Por: Alfonso Insuasty Rodríguez. Fuente: http://www.kavilando.org

El National Drug Control Strategy 2026 y la National Counterterrorism Strategy.

2026 de Estados Unidos no pueden leerse únicamente como instrumentos técnicos para combatir el narcotráfico o el terrorismo. Desde una perspectiva crítica latinoamericana, expresan una estrategia más amplia de preservación de la hegemonía estadounidense en un contexto internacional marcado por el ascenso de nuevas potencias, la expansión de los BRICS y la transición hacia un orden cada vez más multipolar.

Lo que está en juego no es solamente la lucha contra economías ilícitas. Bajo el lenguaje de la cooperación internacional, la seguridad fronteriza, la inteligencia artificial y la trazabilidad logística, emerge una arquitectura de control que amplía las capacidades de intervención política, económica, tecnológica y militar sobre territorios considerados estratégicos. La frontera entre seguridad, diplomacia, economía y guerra se vuelve cada vez más difusa.

La fabricación permanente del enemigo

La construcción de amenazas que legitimen la expansión de su poder, es una contante de las potencias y los imperios. Durante la Guerra Fría, el enemigo para occidente fue el comunismo, tras el colapso soviético, el terrorismo internacional ocupó ese lugar. Hoy emergen nuevas categorías como “narcoterrorismo”, “amenazas híbridas”, “actores malignos transnacionales” o “extremismo violento”, conceptos que permiten fabricar enemigos permanentes y justificar renovados mecanismos de control e intervención.

Como advirtió Aníbal Quijano, la colonialidad del poder no desaparece con el fin del colonialismo formal; se reorganiza mediante nuevas formas de clasificación y control de poblaciones, territorios y conocimientos. En este marco, la seguridad global se convierte en un dispositivo que permite a ciertas potencias decidir quién constituye una amenaza y quién posee legitimidad para ejercer la violencia.

La llamada guerra híbrida forma parte de esa reconfiguración, ya no se limita a la acción militar directa, combina sanciones económicas, bloqueos financieros, presión diplomática, vigilancia tecnológica, guerra jurídica, manipulación informativa y operaciones encubiertas. Su objetivo no es únicamente derrotar adversarios, sino disciplinar gobiernos, reordenar territorios y asegurar el acceso a recursos estratégicos.

Los antecedentes recientes obligan a una lectura crítica, Irak fue invadido bajo el argumento de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron; Libia fue destruida en nombre de la protección humanitaria; Afganistán se convirtió en una guerra de dos décadas cuyos resultados distaron de los objetivos proclamados. Estos casos evidencian cómo los discursos de seguridad pueden transformarse en instrumentos de intervención y reconfiguración geopolítica.

En ese contexto surge la nueva doctrina del “enemigo transnacional”. Las estrategias estadounidenses fusionan cada vez más las categorías de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y amenazas híbridas. Cuando un actor deja de ser considerado simplemente criminal y pasa a ser catalogado como terrorista, se habilitan doctrinas excepcionales, operaciones extraterritoriales, inteligencia ampliada, sanciones financieras y presupuestos propios de la llamada guerra contra el terrorismo. La pregunta para América Latina sigue siendo fundamental ¿quién define quién es terrorista?

A ello se suma la lógica de la “defensa en profundidad”, según la cual las amenazas deben ser enfrentadas desde sus zonas de origen y tránsito antes de alcanzar territorio estadounidense, traducido al lenguaje geopolítico, esto implica atribuirse la facultad de actuar sobre territorios extranjeros mediante bases militares, operaciones de inteligencia, sanciones, presiones diplomáticas o intervenciones encubiertas. Se trata, en esencia, de una actualización de la Doctrina Monroe para el siglo XXI, ahora legitimada bajo el lenguaje de la seguridad global y la lucha contra amenazas transnacionales.

Del narcoterrorismo a la criminalización de la protesta

Uno de los mayores riesgos de las nuevas doctrinas de seguridad no reside únicamente en su aplicación contra organizaciones criminales, sino en la ampliación progresiva de la categoría de “amenaza” hasta alcanzar movimientos sociales, organizaciones populares, pueblos indígenas, sindicatos, procesos campesinos, colectivos ambientalistas y expresiones de oposición política.

