Por: Fuente: https://henoi.org.py/

Observatorio de Derechos Humanos y Ambientales

El gobierno de Paraguay ha abandonado su rol de garante de derechos para convertirse en un administrador de violencia. Los desalojos, leyes represivas y vínculos con el narcotráfico revelan un proyecto político y económico que prioriza el extractivismo y el control territorial sobre la vida digna.

El período analizado, confirma que el Estado paraguayo ha consolidado un modelo autoritario, donde la represión, el narcopoder y el agronegocio dictan las políticas públicas. Lejos de ser un gobierno de desarrollo nacional, el ejecutivo de Santiago Peña ha profundizado la violencia institucional como herramienta de control, donde los desalojos forzosos demuestran que el Estado prioriza intereses terratenientes y narcos sobre los derechos humanos. La Ley RUN y la reforma agraria de mercado legalizan el despojo histórico, convirtiendo al INDERT y al MAG en cómplices de algo que se parece más a un sistema de apartheid territorial. Frente a esto, la lucha y la resistencia son la única alternativa: campesinos, indígenas y organizaciones de derechos humanos son las principales barreras contra este modelo. Sin una reforma agraria integral y sin unidad entre organizaciones y movimientos sociales, el país seguirá siendo un laboratorio del neoliberalismo más violento de la región. No obstante, Paraguay está en disputa, entre el autoritarismo agroempresarial y la resistencia campesina, indígena y popular, el futuro dependerá de qué fuerza logre imponer su proyecto. La lucha por la tierra y la democracia sigue viva.

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