Por: Hernán Lascano. Fuente: https://lapoliticaonline.com

En temas de disputas al crimen organizado el gobierno de Paraguay atraviesa un momento favorable, donde las justificadas referencias sobre la penetración institucional de grupos complejos o las complicidades históricas encuentran, según la interpretación oficial, sanción o freno. Se lo advierte en hechos de alto impacto.

Más allá de que haya sido en Bolivia, la captura de Sebastián Marset, narcotraficante que dominó la escena pública del país y que era el objetivo declarado del gobierno, supone un triunfo. También la condena al senador Erico Galeano por lavado de dinero vinculado al mismo Marset. O asuntos como la marcada baja de despachos de cocaína procedentes de embarques paraguayos en puertos europeos.

Este panorama de sosiego relativo se mantiene sobre un escenario criminal en un país donde el Poder Judicial ofrece innumerables ejemplos de los afianzados pactos de protección entre el sistema político y estructuras criminales. Como pasó en México con el PRI hasta el año 2000 en Paraguay la política está dominada por una base de partido hegemónico que controla el aparato estatal y mercados ilegales.

Uno de los sucesos más delatores de esa simbiosis fue la impresionante muerte del diputado colorado Eulalio "Lalo" Gomes en Pedro Juan Caballero. Que sacudió a tal punto el andamiaje político paraguayo que hizo que durante una temporada el Palacio de López suspendiera la cooperación de la DEA en el país.

La forma en que pasado un año y medio se sigue explicando e interpretando ese incidente es una pintura de la idiosincrasia que en Paraguay toman los asuntos públicos cuando tocan al poder. Esta nota, transcurrido ese tiempo, pone el foco en eso.

A Gomes lo mataron de un balazo en su casa durante un operativo de elite que irrumpió en su casa en agosto de 2024. El legislador, un hacendado millonario que fue presidente de la Asociación Rural de Amambay, estuvo reiteradamente rozado por tener lazos notorios con el campo criminal. Su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, brasileño, está implicado en el narcotráfico de frontera. De acuerdo a la pesquisa criminal Alexandre era el objetivo buscado en el allanamiento que terminó con la intrusión al domicilio de Gomes y su muerte.

La política paraguaya entró en estado de shock como pocas veces. La razón última de este retemblor ahora que bajó el oleaje permanece como una herida abierta con conclusiones enojosas de uno y otro lado. ¿Por qué Paraguay cortó en forma momentánea lazos con la DEA? Aunque se restablecieron relaciones, las explicaciones chocan en un antagonismo atemperado, pero no resuelto.

El sector del expresidente Horacio Cartes analiza lo ocurrido como un acto de injerencia inaceptable de un órgano exterior contra autoridades institucionales que le costó la vida a un miembro del parlamento del país donde opera. Algo que se sumaba, en esa lectura, a otra acción insidiosa: la denunciada intrusión intolerable y maliciosa de la Embajada de Estados Unidos contra el propio Cartes, a quien durante la administración de Joe Biden le iniciaron un proceso destinado a imponer sanciones por ser junto a otros dirigentes políticos "significativamente corrupto".

La Embajada de Estados Unidos en Asunción rechaza hasta hoy ese planteo. En su sede en realidad están convencidos de que lo que motivó esa reacción fue algo mucho más compartido que la congoja por la muerte de un diputado. Y es la idea de que muchos políticos aprendían que se les escapaba de control algo esencial con lo que solían contar: la información sobre los actos de la Justicia o de las fuerzas de seguridad que, en caso de rozarlos, siempre los ponían en sobreaviso.

Ahora los datos eran manejados a niveles tan reservados que volvían vulnerable a cualquier actor del poder. La prueba era que Lalo Gomes ni su entorno tenían la menor idea de que una tropa de elite lo visitaría en su casa.

