda la región”, señala Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, que junto con las organizaciones Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), han llevado el caso de Celia Ramos ante la Corte IDH.

Juzgar a los responsables

El tribunal internacional le ha ordenado al Estado peruano que se juzgue a los responsables de las esterilizaciones forzadas, tanto al personal de salud que participó en esas esterilizaciones, como a los funcionarios públicos que las planificaron y ordenaron, entre quienes se encuentran tres ministros de Salud del régimen de Fujimori. El fallecido dictador también estaba acusado por estos hechos, pero murió antes de responder ante los tribunales por este caso. Uno de los ministros de Fujimori acusados por las esterilizaciones forzadas es Alejandro Aguinaga, que era médico personal del dictador y actualmente es congresista por Fuerza Popular, el partido que encabeza Keiko Fujimori, y postula al Senado en las elecciones de este 12 de abril.

En 2002, luego de la caída del régimen fujimorista en el año 2000, se abrió una investigación fiscal por las esterilizaciones forzadas, que incluye el caso de Celia Ramos, pero más de 20 años después no hay un juicio a los responsables. La investigación fiscal tuvo una serie de trabas, se archivó y reabrió, y recién en 2018 la fiscalía presentó una acusación. A fines de 2021 se abrió un juicio oral, pero se anuló cuando estaba en proceso y el caso regresó a la fiscalía, donde se encuentra ahora. Hay 50 acusados en este proceso, entre personal de salud y funcionarios. Este juicio incluye como víctimas a 3307 mujeres, una parte mínima de las afectadas.

Maria Ysabel Cedano, abogada de Demus, precisa que con esta sentencia de la Corte IDH el proceso judicial en el país “debe cumplir con los estándares de derechos humanos que establece la Corte Interamericana”. Indica que esta sentencia establece que “el Estado peruano debe reparar a la familia de Celia y adoptar una política de reparaciones integrales a todas las víctimas de las esterilizaciones forzadas; también debe tomar medidas para que estos hechos no se repitan”. Cedano califica este fallo judicial internacional como “un logro importante para la verdad de lo que pasó; esa verdad es nuestra bandera frente al negacionismo y la mentira del fujimorismo”.

Frente a la posibilidad de que, para eludir a la justicia, los acusados por las esterilizaciones forzadas apelen a las leyes de amnistía para violadores de derechos humanos y de prescripción de los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos aprobadas por el Congreso de derecha y promulgadas por la expresidenta Dina Boluarte, la abogada Gisela de León, de Cejil, aclara: “La Corte Interamericana le dice al Estado peruano que no existe la posibilidad de que se apliquen amnistías o la prescripción, hace referencia específica a esas leyes aprobadas en 2024 y 2025 y dice expresamente que esa legislación no es aplicable porque se trata de una grave violación a los derechos humanos”.

“Casi 30 años de lucha”

Marisela Monzón Ramos era una niña cuando su madre, Celia Ramos, murió. Su tío, el hermano de Celia, comenzó la lucha para buscar justicia. Una lucha en desventaja contra el poder. Luego Marisela y sus hermanas tomaron la posta en esa lucha.

“Esta sentencia de una corte internacional es una gran noticia. Son casi 30 años de lucha buscando justicia y verdad. Lo que hemos pasado es muy duro. En nuestro país no pudimos conseguir justicia ni que se dijera la verdad; ahora lo conseguimos con esta decisión de una corte internacional. Esperamos que ahora nuestro país responda como se debe”, dice Marisela, conmovida.

Su hermana Marcia señala que su larga lucha para alcanzar justicia en los tribunales peruanos sigue: “Esta es una lucha constante, del día a día”.