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César Ruíz Días-(Cetrapam)- Rolando Zuccolillo- (Fetram)

El paro realizado el fin de semana por un sector de los empresarios del transporte generó un nuevo conflicto entre los gremios. Rolando Zuccolillo, vinculado a la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), lanzó duras críticas contra el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), al que responsabilizó por la paralización del servicio.

Zuccolillo cuestionó que este tipo de medidas se haya vuelto recurrente y apuntó contra las compañías asociadas al gremio que preside César Ruiz Díaz, a las que describió como ineficientes y sin capacidad operativa. Incluso planteó que el Gobierno debería intervenir y avanzar en la salida de aquellas empresas no cumplen con la prestación del servicio.

La respuesta no tardó en llegar. Ruiz Díaz rechazó las declaraciones de Zuccolillo y sostuvo que las críticas provienen de una posición privilegiada dentro del negocio del transporte, marcada por diferencias en la capacidad financiera de las empresas.

"El 80% no puede pagar combustible, salarios ni mantenimiento de vehículos, y recurren siempre al paro, perjudicando a operadores, al Estado y a los usuarios ¿De qué te sirve un proveedor que no te hace un trabajo? Te miente y después otra vez quiere cobrar. Quiere cobrar por no trabajar", había disparado Zuccolillo horas después de que se destrabara el conflicto.

Ruiz Díaz explicó una vez más que la medida de fuerza fue resultado de la falta de condiciones para operar, particularmente por el costo del combustible, y recordó que el paro se había levantado tras la intervención de Petropar, que garantizó el abastecimiento por un periodo determinado.

Además, el vocero de Cetrapam sugirió que no todas las empresas enfrentaban la misma realidad económica, lo que explicaría por qué algunos sectores pudieron continuar operando mientras otros se vieron obligados a suspender el servicio. Sin embargo, este tipo de medidas es habitual entre los empresarios agremiados a Cetrapam para presionar por el cobro del subsidio que les otorga el Estado.

En medio de este cruce, también se abrió la posibilidad de sanciones por parte del Gobierno contra las empresas que participaron del paro. Desde Cetrapam anunciaron que asumirán las consecuencias administrativas, aunque insistieron en que las causas de la medida deberían ser consideradas en cualquier evaluación oficial.

Cetrapam está integrado por un grupo de empresarios que concentra gran parte de la operación del transporte público en Asunción y el área metropolitana, a través de distintas empresas permisionarias del sistema.

Entre los principales referentes aparece Juan Carlos Aveiro, vinculado a la firma Transporte y Turismo Lambaré (líneas 23, 24 y 33) y considerado uno de los actores históricos del sector, con fuerte influencia dentro del gremio. Otro grupo con peso dentro de la estructura es el clan Jure Vallejos, encabezado por Elías Jure Vallejos, ligado a Automotores Guaraní. 

También forma parte del gremio el grupo empresarial encabezado por Rolendia Peña, propietario de La Sanlorenzana, que opera las líneas 56, 45 y 50 y mantiene participación en el negocio del transporte junto a su núcleo familiar. A estos nombres se suman otros empresarios y dirigentes como Alejandro Castorino y Javier Marecos.

El concejal capiateño Roberto Jiménez Ayala, junto a sus hermanos Édgar Ignacio, Víctor Hugo y Myrian Graciela, aparecen como propietarios de las empresas Capiatá SRL (Líneas 58 y 53), Transporte Mariscal López (Línea 38) y TTA SA (Líneas 21 y 96).

En rigor, Ruiz Díaz ostenta rol de vocero, pero la estructura empresarial está sostenida por los propietarios de las distintas compañías que integran Cetrapam, cuyo gremio y otros del sector recibirán un total de USD 45 millones en concepto de subsidio durante este año.

Además, en los últimos cinco años el pago del subsidio a los empresarios del transporte creció alrededor de 568%. Solo en 2024, Santiago Peña desembolsó alrededor de USD 44 millones a los transportistas y en 2025 se llevaron alrededor de USD 52 millones, de acuerdo a los datos del Viceministerio de Transporte, en manos de Emiliano Fernández.