Por: Redacción Central. // Fuente CODEHUPY.

 

La Codehupy exige una investigación imparcial en el caso de niñas abatidas por la FTC, pero también pide determinar si niños están siendo reclutados por el EPP.

 

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) se pronunció este viernes sobre el caso de las niñas de 11 años Lilian Mariana y María Carmen Villalba que fueron abatidas por la Fuerza de Tarea de Conjunto (FTC) tras un supuesto enfrentamiento con el Ejército del Pueblo Paraguayo ( EPP).

Al respecto, la organización, junto con la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), exige que las autoridades lleven adelante “una investigación independiente e imparcial que brinde verdad y justicia sobre lo acontecido”, al cumplirse los dos años del hecho.

Además, también pidieron que se realice una intensa búsqueda para encontrar a la niña Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, conocida como Lichita, quien está desaparecida desde finales del 2020 en la misma zona donde se dio el asesinato de las dos niñas.

En ese mismo sentido, exigieron que la investigación logre determinar si existen organizaciones vinculadas al crimen organizado que reclutan niñas, niños y adolescentes con fines de explotación laboral y sexual.

“Recordamos el Estado que una niña, niño o adolescente es sujeto de protección especial desde los 0 hasta los 17 años de edad, siempre; sin importar si está en su casa jugando, en la calle trabajando, en la escuela con sus pares aprendiendo o en los bosques en una situación de exposición al peligro”, expresó en su pronunciamiento la Codehupy.

“Las vulnerabilidades y los peligros a los que se encuentran expuestas las familias, comunidades, y en especial niñas, niños y adolescentes en la zona Norte, son de gran magnitud y complejidad. Requieren, por lo tanto, de políticas públicas a través de las cuales se concretice la presencia del Estado”, añadieron.

Cuestionaron también el desempeño de la FTC en el Norte del país, asegurando que sus actuaciones se caracterizaron “por una serie de irregularidades y violaciones de derechos humanos hacia las poblaciones más vulnerables” y “poco ajustadas al marco legal vigente”.

El 2 de setiembre de 2020, el Gobierno presentó a las dos menores como abatidas, en el distrito de Yby Yaú, Departamento de San Pedro. Tras esto, la hermana de Alcides Oviedo, uno de los líderes del EPP, aseguró que las adolescentes fueron ejecutadas y vestidas con las ropas camufladas por miembros de la FTC.