Por: Noticias ONU

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas / Anastasiia Lavrenteva. Los dos nuevos miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela , María Eloísa Quintero (centro) y Alex Nieve (izquierda), presentan al Consejo de Derechos Humanos su última actualización.

Los expertos denuncian nuevas detenciones políticas y falta de rendición de cuentas, y piden desmantelar el aparato represivo para avanzar hacia una reforma real en derechos humanos.

La maquinaria represiva del Estado venezolano sigue operativa pese a la abrupta aprehensión del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, afirmó este jueves la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela al presentar una actualización de sus investigaciones ante el Consejo de Derechos Humanos.

“La extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta”, afirmó la experta María Eloísa Quintero. “No puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado”.

Desde enero, los investigadores han recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el Gobierno actual.

La Misión señaló que, aunque desde septiembre de 2025 se han registrado algunos acontecimientos de gran trascendencia y ciertas medidas positivas, las estructuras estatales que sostuvieron durante años la persecución política no han sido desmontadas, ni se han anunciado políticas públicas destinadas a hacerlo.

Según los investigadores, altos funcionarios previamente señalados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan en posiciones de poder dentro del aparato estatal.

“Altos funcionarios del Gobierno y de las fuerzas militares previamente identificados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder en el poder ejecutivo y en las fuerzas de seguridad”, dijo el experto Alex Neve. “No hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia”.

La operación de Estados Unidos violó el derecho internacional

La Misión reiteró además que la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero violó el derecho internacional, incluso si existen motivos razonables para creer que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad. “Todas las personas responsables de estos crímenes deben rendir cuentas mediante procesos judiciales con las garantías del debido proceso”, señaló.

Entre septiembre y diciembre de 2025, hubo un periodo de “intensa represión” durante el cual la Misión documentó 135 detenciones arbitrarias y un patrón continuado de tortura y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y “casas seguras”.

Falta de transparencia en la liberación de presos políticos

© UNICEF/Gustavo Vera

Los expertos también expresaron preocupación por la falta de transparencia en las recientes liberaciones de personas detenidas por motivos políticos.

“Acogemos con satisfacción la reciente excarcelación de personas detenidas por motivos políticos, pero nos preocupa la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo este proceso”, afirmó Quintero. “Corresponde a las autoridades proporcionar información detallada sobre el número y la identidad de las personas detenidas y de aquellas que han sido liberadas”.

La experta pidió además “la liberación inmediata de todas las personas que permanecen detenidas por motivos políticos, incluidas decenas de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad”.

Parte de las liberaciones recientes han sido facilitadas por la ley de amnistía aprobada el 20 de febrero. Sin embargo, la Misión advirtió que la norma fue adoptada sin un proceso de consulta pública inclusivo y que carece de mecanismos esenciales para garantizar la verdad, la rendición de cuentas y la reparación.

También existen “serias preocupaciones” de que, debido a limitaciones en su alcance y aplicación, la ley no beneficie a un gran número de personas que han sido o continúan detenidas por motivos políticos, señaló el informe.

Los investigadores expresaron asimismo inquietud por la movilización continuada de colectivos armados y por el hostigamiento contra figuras de la oposición y periodistas.

Para la Misión, la comunidad internacional debe mantener la atención sobre Venezuela para asegurar que la actual incertidumbre política conduzca a una reforma institucional real y al fin de la cultura del miedo.

Neve subrayó que la Misión es “un órgano independiente, técnico y apolítico” y señaló que una señal clave sería que las autoridades venezolanas cooperen plenamente con los investigadores y permitan el acceso sin restricciones al país.

La Misión fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014. Su mandato fue prorrogado hasta septiembre de 2026.