Por: Redacción Central.

El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) emitió un comunicado en donde manifestó su profunda preocupación ante circunstancias que constituyen una amenaza grave al principio de igualdad ante la ley, por lo cual solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la cancelación de la matrícula profesional del senador colorado Hernán Rivas, por contar con un título de abogado presuntamente falso.

“Este Colegio insta al pleno de la Corte Suprema de Justicia a que, en ejercicio de las facultades que le confiere la legislación actual del ejercicio de la profesión de abogado en la República, proceda de manera inmediata a la cancelación de la matrícula profesional del señor Hernán David Rivas Román”, señala parte de la nota.

En otro punto mencionó que Hernán David Rivas Román es senador de la Nación y ostenta, además, el antecedente de haber ejercido funciones como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano constitucional al que la República confía la más alta responsabilidad en materia de juzgamiento de los magistrados.

“La participación de representantes del Congreso Nacional en dicho órgano supone, en razón de la alta responsabilidad que le es consustancial, la exigencia de una irreprochabilidad pública que trasciende con amplitud los requisitos formales del cargo”.

Agregan que el CAP no se pronuncia sobre la responsabilidad penal del imputado, que corresponde determinarla en juicio oral con plenitud de las garantías. “Lo que sí señala con toda la firmeza que le impone su misión institucional es que la resolución dictada el 30 de marzo de 2026 por un Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, mediante la cual se decretó el sobreseimiento definitivo del senador que presenta inconsistencias argumentativas de tal entidad que no permiten tenerla como expresión de un razonamiento judicial sereno”, agregó.

La preocupación institucional se agrava ante denuncias de presiones o amenazas a agentes fiscales que intervienen en la causa, con el propósito de impedir o desalentar la revisión de la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.

“El CAP repudia enérgicamente cualquier forma de intimidación contra operadores del sistema de justicia y reafirma que la independencia del Ministerio Público y la integridad de sus miembros son presupuestos indispensables del Estado de Derecho. El CAP confía en que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, con la serenidad y el rigor analítico que le son propios habrá de examinar la resolución cuestionada y advertir las falencias que la comprometen”.

Finalmente agregaron que “la sociedad paraguaya tiene derecho a que sus instituciones no claudiquen ante el poder político ni ante la amenaza, tiene derecho, en suma, a que la ley sea una y la misma para todos, sin distinción del cargo que se ostente ni de la investidura que se invoque”.

La Cámara de Apelaciones decidió sobreseer al legislador cartista debido a que prescribió el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso, es decir, la falsificación, por lo que no puede existir un tipo penal.