Por: Redacción Central

Paraguay es Estado Parte en la Convención Americana desde el 24 de agosto de 1989 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 26 de marzo de 1993. Por tanto, la Corte es competente para estudiar y esclarecer demandas internacionales contra el Estado paraguayo.

En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha estudiado 14 casos, de los cuales, en 13 han terminado con el fallo en contra de nuestro país. Solo en uno, el caso Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, la Corte no encontró responsable al Paraguay de violación de ningún tipo de derechos; por consiguiente, no se tuvo que pagar indemnizaciones en concepto de reparaciones.

Hugo Duarte, politólogo, afirmó que la mayoría de los casos se refieren a abusos de poder que tienen que ver con cuestiones sociales y con cuestiones indígenas.

“Esto denota que el Estado paraguayo aún no comprende en su real dimensión la mirada de protección internacional que existen sobre los pueblos indígenas, sobre sus bienes patrimoniales, sobre sus bienes culturales y sobre sus hábitats. Tampoco el Estado paraguayo logra comprender en toda su magnitud sobre su complejidad, la mirada internacional que existe sobre los Estados que menoscaban de alguna forma con algún tipo de comportamiento arbitrario, incluso el abuso de poder de sus instituciones punitivas, la cuestión de los derechos individuales y los derechos sociales. Creo que el Paraguay tiene aún una mirada autoritaria sobre esos dos aspectos”, comentó.

Para el analista, estos casos demuestran una debilidad muy difícil de sostener a la luz de las normativas internacionales.

“De acuerdo con nuestras costumbres es explicable de alguna manera, pero no razonable. Pero saliendo de la jurisdicción paraguaya es muy difícil que se entienda cómo es posible que se menoscaben estos derechos individuales y sociales y los derechos de indígenas. En pocas palabras, esa mirada autoritaria del Estado y sus órganos punitivos, sobre esos dos temas, le cuesta caro al Estado paraguayo”, comentó.

IMAGEN INTERNACIONAL. Al ser consultado sobre si esta situación daña la imagen internacional que tiene el país, respondió que Paraguay está calificado dentro de un rango de países que tienen problemas de debilidad de sesgos autoritarios de sus instituciones.

“Con serios problemas de corrupción en sus organismos jurídicos y judiciales. No sé qué tipo de imagen pudiera dañar porque esa es la visión que se tiene sobre nuestro país sobre todas esas denuncias que se perdieron y que significaron una sangría económica para la gente. Acá no paga solo el rico, pagamos todos, los que tenemos y no tenemos nada que ver con las disputas o las invasiones de terrenos de propiedades indígenas, ni de beneficiarnos con eso. Terminamos pagando por las aventuras autoritarias y violentas de un grupo social que menoscaba los derechos de la minoría”, expresó.

CLASE POLÍTICA. Sostuvo finalmente que la clase política es la que legisla y le da las herramientas jurídicas que luego se malutilizan o se malinterpretan para ciertos casos que tienen que ver más con políticas y con abusos que con Justicia.

“Hay que cambiar la visión de que hay una mirada internacional que protege a sectores que no tienen la suficiente protección de instituciones y que finalmente acá se pueden manipular”, culminó.

CASOS. Desde el año 1999 al 2023, la CIDH ha recibido un total de 38 casos. En el 2021 fue el año en el que más casos se admitieron con seis; entre ellos, una petición de Fernando Lugo, ex presidente de la República, por el cual denuncia irregularidades en el proceso que acabó con la destitución del cargo de presidente por el Congreso mediante un juicio político.