martes 23 de julio de 2024 - Edición Nº2057

Medio Ambiente | 3 jul 2024

Amenaza a la Soberanía Alimentaria.

Desregulación de la Biotecnología: Liberación de organismos de edición genómica

Una amenaza renovada se cierne sobre la soberanía alimentaria y la biodiversidad de los territorios, con el impulso de una segunda generación de transgénicos destinados a actividades extractivistas, denominados como “Nuevos productos obtenidos mediante técnicas de mejoramiento”


Por: https://www.baseis.org.py/

Una amenaza renovada se cierne sobre la soberanía alimentaria y la biodiversidad de los territorios, con el impulso de una segunda generación de transgénicos destinados a actividades extractivistas, denominados como “Nuevos productos obtenidos mediante técnicas de mejoramiento”, entre los que se encuentran diversas técnicas provenientes de la ingeniería genética usadas para editar partes del genoma en casi cualquier organismo vivo. La mayor parte del proceso de edición genética implica la creación de un nuevo producto a partir de cortar o borrar pequeñísimos segmentos de ADN, sin que necesariamente se involucre la transgenie (introducción de genes “extranjeros” desde otras especies). Pese a esto, numerosas investigaciones prueban que las tecnologías de edición genética y sus aplicaciones, claramente encajan en la definición de “organismo modificado”, ya sea que inserten, borren o editen secuencias del genoma”. Esta denominación ha sido construida con el objetivo deliberado de no relacionarse con los “transgénicos”, a fin de evitar filtros de bioseguridad (Ribeiro, 2021)[1].

Con este proceso se modifica la configuración genética no solo semillas o del ganado, sino que además incorpora la posibilidad de modificar y patentar las características genéticas de insectos y microorganismos. Este fenómeno está desarrollándose en Paraguay, país ubicado en el territorio denominado por Syngenta como República Unida de la soja, la cual se ha constituido en las últimas décadas como una verdadera zona de sacrificio en la que se vierten miles de toneladas de agrotóxicos altamente peligrosos, y se deforestan millones de hectáreas de bosque. Así en el año 2023 se aprobó la liberación comercial de los eventos transgénicos: M23541, M12156 y SCY014 del organismo Saccharomyces cerevisiae[2] sin ningún tipo de debate público, ni comunicación oficial por parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO).

A partir del mismo esquema violatorio de principios constitucionales, leyes nacionales y acuerdos internacionales fue aprobada en febrero del 2024 la liberación de comercial de una cepa genéticamente modificada – denominada OX5328G[3] – del insecto llamado Spodoptera frugiperda, conocido como “gusano cogollero”. La característica de este organismo es la presencia de gen autolimitado que permite la producción de insectos exclusivamente machos (MAG, 2024). El gen autolimitado se transmitirá a la descendencia, impidiendo que las hembras alcancen la madurez y se reproduzcan. El objetivo de este procedimiento es reducir la población general de estos insectos al liberar continuamente machos transgénicos en un área específica con lo cual habrá una disminución en el número de hembras silvestres (Reavey et al., 2022).

Esta avanzada biotecnológica del agronegocio constituye una verdadera amenaza para la biodiversidad agroalimentaria de nuestros territorios, ya que tiene la capacidad de “engañar a las leyes naturales de la herencia y forzar a que los genes introducidos en un organismo sean heredados a toda una población o incluso, si funciona, a toda una especie”[4]. En otras palabras, plantas, insectos, nematodos, ácaros, polillas y otras especies, consideradas como “plagas” y “malezas” por las corporaciones, podrán ser susceptibles a ciertos agrotóxicos, o incluso extintos[5].

Es claro que esto responde al fracaso de la primera generación de organismos genéticamente modificados (OGM) y sus falsas promesas de resolver el hambre ya que la misma no fue desarrollada para la alimentación humana, sino la del ganado, y es destinada al comercio internacional controlado por corporaciones transnacionales dependientes de las dinámicas financieras. Es decir, no ha tenido como objetivo el consumo interno de los países productores de materias primas agropecuarias. Esta situación se expresa en la profunda contradicción que marca el mal desarrollo de Paraguay, país que desde hace algunos años exporta alrededor de 10 millones de toneladas de granos de soja transgénica anualmente, mientras que 4 de cada 10 hogares sufre inseguridad alimentaria moderada a grave, y se extienden enfermedades relacionadas al impacto de los agrotóxicos en la salud humana en las zonas aledañas a los monocultivos transgénicos.

