Derechos Humanos | 6 oct 2024
Las Periodistas No se callan.
El post Me Too encuentra a las periodistas luchando para no ser calladas
“La noticia es que el hombre muerde al perro, no que el perro muerde al hombre”, decía la primera lección de periodismo. La noticia era lo extraordinario, no lo esperable. Pero, un día, lo que era esperable -el hombre que mordía, pegaba, acosaba o violaba a una mujer- se hizo noticia. No era extraordinario, pero se había silenciado, naturalizado, invisibilizado o convertido en extraordinario para que no fuera noticia o para que simulara ser fuera de serie.
Por: Luciana Peker, desde Madrid
Angie Prieto; Periodista Paraguaya.
“La noticia es que el hombre muerde al perro, no que el perro muerde al hombre”, decía la primera lección de periodismo. La noticia era lo extraordinario, no lo esperable. Pero, un día, lo que era esperable -el hombre que mordía, pegaba, acosaba o violaba a una mujer- se hizo noticia. No era extraordinario, pero se había silenciado, naturalizado, invisibilizado o convertido en extraordinario para que no fuera noticia o para que simulara ser fuera de serie.
Pero el cambio -el mayor cambio- no solo llegó cuando la noticia fue que el hombre violó a una mujer, sino cuando se contó que no era extraordinario, sino que sucedía por un hecho social, sistemático y sexual. No era un hombre muy malo o fuera de sí, sino muchos que entraban en los cánones de lo que se le permitía a los hombres hacer y deshacer con las mujeres o con los cuerpos que no encajaban en los moldes de hombría.
Lo más difícil, lo más valiente y lo más disruptivo del periodismo feminista fue cuestionar la violencia interna del periodismo y explicar que si se contaba mal era porque convenía a quienes no querían ser cuestionados y si se contaba mejor cuestionaba a los que habían hecho de la masculinidad maldita un mito aplaudido por la cultura.
En el 2015, en Argentina, comenzó el movimiento #NiUnaMenos. Después, se sumaron #MiPrimerAcoso #MeToo #Cuéntalo #Micromachismos #YoTeCreoHermana #SeAcabó. En el 2024 el movimiento anti #MeToo está en punto caramelo. Desde las series que señalan a las mujeres como acosadoras (puede ser noticia o película que una mujer muerda al perro pero es una situación no serial) hasta los movimientos de extrema derecha que amenazan a las mujeres que denuncian y criminalizan a las periodistas que escriben sobre el acoso. Hoy el abuso no se acabó, pero el periodismo feminista tampoco.
Falta mucho y los retrocesos o riesgos están latentes. Sin embargo, hay casos testigos (ladridos poco publicados para que no se escuche su eco) que son ejemplares para garantizar la libertad de expresión. Y esos casos testigos son un piso que puede generar una referencia mucho más sólida que una ráfaga en una época en donde todo pasa como si la sociedad fuera una carrera de rápidos y furiosos.
En Paraguay, Angie Prieto, logró un fallo emblemático que garantiza el derecho a organizarse contra el acoso y el maltrato. Ella fue despedida para disciplinar a las trabajadoras a volver a estar calladitas. Ella formó parte del grupo de Whatsapp “Yo te creo”, en el que participaban 15 trabajadoras del grupo Albavisión. En el 2022 la despidieron y le iniciaron un juicio por redactar una nota -en reclamo de un trabajo libre de violencia- que la empresa consideró injuriosa. Parece una distopía, pero ya pasó. Por suerte, también, pasó.
Angie Prieto resalta: “Tenemos que hacernos escuchar, porque le pasa a una, nos pasa a todas, directa o indirectamente, visible o invisible, incluso a la luz de nuestra propia consciencia. En nuestra labor como periodistas hablar sobre acoso y abuso sexual, abuso de poder, violencia laboral es un paso fundamental para decir “basta de violencia”, somos mujeres, madres, esposas, hijas, amigas, que queremos trabajar en lo que nos gusta sin violencia, darnos apoyo real y contenernos en lo que nos pasa”.
En Paraguay ocho de cada 10 comunicadoras sufrieron acoso sexual y, casi en siete de cada 10 casos, fue por parte de un jefe directo o indirecto; en un 48% de parte de un compañero y en el 27% de las situaciones por parte de un entrevistado o fuente. Los datos surgen de la encuesta “Situación de las periodistas y comunicadoras”, elaborada por la Red de Mujeres, Periodistas y Comunicadoras del Paraguay, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en noviembre del 2022.
“Poder hablar sobre acoso y abuso en nuestros lugares de trabajo, es más que importante, porque estamos todo el tiempo denunciando situaciones de violencia que afectan a la mujer y detrás de una periodista siempre está una mujer que sufre las mismas situaciones derivadas del machismo, sobre todo, porque lo sufrimos en el ejercicio de nuestra labor”, subraya Angie Prieto. El 88% de los casos no fue denunciado. El 39% de las periodistas no denuncia porque, cuando ocurrió el hecho, no sabían si se trataba de acoso sexual, el 35% por miedo a quedar expuestas y ser estigmatizadas en su lugar de trabajo y el 30% por miedo a sufrir persecución de los jefes.
“Cuando estallaron las denuncias por acoso sexual ninguna de nosotras pudo identificar acoso, sí sabíamos que algo andaba mal, pero lo minimizábamos al punto de dejarlo pasar por un ambiente de desconfianza entre las mismas mujeres, de competencia y de falta de compañerismo. De forma inconsciente aguantábamos situaciones porque queríamos trabajar, no teníamos tiempo para hablar más profundamente de lo que nos pasaba, había un ambiente de rivalidad creado desde la propia estructura para que ninguna hable y para que todas callen”, enmarca Prieto.