La historia latinoamericana ofrece suficientes advertencias. Durante la Guerra Fría, amplios sectores sociales fueron etiquetados como “subversivos” o “enemigos internos”, legitimando persecuciones, desapariciones, encarcelamientos y dictaduras. Hoy, bajo conceptos como “amenazas híbridas”, “extremismo”, “terrorismo transnacional” o “narcoterrorismo”, existe el riesgo de reproducir mecanismos similares con nuevos lenguajes y tecnologías.

Cuando la seguridad se convierte en el eje ordenador de la política, la protesta puede ser presentada como desestabilización, la defensa del territorio como obstáculo al desarrollo y la movilización popular como una amenaza al orden público. No es una hipótesis abstracta. Los antecedentes de Chile en 1973, Nicaragua en los años ochenta, Bolivia en 2019 y las permanentes agresiones contra Cuba y Venezuela muestran que la disputa por la soberanía sigue siendo un elemento central de la geopolítica hemisférica.

El riesgo es avanzar hacia formas renovadas de tutela y dependencia, donde las decisiones sobre seguridad, comercio, tecnología, recursos estratégicos e incluso gobernabilidad interna queden condicionadas por agendas externas. En otras palabras, nuevas modalidades de protectorado y colonialismo adaptadas al siglo XXI.

Los pueblos bajo vigilancia

En este escenario, los movimientos que defiendan bienes comunes cuestionen modelos extractivos o impulsen transformaciones sociales podrían enfrentar mayores niveles de monitoreo, judicialización, control financiero, vigilancia digital y campañas de estigmatización. La combinación de inteligencia artificial, vigilancia masiva y análisis predictivo amplía como nunca antes la capacidad de seguimiento sobre organizaciones, liderazgos y procesos de movilización social.

Las élites económicas y políticas conocen perfectamente las consecuencias de los modelos extractivistas y concentradores de riqueza que impulsan, desigualdad, despojo territorial, destrucción ambiental y pérdida de soberanía. También saben que esos procesos generan resistencia. Por ello, junto a la expansión de mecanismos de extracción económica avanzan nuevas arquitecturas de control destinadas a contener el descontento social, muchas veces financiadas con recursos públicos por las mismas poblaciones que luego son vigiladas o reprimidas.

Pero surge una pregunta que no puede soslayarse, ¿hasta qué punto el combate selectivo contra determinadas redes criminales convive con la tolerancia, instrumentalización o fortalecimiento de otras estructuras funcionales a intereses geopolíticos y corporativos? La historia latinoamericana ofrece demasiados antecedentes de grupos armados, redes narcotraficantes o estructuras de lógica paramilitar utilizadas para generar caos, desplazar comunidades, fragmentar tejidos sociales y despejar territorios estratégicos para proyectos extractivos, energéticos o de infraestructura. En este terreno no podemos ser ingenuos.

Las movilizaciones en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, junto con las resistencias en México, Venezuela y sobre todo con gran dignidad Cuba, expresan una disputa cada vez más profunda entre proyectos de subordinación y proyectos de soberanía. 

Frente a ello, la defensa de la democracia ya no consiste únicamente en proteger instituciones o ejercicio electorales, sino esencialmente garantizar el derecho de los pueblos a organizarse, resistir y decidir sobre sus territorios, recursos y futuros colectivos.

Referencias

Chomsky, N. (2003). Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance. New York: Metropolitan Books. Disponible en: https://archive.org/details/hegemonyorsurviv00chom

Fanon, F. (1961). Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cultura Económica. Disponible en: https://monoskop.org/images/6/6b/Fanon_Frantz_Los_condenados_de_la_tierra.pdf

Foucault, M. (2006). Seguridad, territorio, población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Harvey, D. (2004). The New Imperialism. Oxford University Press. Disponible en: https://global.oup.com/academic/product/the-new-imperialism-9780199264316

Quijano, A. (2000). Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America. Nepantla: Views from South, 1(3), 533–580. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0268580900015002005

Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press. Disponible en: https://read.dukeupress.edu/books/book/103

White House. (2026). 2026 National Drug Control Strategy. Washington D.C. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/releases/2026/05/2026-national-drug-control-strategy-released/

White House. (2026). United States Counterterrorism Strategy 2026. Washington D.C. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/05/2026-USCT-Strategy-1.pdf