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Óscar Orué. Director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió una resolución con nuevas exigencias para la presentación de los estados financieros, lo que obliga a las empresas a detallar en sus notas información específica sobre las utilidades del ejercicio, utilidades acumuladas y distintos tipos de reservas, como la legal, facultativa y estatutaria. La medida apunta a fortalecer el control tributario y mejorar la trazabilidad de los resultados empresariales, pero el sector privado no piensa lo mismo.
El documento se enmarca en un proceso más amplio impulsado por la administración tributaria para regular el tratamiento de las utilidades no distribuidas, en medio de cuestionamientos sobre el uso de reservas por parte de algunas firmas. Desde el Gobierno de Santiago Peña sostienen que hay casos en los que las utilidades son retenidas en distintas figuras contables, algo que dificulta su fiscalización.
Ahora la DNIT busca que las empresas detallen con mayor precisión el destino de sus resultados, ya que las utilidades pueden ser distribuidas, capitalizadas o asignadas a reservas específicas, cada una con implicancias fiscales distintas dentro del sistema tributario.
La medida generó reacciones. Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) advirtieron que este tipo de disposiciones podría impactar en la operatividad de las empresas, especialmente en lo relacionado con la administración de liquidez y capital de trabajo. Según el gremio, en la dinámica comercial muchas veces el capital queda comprometido en inventarios o reservas, un factor que limita la disponibilidad inmediata de recursos.
"A veces no aplica tanto o lastima un poco esa reglamentación porque las empresas están un tiempo con mucho inventario que nos está rotando, especialmente las importadoras de productos que no son de consumo masivo. Entonces eso hace que sea un problema para hacer las distribuciones o para hacer los pagos", dijo Gustavo Lezcano, presidente de Capasu.
La acumulación de reservas o utilidades retenidas forma parte de la gestión financiera de las compañías, recordaron en Capasu, ya que permite sostener operaciones, afrontar inversiones o responder a ciclos de negocio. Bajo esta lógica, una mayor exigencia de información o eventuales regulaciones podría generar tensiones en el flujo de caja y en el cumplimiento de otras obligaciones financieras.
El debate se da mientras la DNIT analiza mecanismos para mejorar la transparencia y el control sobre las utilidades empresariales, mientras que los privados plantean mantener las condiciones que permitan la sostenibilidad operativa. La discusión continúa abierta en torno al equilibrio entre fiscalización tributaria y funcionamiento del sistema empresarial.
La Dirección de Ingresos Tributarios estima que estima que las empresas mantienen alrededor de G. 400.000 millones (unos US$ 61 millones) en reservas facultativas, lo que podría generar entre US$ 80 millones y US$ 100 millones en recaudación si esos recursos se distribuyen como dividendos.