No se pueden contestar las preguntas básicas del ABC del periodismo -¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?- sino se formula el interrogante clave: ¿Por qué? La respuesta no es fácil, es difícil. Porque denunciar no solo tiene riesgo, sino castigo y el castigo es incluso si se gana pero a costa de perder el trabajo y de no ser vista como una periodista sino como Miss Conflictiva.
La película “El escándalo” mostró el acoso sistemático en Fox y la sexualización de las conductoras no como elección personal o estética, sino como filtro para ver quienes podían trabajar y quienes no (por portación y prestación coaccionada de cuerpo) y reflejó la violencia sexual en la televisión. Sin embargo, en el juicio contra Angie Prieto, el empresario Marcelo Fleitas, director de la Red Albavisión, describió que, por culpa de la película, “Fox perdió más de 800 millones de dólares entre indemnizaciones y juicios que tuvo que afrontar por el escándalo sexual de su CEO”. Y la culpa no era suya, sino de la película. La historia dada vuelta en menos de una década desde el destape de la violencia a la persecución por denunciar la violencia.
“Nuestro ejemplo claro de resistencia se vio a través de las incidencias que se realizaron con las principales líderes y referentes de la Red de Periodistas y Comunicadoras del Paraguay que acompañaron todo el proceso con quienes después de ser judicializada y echada me uní al grupo buscando justicia y reparación”, destaca. “¡Las periodistas ya no se callan!”, gritaron, el 3 de abril del 2024, cuando la jueza Mesalina Fernández sentenció a favor de Angie Prieto por “imposibilidad de probar que haya dicho o escrito algo injurioso”. “Solas, definitivamente, no podemos”, descarta Angie y contrapone: “Solamente a través de la unidad de las mujeres se pueden lograr avances significativos”.
La Red de Comunicadoras y Periodistas de Paraguay pidió a la empresa Albavisión un protocolo para frenar la violencia machista después que el periodista Carlos Granada fue imputado por acoso sexual y coacción sexual. No era un problema puntual, sino el punto del problema. El 57% de los medios de comunicación de América Latina y el Caribe no tiene protocolos para abordar la violencia de género al interior de las redacciones, según la investigación #MediosSinViolencias, de Comunicación para la Igualdad, presentado en julio del 2024.
“La existencia de protocolos de violencia de género es un paso más hacia la construcción de organizaciones de medios más democráticas. La violencia de género es un problema estructural vinculado a las relaciones de poder que requiere de un compromiso constante de todas las personas que trabajan en los medios para desarticularla. Los protocolos ofrecen un mecanismo para abordar las violencias en sus diferentes etapas: desde la prevención hasta la atención de las denuncias”, remarca Sandra Chaher, presidenta de Comunicación para la Igualdad.
“Queremos contar historias, no ser la historia”, resalta la campaña “Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención”, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO. Solo el 18.5% de los medios latinoamericanos tiene áreas especializadas de atención de la violencia, tanto si las periodistas son agredidas dentro como fuera del medio, en una encuesta en 14 países de América Latina y el Caribe, con 108 entrevistas y 96 casos identificados.
La violencia es grave, pero la criminalización a las que cuentan la violencia -como periodistas- o la sufren en carne propia o piden condiciones laborales sin violencia es la peor de las venganzas y el más grave de los silencios. “La criminalización es el castigo más duro que enfrentan las víctimas de violencia, con acciones judiciales que lo único que buscan es amedrentar y callar las voces con el miedo constante y sobre todo para que ninguna mujer se atreva a hablar de violencia porque eso implica la pérdida de trabajo, de carrera y la cancelación de todos los espacios posibles para reiniciar tu vida”, explica Prieto.
El éxito de Prieto no se traduce en trabajo y hasta que su fuente de ingresos no esté asegurada la credibilidad de las mujeres sigue en pausa. “Hasta el momento, no pude reanudar mi vida profesional a casi dos años de la querella por injuria por el corporativismo que se da entre los propios jefes de los grandes medios de comunicación”, denuncia. Y esa denuncia -intangible- no puede ser tolerada.
La periodista colombiana y directora de Volcánicas Catalina Ruiz Navarro esta denunciada por realizar una investigación sobre violencia sexual. “Estamos siendo objeto de acoso judicial por parte de un director de cine sobre quien publicamos una denuncia por presunto acoso y abuso sexual. El interpuso tres acciones -una de tutela, una demanda civil por un millón y medio de dólares y una causa penal-. La Corte Constitucional de Colombia ya se pronunció en relación a la tutela -con la sentencia T-452 del 2022- y legitimó la función social del periodismo feminista como una piedra angular de la democracia”, describe y resalta: “Es una sentencia hermosa porque reconoce el valor del periodismo feminista y la capa ética extra que le añade al oficio”.
Sin embargo, siguen las otras dos causas. “En Colombia es penal la calumnia e injuria y no está archivado. Pero la más grave es la demanda civil por la que vamos a tener audiencia el 26 de agosto. Esperamos que la jueza se acoja a las recomendaciones de la Corte Constitucional y que sea favorable porque una de las cosas más graves es que él quiere obligarnos a revelar nuestras fuentes y que nadie pueda decir nada, de ningún tema, si no está refrendado por una sentencia judicial, lo cual es muy grave para todo el periodismo en Colombia”, subraya. Y revela: “Ser víctima de acoso judicial es muy grave y un trabajo de medio tiempo. Se necesita una solvencia emocional y económica muy grande y es un proceso muy difícil”.
“Este artículo fue producido con el apoyo de Agencia de Noticias InnContext”