Por: Redacción Central.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que, por mayoría de seis votos contra tres, rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la ex-senadora Kattya González, vuelve a instalar una de las preguntas más inquietantes para la democracia paraguaya: ¿actúa la máxima instancia judicial como garante independiente de la Constitución o como una institución condicionada por el poder político de turno?

Antecedente: La expulsión de la entonces senadora Kattya González se produjo en febrero de 2024, cuando una mayoría oficialista y sus aliados en el Senado aprobaron su pérdida de investidura mediante un procedimiento cuestionado por amplios sectores políticos, jurídicos y ciudadanos. Diversos especialistas señalaron que no se respetaron plenamente las garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa, lo que generó fuertes críticas sobre la utilización de la mayoría parlamentaria para remover a una de las voces más críticas del gobierno. Desde entonces, González impulsó acciones judiciales buscando su restitución, culminando recientemente con el rechazo de su recurso por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión judicial no puede analizarse únicamente desde una perspectiva técnica o procesal. Su trascendencia es profundamente política e institucional, porque se refiere a la expulsión de una legisladora de la oposición mediante un procedimiento que fue ampliamente cuestionado por juristas, organizaciones de la sociedad civil y sectores democráticos del país.

La Corte tenía la oportunidad histórica de reafirmar la vigencia de las garantías constitucionales, el respeto al debido proceso y la protección de las minorías parlamentarias frente al abuso de las mayorías circunstanciales. Sin embargo, optó por convalidar una decisión impulsada por el oficialismo y sus aliados, consolidando la percepción de que en Paraguay las instituciones terminan subordinándose a quienes concentran el poder político.

Más allá de los argumentos jurídicos invocados en la sentencia, resulta imposible ignorar el contexto en que se produce este fallo. Paraguay atraviesa un proceso de creciente concentración de poder, donde el Partido Colorado ejerce una influencia dominante sobre el Poder Ejecutivo, cuenta con una mayoría determinante en el Congreso y mantiene una gravitación significativa en organismos claves del Estado. En ese escenario, la independencia judicial deja de ser una cuestión abstracta para convertirse en una exigencia democrática fundamental.

La expulsión de Kattya González fue interpretada por amplios sectores ciudadanos como una medida destinada a silenciar una voz crítica e incómoda para el oficialismo. La decisión de la Corte de validar aquella destitución refuerza la sensación de que los contrapesos institucionales han sido debilitados y que la justicia carece de la autonomía necesaria para actuar como límite frente a los excesos del poder político.

Particularmente preocupante resulta que el fallo haya sido emitido luego de más de dos años de espera. Una justicia que tarda excesivamente en resolver cuestiones de alta relevancia institucional termina convirtiendo el tiempo en un instrumento de denegación de derechos. Cuando la resolución finalmente llega, el daño político ya está consumado y los efectos democráticos son prácticamente irreversibles.

El caso trasciende a Kattya González como persona o dirigente política. Lo que está en discusión es el derecho de la ciudadanía a contar con una representación política protegida por reglas claras, previsibles y respetadas por todos. Cuando una mayoría parlamentaria puede remover a una representante electa y la Corte Suprema avala posteriormente ese procedimiento, se instala un peligroso precedente para toda la democracia.

La fortaleza de una República no se mide por la capacidad de las mayorías para imponer su voluntad, sino por la existencia de instituciones capaces de poner límites al poder. Cuando esos límites desaparecen o se vuelven difusos, la democracia comienza a vaciarse de contenido.

Por ello, más que cerrar una controversia jurídica, este fallo abre un debate de fondo sobre la independencia judicial, la calidad democrática y la vigencia efectiva de la separación de poderes en Paraguay. Un debate que seguirá presente mientras persista la percepción ciudadana de que la Corte Suprema no actúa como árbitro imparcial de la Constitución, sino como una institución cada vez más cercana a los intereses del poder político dominante.