Por: Redacción Central.

En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley para la reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público o Caja Fiscal. Los legisladores decidieron acompañar, por mayoría, la versión flexibilizada que fue aprobada en la Cámara de Senadores, con la cual se logrará reducir apenas el 21% del déficit previsional público en los primeros cinco años.

En ese sentido, según las proyecciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con base en el informe actuarial y datos al 2024, si se mantiene el escenario base o sigue vigente la actual ley, se tendría un déficit de hasta USD 796 millones.

Con su propuesta inicial, el Poder Ejecutivo pretendía reducir las pérdidas en un 62%, o unos USD 490 millones, reduciendo el déficit a USD 306 millones. Este mismo monto también se hubiera logrado con la versión de la Cámara de Diputados, pero este plan fue bastante resistido por los diversos gremios.

Seguidamente, con la propuesta con modificaciones del Senado y que ahora fue sancionada, la estimación es que se logre un ahorro de apenas USD 165 millones, llegando a un déficit de USD 631 millones en los primeros cinco años de la reforma.

El MEF también realizó una proyección de la versión del Senado, pero excluyendo el beneficio de transición, con lo que se hubiera tenido un ahorro de USD 465 millones, pero esto tampoco prosperó.

Mediante dicho beneficio de transición, los magistrados judiciales y docentes podrán optar ahora por acogerse a la jubilación con la ley aún vigente, siempre que hayan cumplido 20 años de aporte, mientras que policías y militares podrán hacerlo con solo 10 años de servicio.

Durante la sesión de ayer, varios legisladores cuestionaron nuevamente que se trate de una medida “parche” para contener a corto plazo el déficit, en medio de una menor recaudación tributaria. Ante esto, apuntaron a que se debe iniciar un diálogo hacia una reforma más integral.

“Recaudamos poco, gastamos más y se roba muchísimo. Si bien la versión del Senado pone foco en el aporte estatal, no se establece la gobernanza de la caja, no puede hacer que esta caja sea sostenible”, expresó en ese sentido Raúl Benítez.

El plan contempla cambios en las edades de jubilación y en las tasas de sustitución; un nuevo aporte estatal de 10% por funcionario; el aumento de 3% del aporte de sectores deficitarios, y entre 25 y 30 años de aporte para todos.

Los diputados aprobaron esta última versión con 49 votos a favor, 27 abstenciones y dos en contra. Ahora, el documento queda en manos del presidente Santiago Peña para su promulgación o veto.