Por otra parte, el rendimiento económico de estas mercancías agrícolas de exportación se ha basado en la ampliación de la superficie cultivada a costa de los últimos remanentes de bosques en la Región Oriental y presionando el frágil ecosistema chaqueño en los últimos años, contaminando variedades nativas y criollas de maíz, y avasallando a comunidades campesinas e indígenas. Mientras tanto los monocultivos transgénicos se hacen cada vez más dependientes a pesticidas más tóxicos – como el caso del glufosinato de amonio que presenta una toxicidad hasta 14 veces más aguda que el glifosato –, y a cócteles combinados de tales sustancias altamente peligrosas. Por ello los únicos beneficiarios de este modelo han sido las empresas trasnacionales y los grandes terratenientes. Mientras tanto, los impactos negativos se manifiestan en la salud pública, los bienes comunes de la naturaleza, las comunidades campesinas e indígenas, así como en la precarización de las condiciones de vida en general y del alimento en particular de las y los trabajadores de las zonas urbanas, puesto en grave peligro con la liberación del trigo transgénico HB4 en 2023.

Este es un proceso que se enmarca en el avance extractivista a nivel regional: en los cinco países con mayor presencia de la industria biotecnológica, entre los que se encuentra Paraguay, se han debilitado fuertemente las regulaciones sobre bioseguridad, protección precautoria a los consumidores y la biodiversidad, lo que a su vez ha debilitado las bases para una política regulatoria que enfrente adecuadamente la siguiente generación de biotecnologías. En este escenario regional en el año 2019 se habilitó en Paraguay el registro legal de “productos obtenidos mediante técnicas de mejoramiento” o New Breeding Techniques (NBT) a partir de la promulgación de la Resolución № 842 del 10 de julio de dicho año[6]. Esta decisión se tomó sin ningún tipo de debate, ni la más mínima mención acerca de las implicancias técnico-políticas de la habilitación de esta tecnología en el territorio nacional.

Esto se dio como parte del proceso de desregulación de la liberación comercial de semillas transgénicas llevado adelante a partir del año 2012, tras el golpe de Estado al gobierno de Fernando Lugo, el cual se profundizó en los años sucesivos[7] bajo los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, junto con el crecimiento de la deuda externa, la deforestación, la importación de agrotóxicos altamente peligrosos, así como la cantidad y violencia de los desalojos de comunidades campesinas e indígenas para la ampliación de las fronteras extractivistas. De acuerdo con Silvia Ribeiro (2021) este mismo procedimiento de habilitación de los productos de edición genómica a través de trámites de bioseguridad simplificados y menos estrictos que los que ya existían (o directamente eximiéndolos de la evaluación de bioseguridad), se ha efectuado en otros países de América Latina[8].

Este proceso vulnera todavía más la crisis ecológica en la que se encuentra el planeta[9] ya que la liberación de tales organismos al ambiente tendrá efectos sobre los que no se puede tener control, por lo tanto, los impactos potenciales son verdaderamente inimaginables en un contexto marcado por extinción masiva de especies, degradación de los suelos, desertificación de territorios, fenómenos climáticos extremos, síntomas de la profunda fractura metabólica que caracteriza al sistema económico capitalista.

[1] Ribeiro, Silvia. 2021. “Asalto corporativo a las semillas”. En: Patricia Lizarraga [et al.]. La revolución de una semilla. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Colectivo y Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur. Disponible en: https://rosalux-ba.org/wp-content/ uploads/2021/07/2021-La-Revolucion-de-una-Semilla-Adelanto-web.pdf

[2] A partir de las siguientes resoluciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería: https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/2024/1719600821_2_RESOLUCINMAGN548.pdfhttps://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/2024/1719600821_3_RESOLUCINMAGN549.pdfhttps://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/2024/1719600821_4_RESOLUCINMAGN550.pdf

[3] A partir de la siguiente resolución del MAG: https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/2024/1719435749_2_resolucion922024.pdf

[4] Grupo ETC. 2019. Exterminadores en el campo. Impulsores genéticos: cómo favorecen la agricultura industrial y amenazan la soberanía alimentaria. https://www. etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/0_forcing_the_farm_spa-websecured_8_feb_2019.pdf

[5] Para más información: https://mx.boell.org/es/2021/08/12/nuevas-biotecnologiasviejos-agrotoxicos-un-modelo-insostenible-que-avanza-y-requiere-de

[6] Disponible en: https://conbio.mag.gov.py/media/ckfinder/files/RES.N842%2010%20DE%20JULIO%20DE%202019%20NBT.pdf

[7] Para tener un panorama general de ese proceso ver en: https://www.baseis.org.py/publicaciones/el-mecanismo-de-liberacion-de-semillas-transgenicas-bajo-el-control-de-las-corporaciones-transnacionales-del-agronegocio/

[8] Tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Guatemala y Costa Rica

[9] Deering, Julie 2018. Who Owns CRISPR? Seed World. https://seedworld.com/whoowns-crispr/

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