Como suele pasar, la conmoción de la violencia descorre el grueso velo de las cosas no dichas. La periodista Estela Ruiz Díaz, con reconocimiento por su profesionalidad entre colegas diversos en Asunción, describía así al legislador abatido: "Lalo Gomes concentra en sí un perfil que hace tiempo define la narcopolítica en Paraguay. Un próspero hombre de negocios, ganadero de alto perfil, presidente de la Asociación Rural del Paraguay de Amambay, eterno aportante de campaña, diputado nacional, con nexos con los clanes del narcotráfico brasileño, que manejaba como a peones de sus estancias a la Policía, la Fiscalía y a los jueces de la zona". 

"Su fortuna asciende a 135 millones de dólares, según su declaración jurada. Si no fuese por la investigación y presión del Brasil, su expediente, que data del 2022, iba a seguir congelado en los archivos judiciales", refería además la columnista. Algo más: una hermana del difunto diputado, Eulalia Gomes, es una ex fiscal procesada por cobrar un soborno de un narco.

Las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales impulsores del allanamiento a la casa de Gomes refirieron que su muerte fue una irreparable acción, pero no algo premeditado ni buscado. Más allá de lo que digan las investigaciones algo parece seguro. Un vasto sector de la política se escandalizó, sin atar con el mismo énfasis este lamentable desenlace con el mundo de las conexiones del damnificado.

Algunas voces fueron expresivas a este respecto. Por ejemplo, la del diputado Yamil Esgaib, cuando comentó las alternativas del cese de la colaboración dispuesta por el ministro de la Senad, Jalil Rachid, con la DEA. "No podemos aceptar nosotros, como país soberano, que nuestras autoridades no se enteren de lo que pueden hacer gente de afuera que, con el famoso título de crimen transnacional, puede entrar cuando se le antoja a tu casa. Eso es lo que va a cambiar", fueron sus contrariadas palabras.

En esos convulsionados días de agosto de 2024 el juez Osmar Legal, que habilitó el operativo en el domicilio de Gomes, sostuvo que el sigilo absoluto de la acción fue algo buscado para evitar filtraciones. Esa fue la razón por la que ni el presidente Santiago Peña ni sus ministros de las áreas de seguridad ni el comandante de la Policía Nacional fueron informados de antemano. El magistrado adujo que sabían que el diputado se movía en vehículos blindados con armamento y plantel de custodia y que el blanco del procedimiento no era él sino su hijo Alexandre.

Como la mayoría de los insumos de movimientos de actores del crimen organizado de nivel destacado, los datos sobre las acciones delictivas de Alexandre Rodrigues provenían de la DEA. Esta vez nadie se enteró.

En la Embajada de Estados Unidos, según lo que cuentan diplomáticos argentinos, fue ese motivo lo que pateó el hormiguero. Siempre al campo político acechado por una pesquisa le llegaba una advertencia de última hora. "El alboroto no fue la muerte de un diputado sino 'cómo no sabíamos'", lo graficó el diplomático en Buenos Aires, algo confirmado por autoridades de la Secretaría de Narcotráfico en Argentina.

Esto, interpretaron dentro y fuera de la sede diplomática estadounidense, fue el combustible para un incendio de varios fuegos. En el Congreso a finales del mes del homicidio de su colega, 51 diputados firmaron un proyecto de resolución para pedir la destitución del ministro del Interior y del jefe de policía. La abrumadora mayoría de los legisladores eran cartistas, aunque también hubo votos de liberales. A la vez el abogado de la familia de Lalo solicitó que se diera de baja el convenio entre la DEA y la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos, conocida como SIU, que participó en el operativo que acabó con la vida del diputado.

En 2024 el gobierno de Estados Unidos inició un procedimiento para establecer sanciones personales y a las empresas financieras del expresidente Cartes, impulsor del presidente Peña, por conexiones presuntas al crimen organizado y por ser "significativamente corrupto". El proceso hacia esa penalidad restringe las operaciones comerciales y financieras de los implicados. En octubre de 2025 la Oficina de Control de Asuntos Exteriores del Departamento del Tesoro, ya bajo presidencia de Donald Trump, levantó las sanciones financieras sobre Cartes y sus empresas.

