Por: Víctor Báez Mosqueira. Fuente: Me Sumo, Diálogo Social

Luis Rojas, reconocido economista paraguayo, ha hecho una presentación sobre la Caja Fiscal, a pedido del Sindicato de la Facultad de Ciencias Sociales (Sitrafacso) Sus conclusiones, emanadas después de un riguroso análisis, confirman lo que venimos diciendo desde hace tiempo: la crisis de la Caja Fiscal no se debe al déficit causado por los/as trabajadores jubilados (argumento del gobierno).

Toda una historia fabulosa ha sido creada por las instancias gubernamentales, culpando a los trabajadores de la sangría de los impuestos que paga la población, argumento más que repetido por ciertos periodistas de varios medios de comunicación que no se han molestado en cavar más hondo en búsqueda de la verdad.

La causa real de la crisis de la Caja Fiscal es que los sucesivos gobiernos nunca han aportado su contribución a dicha entidad. Los trabajadores y trabajadoras del sector público han pagado siempre el 100 por ciento de las contribuciones.

Según los datos presentados por Luis Rojas, entre 2011 y 2025, los trabajadores han aportado a dicha entidad el equivalente en guaraníes de 5.970 millones de dólares, mientras se registraron erogaciones en ese mismo lapso de 7.496 millones de dólares, produciendo un déficit de 1.525 millones de dólares. Cero aporte patronal y 16 por ciento de contribución de los trabajadores y trabajadoras.

A partir de ahí, el citado economista hace un cálculo, suponiendo que el Estado haya aportado un 10 por ciento y los trabajadores hayan contribuido con 16 por ciento, en ese mismo período de 2011 a 2025, no habría habido déficit, sino un superávit de 2.200 millones de dólares.

Por qué el gobierno debe aportar a la Caja Fiscal y apoyar a las otras Cajas

El razonamiento de Luis Rojas es correcto, aunque según las disposiciones legales, los trabajadores deben aportar todavía menos que el 16 por ciento y el gobierno todavía más que el 10 por ciento.

Paraguay ha ratificado el Convenio 102 de la OIT sobre Seguridad Social. Ese convenio es considerado como un tratado internacional ratificado. En el orden de prelación de las leyes está solamente por debajo de la Constitución Nacional y encima de los códigos, leyes, decretos, etc.

El Art. 71 de dicho Convenio establece de manera prístina que “el total de las cotizaciones del seguro a cargo de los asalariados protegidos no deberá exceder el 50 por ciento del total de recursos destinados a la protección de los asalariados y de los cónyuges y de los hijos de éstos” Es decir, para que la actuación del gobierno esté enmarcada en el Convenio 102, si el total de los aportes suma 26 por ciento (16 de los trabajadores y 10 del gobierno), en realidad los trabajadores podrán aportar solamente hasta el 13 por ciento y el gobierno se obliga a aportar como mínimo el 13 por ciento restante.

También dice el Art, 71 que las prestaciones concedidas en virtud del Convenio 102 “deberán ser financiadas colectivamente, por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa”.

El gobierno miente porque quiere ocultar de manera deliberada estos datos, pues quiere seguir postergando una reforma tributaria que haga que sus socios paguen los impuestos que hace tiempo deben pagar. Por eso amenazan con el aumento del IVA solamente, para indisponer a la población más pobre contra los trabajadores del sector público, especialmente los maestros. Pero ya no podrá tapar el sol con el dedo. Las reformas que propendan a la justicia social se han vuelto impostergables. Y no habrá justicia social sin que exista justicia fiscal.

Asunción, 23 de febrero de 2026