Por: Agencia Pressenza
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La memoria histórica protege a las sociedades de caer en los mismos errores políticos y sociales. A solo tres días de las Elecciones Generales 2026, en el Perú, la población tiene la gran tarea de «limpiar» la clase política actual y renovar los poderes del Estado con funcionarios que trabajen por el bien común, dejando atrás aquellos episodios nefastos plagados de corrupción, atentados contra la vida y el repudio a la consulta popular. Bajo el hastag #PorEstosNo recordemos aquellos episodios que no deben repetirse, si ejercemos bien nuestro voto.
En los años 90, la corrupción del aparato estatal se expandió bajo el gobierno de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, con el control total del aparato judicial y político, la visión del Estado como botín, el rechazo a las reglas básicas del comportamiento democrático y el uso de las instituciones como armas del grupo gobernante; además del remate del patrimonio público. ¿Nos suena familiar?
Recientemente, en el presente periodo, las alianzas en el Congreso de la República (con más del 50% de congresistas con investigaciones fiscales) han reconfigurado los poderes del Estado mediante el copamiento institucional. Y, sin consulta popular, se cambiaron artículos de la Constitución Política con leyes que perjudican a grandes sectores como: la población trabajadora afectada por las leyes pro crimen, las comunidades nativas afectadas por la minería ilegal, los estudiantes por la reducción del programa Beca 18, la población vulnerable con el cierre del programa social Qaliwarma, entre otras perlas.
Además, en el sistema de justicia, se realizaron persecuciones personales (caso de la inhabilitada fiscal de la Nación, Delia Espinoza), búsqueda de la impunidad en casos emblemáticos como Odebrecht (con la suspensión de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela), y el archivamiento de casos de presunto lavado de activos (Caso Cócteles), entre otros. Con la actual clase política se ha perdido la función social y la búsqueda del bien común.
Otro episodio reiterativo en nuestra historia es el uso de la fuerza para “poner orden”. En nombre de este, nuestra historia está plagada de masacres en las que murieron pobladores civiles y hasta niños (casos Barrios Altos, Accomarca, Hualla, La Cantuta), esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, torturas y desapariciones; en muchos casos la justicia no llegó, dejando una estela de dolor, sufrimiento y un proceso de reconciliación y reparación aún pendiente.
Hoy, el uso de la fuerza “para poner orden” se ha extendido para reprimir las marchas pacíficas que realiza la población; con la satanización de la protesta, y la estrategia del “terruqueo”; así como el uso de armas no permitidas, que han ocasionado la muerte de aproximadamente 70 víctimas en el gobierno de Dina Boluarte.
Hoy, candidatos como Rafael Lopez Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Paul Jaimes (Progresemos) proponen medidas extremas contra el sicariato, basadas en la “mano dura” al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Estas contemplan la salida del Perú del Pacto de San José y la pena de muerte. Mientras que, Alvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) propone un estado de excepción nacional con la suspensión de garantías y derechos fundamentales… ¿Se imaginan las consecuencias, dado los antecedentes?
El copamiento institucional también comprende los medios de comunicación masiva, que llegan a los millones de peruanos, con un alcance diferenciado, según la geografía nacional.
La memoria colectiva aún recuerda los “vladivideos” en los que se entregaba fajos de dinero a diversos medios de comunicación de la época, para comprar la línea editorial y obstaculizar el nivel informativo de la población. Así, se consumía a diario la “virgen que llora”, programas cómicos que denigraban al ser humano, la difamación a los opositores al régimen; además de la censura a los periodistas no alineados.
https://www.youtube.com/watch?v=s-FEuQ4ren8
Recientemente, en plena campaña electoral se evidenció el uso de viejas estrategias, emprendidas contra el candidato Alfonso López Chau (de creciente intención de voto), a quien se le recordó una detención a la edad de 20 años por cargos de asalto y robo; esta fue esclarecida posteriormente por el candidato, indicando que la detención fue por «motivos políticos”, sin embargo, la estrategia de «demolición» se llevó a cabo, afectando tanto al candidato como a su entorno.
El gran peligro que hoy enfrenta el Perú es que nuevamente se ingrese en un estado de cosas que perjudique al país a nivel económico, social, político, cultural y organizacional; frenando nuevamente el desarrollo de su población. Por ello, la gran tarea de hoy es recordar el pasado y no repetir esa nefasta historia.