Sobre los motivos que dispararon esto las versiones son furibundamente discordantes. En Paraguay la vida política la ordena con centralidad la interna del Partido Colorado. El cartismo atribuyó el proceso de sanciones a una maniobra concertada entre el entonces presidente Mario Abdo Benítez y el embajador estadounidense Marc Ostfield que estuvo en su cargo hasta noviembre de 2024.

Desde el sector de Cartes indican que ese camino intencionado lo reveló un informe diplomático reservado fechado en agosto de 2022 que fue escrito por el ex embajador Ostfield a la Secretaría de Estado. En ese texto aludido, dicen los cartistas, hubo referencias al éxito de las sanciones impuestas a Cartes y también el pedido de Abdo para una reunión confidencial con Ostfield

Varios medios paraguayos e internacionales publicaron un párrafo adjudicado al cable de Ostfield. "En línea con estas elecciones (las que dirimían la interna para elegir al candidato presidencial colorado), me sorprendió el llamado del presidente Abdo solicitando una reunión confidencial, la que se realizó ayer 2 de agosto en un lugar apropiado y sin posibilidad de que sea filtrada a la prensa".

Esto es para los cartistas la evidencia de una intromisión intolerable de la sede diplomática norteamericana en la vida interna de un país soberano.

Ostfield rechaza la veracidad de ese contenido con contundencia. El ex embajador aduce que el informe referido es algo completamente inventado. Y que tampoco mantuvo una reunión con el presidente Abdo el día citado en el presunto cable a Washington que le adjudican.

También hay una discordia hasta el día de hoy sobre las razones por las que Cartes terminó sin sanciones. Para sus partidarios esas razones son obvias: no las hubo porque el proceso fue resultado de una intencionalidad mendaz, maliciosa y sin sustento contra el ex jefe del Estado.

En Estados Unidos consideran que asociar una reunión de Ostfield y Abdo pudo generar una represalia inmediata contra Cartes es ignorar los tiempos que los procesos administrativos tardan en imponer sanciones. Toman muchos meses las investigaciones como para pensar que alguien puede solicitar sanciones (Abdo) y estas ser generadas contra alguien inmediatamente después.

Como conclusión del informe presunto remitido a la Secretaría de Estado en Washington, el exembajador Ostfield señala que, luego de "corroborar la información proporcionada y en línea con los reportes remitidos con anterioridad, considero seremos protagonistas de una jugada maestra destinada a eliminar políticos corruptos". Y añade: "De llegar Wiens (candidato de Abdo) a la presidencia tendremos un aliado incondicional con nuestro gobierno".

El informe señalado es, dicen las mismas fuentes diplomáticas argentinas ligadas a EEUU, un invento.

Todo esto fue el caldo en el que se cocinó la decisión paraguaya de cortar el convenio de cooperación con la DEA anunciado por Rachid. En una entrevista con la prensa, el ministro de la Senad dejó claro hace un mes, como lo hizo en otros medios antes, que el proceso contra Cartes había sido una patraña. 

Eso convive con la persistente oscuridad histórica que rodean a la construcción de los emprendimientos financieros de Cartes con casas de cambio en zonas del país donde en los 70 floreció el tráfico de heroína hacia Estados Unidos, los negocios de su red vinculadas cercanas a personeros de Marset y la madeja de conexiones puestas al descubierto en su sector interno en la operación a Ultranza Py, el mayor operativo antinarco lanzado en febrero de 2022 por la Senad, el Ministerio Público y con apoyo de la DEA y Europol para golpear a una estructura que enviaba cocaína a Europa usando empresas como pantalla y lavando activos por millones de dólares.

