Por: Redacción Central

Nepotismo es cuando un alto funcionario puede nombrar o contratar a otros y aprovecha esta facultad para colocar a sus parientes en las instituciones del Estado. Esta es la definición que hace al respecto la Ley 5295/2014, que prohíbe este acto y está vigente.

Entre los parientes están incluidos, la esposa o el esposo, el concubino o la concubina y familiares de hasta el cuarto grado de consanguinidad, como padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, bisabuelos, bisnietos, primos hermanos y tíos abuelos.

Tampoco admite a los vínculos de hasta el segundo grado de afinidad, donde se encuentran suegros, yerno y nuera, cuñados, abuelos del cónyuge, cónyuge del nieto ni hermanastros.

La sociedad paraguaya ha visto en los últimos meses varios casos de nepotismo, principalmente, concentrados en el Congreso Nacional, donde se encuentran ocupando cargos públicos desde los hijos del propio vicepresidente de la República, Pedro Alliana, hasta varios parlamentarios del oficialismo y liberocartistas, que conformaron incluso clanes de familias enteras.

En Paraguay está prohibido el nepotismo en la función pública desde el 2005. En ese año, bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, entró en vigor la Ley 2777, que luego sufrió modificaciones con la Ley 4737 en 2012, en la administración de Fernando Lugo.

Fue cambiada por última vez en 2014, durante la presidencia de Horacio Cartes, a través de la Ley 5295, actualmente vigente.

¿A quiénes se dirige la ley?

Aquellos que están sometidos a la prohibición del nepotismo son el presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, parlasurianos, ministros de la Corte, miembros del TSJE, ministros del Poder Ejecutivo y ministros secretarios ejecutivos de la Presidencia de la República.

También miembros del Consejo de la Magistratura y JEM, fiscal general del Estado, jueces, fiscales, contralor general de la República, procurador general de la República, escribano mayor de Gobierno, defensor del Pueblo, defensor general.

Además de rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos de universidades nacionales; presidentes y directores de entes autárquicos y descentralizados, gobernadores e intendentes, concejales departamentales y municipales, directores de las entidades binacionales, directores de las distintas reparticiones y otros.

Sanciones por incumplimiento

La sanción que aplica la Ley 5295 es meramente administrativa. La medida establece que la persona está inhabilitada para ejercer en la función pública hasta cinco años e inhabilita el acto jurídico.

Propuestas de cambios a la ley

A raíz de los escándalos en el escenario nacional, surgieron varias ideas para volver a cambiar la ley que prohíbe el nepotismo y principalmente dos están en controversia. A continuación, detallamos ambas propuestas.

1. Impulsado por el oficialismo colorado

El senador Basilio Bachi Núñez (ANR-HC) impulsó un proyecto de ley que plantea modificar la definición y la sanción de la ley antinepotismo, que será tratado el próximo 15 de febrero, en una sesión de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, en pleno receso parlamentario.

Legisladores opositores le plantearon esperar al inicio de las sesiones ordinarias de diputados y senadores en marzo próximo, lo que significa aguardar 15 días más, para debatir con el pleno y la ciudadanía. Sin embargo, las peticiones no fueron escuchadas.

El cartista propone que “injerencia directa” para contratar o nombrar a un pariente en un alto cargo también sea considerado nepotismo.

En cuanto a la sanción, introdujo la figura de la destitución y el término de las funciones para aquel alto funcionario que violó la ley y para el pariente beneficiado. Mantiene que no se podrá ejercer hasta cinco años un cargo público. Esta modificación se mantuvo en medidas administrativas.

2. Iniciativa popular

La otra alternativa de cambios a la ley es el anteproyecto Chau, nepotismo, que es una iniciativa ciudadana que busca llegar a manos de los legisladores. Se necesitan 50.000 firmas digitales para que pueda convertirse en una propuesta legislativa y sea estudiada en el Congreso Nacional.

Actualmente, los proyectistas se encuentran juntando firmas a través del portal digital del TSJE (ingresar aquí) y ya cuentan con más de 31.000 firmas de apoyo. Estuvo disponible desde el último sábado.

La ley vigente posee seis artículos y Chau, nepotismo introduce dos más. Uno de ellos dispone que será una obligación declarar la lista de los parientes, de modo que estos no puedan ser contratados o nombrados directamente en la función pública, sino que deban concursar para ocupar un puesto.

También establece que los parientes no ocupen los cargos de confianza e incorpora fuertes sanciones, como la pena de hasta cinco años de cárcel para todos los involucrados en el incumplimiento de la ley.

Entre los proponentes de esta iniciativa se encuentran el ex viceministro de Educación Robert Cano, la abogada y docente Estefanía Careaga, el sociólogo Adolf Sauer, le ex ministra de Senavitat Soledad Núñez, el ex senador Raúl Ayala (PEN), el abogado Maximiliano Urbieta y la activista anticorrupción María Esther Roa.

Un grupo de diputados, conformados por Hugo Meza (ANR), Rubén Rubin (PEN) y Mauricio Espínola (ANR), también trabajaron en otro proyecto de ley de modificación a la Ley 5295, que no se terminó de definir. No obstante, tenía por objetivo ser tratado en el mismo día que la propuesta de Basilio Núñez, el próximo 15 de febrero.