Por: Pedro Pozas Terrados. Fuente: Agencia Pressenza.

Dibujo de Pedro Pozas Terrados – con IA

Soja transgénica y deforestación en Argentina: el costo oculto del agronegocio. Un modelo extractivista que arrasa con los bosques nativos

Desde la década de 1990, Argentina ha experimentado un proceso de «sojización», caracterizado por la expansión del monocultivo de soja, especialmente transgénica, destinada principalmente a la exportación. Este modelo ha transformado vastas regiones del país, convirtiendo bosques nativos en extensas plantaciones agrícolas.

La región del Gran Chaco, que abarca provincias como Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, ha sido particularmente afectada. En 2018, se deforestaron 112.766 hectáreas en Argentina, de las cuales el 40% correspondía a áreas donde la explotación industrial está prohibida o restringida por la ley. Esta pérdida de bosques no solo amenaza la biodiversidad, sino que también contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Argentina es el tercer mayor productor y exportador de cultivos transgénicos del mundo, después de Estados Unidos y Brasil. La soja transgénica cubre la mitad de la tierra cultivable del país y representa un tercio del total de sus exportaciones

Si bien se promueve como una solución para alimentar al mundo, gran parte de esta soja se destina a la producción de biocombustibles y a la alimentación animal en países como China, donde se utiliza para engordar ganado porcino. Este enfoque cuestiona la sostenibilidad y equidad del modelo agroexportador argentino.

Pueblos indígenas: los más afectados

La expansión de la frontera agrícola ha tenido consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas de Argentina, como los Qom, Wichí y Mapuches. Estas comunidades han sido desplazadas de sus territorios ancestrales debido al avance del agronegocio.

En la provincia de Chaco, por ejemplo, la Cámara de Diputados autorizó desmontes masivos en beneficio de empresas transgénicas, ganaderas y madereras, vulnerando leyes provinciales, nacionales y convenios internacionales.  Además, en Salta, comunidades Wichí han denunciado la apropiación de sus tierras por parte de empresarios agrícolas, con la complicidad de autoridades locales. Estos conflictos han llevado a situaciones de violencia y a la pérdida de medios de subsistencia para estas comunidades.

Aunque Argentina cuenta con la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, su implementación ha sido deficiente. La falta de control y la corrupción han permitido que se continúe con la deforestación ilegal.

Sin embargo, las comunidades indígenas y organizaciones ambientales han mostrado una fuerte resistencia. El modelo agroexportador basado en la soja transgénica ha traído consigo graves consecuencias ambientales y sociales en Argentina. La deforestación masiva, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento de comunidades indígenas son algunos de los costos ocultos de este sistema.

Es fundamental replantear las políticas agrícolas y promover modelos sostenibles que respeten los derechos de las comunidades originarias y protejan los ecosistemas nativos.

Posibles soluciones

La base de una solución justa es reconocer legalmente los territorios ancestrales de los pueblos originarios (Mapuches, Qom, Wichí, entre otros). Esto incluye:

• Cumplir con el Convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado, y que exige consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto que afecte sus territorios.
• Garantizar la titulación colectiva de tierras.
• Derogar leyes que debilitan los derechos indígenas, como las aprobadas recientemente en provincias como Chaco.

Se debería implementar:

• Una moratoria total y nacional a los desmontes, legales o ilegales, en las regiones más críticas (Chaco, Yungas, Monte).
• Programas de restauración ecológica que reforesten zonas degradadas, con participación de comunidades locales e indígenas.
• Aumento sustancial del presupuesto para la Ley de Bosques (N° 26.331), muchas veces recortado o desviado.

Abandonar el monocultivo transgénico a favor de sistemas que:

• Sean respetuosos con la biodiversidad y el suelo (rotación de cultivos, policultivos).
• No dependan de agrotóxicos como el glifosato, que ya ha demostrado tener graves consecuencias sanitarias.
• Integren el saber ancestral indígena y la soberanía alimentaria.

Esto puede lograrse con:

• Incentivos fiscales y subsidios a productores agroecológicos.
• Redirección de los fondos destinados a grandes agroexportadoras.

Muchísima soja argentina se exporta como forraje para ganado en China o Europa, o como base para biocombustibles. Se requiere:

• Auditoría pública y control transparente del destino y uso de la soja.
• Establecer límites al uso de tierras fértiles para cultivos no alimentarios, priorizando la producción nacional de alimentos sanos.

 

Pedro Pozas Terrados – con IA

Las soluciones deben ser diseñadas e implementadas con participación real de:

• Comunidades indígenas.
• Campesinos.
• Organizaciones sociales y ambientales.

Esto incluye crear consejos consultivos vinculantes que tengan poder de veto sobre proyectos extractivos.

Es urgente una transformación cultural que:

• Promueva el respeto por los bosques y los pueblos que los habitan.
• Exponga los impactos reales del modelo de agronegocio.
• Se extienda en las escuelas, universidades y medios de comunicación.

Conectar áreas protegidas y territorios indígenas en corredores bioculturales que:

• Permitan el desplazamiento de especies y el flujo genético.
• Protejan la diversidad cultural y natural simultáneamente.
• Estén gestionados conjuntamente entre el Estado y las comunidades.

En este sentido, el Corredor Biológico Mundial es un ejemplo de cómo  cuatro Asociaciones que son promotoras y coordinadoras, intentan con su voluntariado altruista, conseguir unir espacios naturales, marinos y culturales realizando acuerdos con instituciones, exigiéndolas el compromiso de salvaguardar los ecosistemas del mundo, implantando además kilómetros ceros de protección  en las zonas más sensibles y de alto valor ecológico. Por ello, se declaró el kilómetro cero contra la forestación en la Comunidad Indígena Peligás al norte de Argentina, en la provincia de Formosa a escasos kilómetros del chaco y la frontera de Paraguay, entre muchos otros lugares del mundo.