Esto comprometía a actores políticos del Partido Colorado, funcionarios públicos, empresarios, contadores, despachantes de aduana, abogados y narcotraficantes. Marset había sido procesado en Uruguay por su asociación con la familia del expresidente Cartes y el narcotraficante brasileño Fahd Jamil, conocido como "el rey de la frontera", que es gravitante en el mundo criminal paraguayo.

Toda esta trama vincular es la que se retorció cuando con información de la DEA el equipo jurídico habilitado por el juez Legal autorizó, en el silencio más profundo, la irrupción en la casa del diputado Gomes. ¿Era la indignada reacción contra la DEA y los responsables del operativo un planteo legítimo por una falencia operacional? ¿O más bien, como pensó el Departamento de Estado, un crujido porque se volvían contra políticos con décadas de protección asegurada acciones sostenidas en información que ellos ya no controlaban?

"Que Peña, el ministro ni el comandante se hayan enterado es porque funciona el sistema. En una filtración se puede caer toda la causa", declaró a una semana de los hechos el juez Legal al programa Políticamente Yncorrecto.

Como dice el politólogo uruguayo Juan Pablo Luna, "A Ultranza PY" no solo fue la acción más masiva contra el crimen organizado ocurrida en el país. También resultó el quiebre de un equilibrio tradicional en los robustos lazos entre poder institucional y organizaciones criminales y el avance de la judicialización del Partido Colorado. Y esto generó esos ramalazos con la DEA que fueron restablecidos a partir del relevo de la sede diplomática de la avenida Mariscal López del embajador Ostfield por el gobierno de Donald Trump a fines de 2024, lo que había sido un reclamo a cara limpia del cartismo.

Desde entonces la embajada no tiene un titular designado sino que está a cargo provisoriamente el encargado de negocios Robert Alter.

Según sus documentos públicos la DEA tiene más de 11 mil empleados de los cuales 5000 son agentes especiales asignados en 50 estados norteamericanos y en 91 estaciones situadas en 70 países. El especialista argentino Julián Maradeo, en su libro La DEA en Argentina, subraya que es un error medir el poder de esta agencia en su cantidad de agentes. "No se trata del número sino de relaciones diversas que alimenta desde hace cinco décadas", una red, afirma, "que le permite hacer caso omiso de los gobiernos nacionales de turno.

En este libro Maradeo reconstruye el modo en que en Argentina, en un símil con otros países de Sudamérica, tejió su capacidad armando un sistema de lobistas en su favor en el Poder Judicial, en fuerzas de seguridad, en servicios de inteligencia oficiales y en políticos a los que suministraba y de los que recibía datos en el marco general de otros intercambios de favores, que pasaban por donaciones o aportes de instrumental, vehículos y hasta viajes.

Esto no necesariamente contrasta sino que se complementa con otras visiones respecto de lo cruciales que resultan para las acciones anticriminales el diseño estratégico y los aportes de información de la DEA, ya que por la capacidad investigativa y los medios tecnológicos disponibles sus aportes en Paraguay son insustituibles.

Así se lo reconocieron a este periodista en Asunción en febrero altos funcionarios del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y agentes especializados de alta jerarquía de la Senad, que celebran que se haya retornado la colaboración de la DEA, que no había retrocedido al planteo del gobierno de Peña de suspender los convenios, informando tras su difusión en diciembre de 2024 que ante esto su intención era suspender toda asistencia a Paraguay.

Ese fue el último escarceo que había brotado con algo claro. La DEA sigue en Paraguay. El gobierno atraviesa un momento donde puede mostrar logros contra el crimen organizado en detenciones y también en condenas a sus colaboradores. Pero no pocos actores del sistema institucional quedan envueltos en interrogantes inquietantes. El caso Gomes es un indicio perturbador de que hay informaciones o coberturas que ya no les llegan. Lo que asume la forma de una pregunta: "¿Cómo no nos enteramos?"