

Por: Redacción Central.
Sesión del Senado.
La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, cuestionado por los gremios de estatales y opositores, con críticas a varios artículos considerados inconstitucionales, y como estaba previsto, no incluyen a funcionarios judiciales ni del legislativo. Este último deberá realizar su propia ley de carrera. Si bien hubo una amplia mayoría de oficialistas y opositores que votaron por su aprobación en general, durante el tratamiento en particular se impuso el cartismo.
La aplanadora solamente dio el brazo a torcer en un par de artículos, y el más importante fue sobre las excepciones introducidas para poder contratar parientes, lo cual finalmente fue testado.
Sin embargo, el grueso del proyecto de ley, que fue modificado en las comisiones hasta apenas horas antes de la sesión ordinaria, fue aprobado pese a los cuestionamientos, y en ciertos momentos, las objeciones planteadas por senadores de la oposición ni se pusieron a consideración.
Objeciones. El proyecto de ley tuvo tratamiento de código, es decir, se abordaron solamente los artículos objetados, que en total eran 103, y los demás 45 artículos no objetados ya se consideraron aprobados.
El artículo 1 fue el primero en ser cuestionado por las diversas exclusiones que se plantean y además indicar que ciertos entes tendrán competencias regulatorias, lo cual fue considerado un término ambiguo.
“Municipalidades, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Fiscalía General, Universidades Nacionales, Contraloría General de la República, Banca Central del Estado, si nosotros descontamos a todas estas instituciones, ¿qué nos queda? Nos queda ese pobre prójimo que no tiene un kavaju (caballo) en una institución pública y esos son los que van a ser regulados... y los grandes manguruyuses que gozan de grandes salarios no”, cuestionó la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional.
Otro artículo objetado, en el mismo sentido, fue el tercero, sobre el ámbito de aplicación, donde discreparon hasta opositores entre sí, ya que el senador Eduardo Nakayama argumentó la independencia de los poderes, pero su colega Rafael Filizzola sostuvo que no corresponde.
“En el Poder Judicial y en el Poder Legislativo tenemos una cantidad importante de personal que en su mayor parte es de la carrera civil, entonces no se entiende porqué deben tener un régimen y autoridad de ejecución distinta del resto”, argumentó Filizzola.
Remuneraciones. Válido de varios ejemplos que mostró en cuadros, el senador Líder Amarilla solicitó que se incluya en el artículo 5, sobre la autoridad rectora en materia de políticas de remuneraciones, que nadie gane más que el presidente de la República.
Cuestionó cómo varios funcionarios superan en ganancia al mandatario, a través de las bonificaciones y otras ganancias extras. Sin embargo, la aplanadora cartista no dio el brazo a torcer.
Los artículos sobre asesores también fueron cuestionados y señalados de que van a seguir creando cargos para parientes y operadores.
El senador José Oviedo presentó diversas objeciones y pedidos sobre los artículos que afectan los derechos sindicales, como el hecho de que en una huelga que afecte a un servicio imprescindible, los titulares de entes puedan presentar una nómina de funcionarios que sí trabaje, pidiendo que solo se precise cantidad, pero no fue tenido en cuenta en ningún momento.
También se planteó que el transporte público sea considerado un servicio imprescindible para la ciudadanía, considerando que reciben dinero público en subsidio, pero tampoco prosperó.
Estoy a favor del fin de las arbitrariedades, pero no podemos hacer una carrera civil sin los trabajadores. Esperanza Martínez, Frente Guasu.
Los 400 mil funcionarios públicos que hay en el país no deberían tener más beneficios que el sector privado. José Oviedo, Yo Creo.
Puede ser el fin de funcionarios públicos inescrupulosos que piden aumentos a cambio de favores hasta sexuales. Celeste Amarilla, PLRA.
Que me expliquen la razón por la que se excluye al Legislativo y Judicial. ¿Acaso no hay un solo Estado? Blanca Ovelar, ANR-Disidencia.
ALGUNOS DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO DE LEY QUE FUERON CUESTIONADOS
Objeto. Las exclusiones planteadas en el artículo 1 del proyecto fueron cuestionados por generar que solamente afecte a un sector muy reducido del funcionariado público. También se cuestionó la ambigüedad del término “competencia regulatoria” que tendrán ciertos entes como las municipalidades, el TSJE, el CM, el JEM y otros.
Ámbito de aplicación. Una profunda discusión se dio en torno a este punto, ya que se utilizó el argumento de la independencia de los poderes y las carreras como el judicial, pero fue señalado que cuentan con una mayoría de funcionarios de servicio civil.
Salarios. En el artículo 5, sobre la autoridad rectora en materia de políticas de remuneraciones, el senador Líder Amarilla pidió incluir que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, utilizando bonificaciones y ganancias extras al sueldo, pero la mayoría cartista manifestó que ya está en otra ley.
Asesores. El artículo 16, sobre la designación de asesores por funcionarios de conducción política, establece un máximo de tres (sin concurso), y que tengan cinco años de experiencia, también fue cuestionado por poder seguir siendo manipulable al considerarse de confianza.
Reconsiderado. La senadora Blanca Ovelar logró que el cartismo reconsidere el artículo 17 y elimine el párrafo que establecía excepciones para introducir parientes en asesorías.
El Congreso Nacional y las Cámaras de Senadores y Diputados tienen todos juntos un total de 4.203 funcionarios, de acuerdo a las planillas salariales del mes de septiembre. Esto representa un costo para el Estado de casi USD 5 millones en concepto de salarios cada mes.
Solo en el Senado, existen unos 50 funcionarios sin cargos, a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH). Todos juntos representaron de enero a septiembre un costo en concepto de salarios poco más de G. 1.221 millones. De entre estas 50 personas, 13 se encuentran sin funciones desde enero, por lo que están próximos a cumplir un año percibiendo salarios que van desde G. 4 millones hasta G. 9 millones.
Estos datos solo representan al Senado sin contar la situación de Diputados y del Congreso Nacional.