Por: Aram Mouratian

Foto: AFP / Archivo

Cada 24 de abril, desde el año 2007 y a partir de la sanción de la Ley 26.199, en nuestro país se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en memoria del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio. Este crimen, cuyo 111º aniversario se cumplirá el próximo viernes, no solo permanece impune, sino que continúa en curso.

El genocidio perpetrado contra el pueblo armenio puede entenderse como la culminación de un proceso acumulativo de masacres y deportaciones sistemáticas iniciado en 1915. El plan genocida intensificó el señalamiento y el deterioro de las condiciones de vida de los armenios en el Imperio Otomano, tal como venía ocurriendo desde finales del siglo XIX. A comienzos del siglo XX, dicha política fue continuada y profundizada por dos regímenes sucesivos. El primero fue el Comité Unión y Progreso, conocido como los Jóvenes Turcos, quienes asumieron el poder en 1908 y ordenaron la ejecución sistemática del exterminio armenio bajo la sombra de la Primera Guerra Mundial.

Con el panturquismo como ideología central y fundante, proyectaban la reconstrucción del Imperio Otomano con pueblos de origen túrquico en dirección a Asia Central.

Tras la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, Mustafá Kemal, quien paradójicamente se refirió al accionar de los Jóvenes Turcos contra los armenios como “un acto vergonzoso”, retomó esa línea de acción y continuó con el plan de aniquilación hasta la fundación de la República de Turquía en 1923. El movimiento kemalista y la Gran Asamblea Nacional Turca fueron un emergente de las particularidades de esa derrota. El Imperio Otomano no quedó bajo una ocupación aliada total ni fue sometido a una desmovilización militar efectiva. Además, los intereses de las potencias aliadas y el avance bolchevique en el Cáucaso favorecieron su consolidación.

El retiro de los aliados en 1921 dejó desamparados a cientos de sobrevivientes griegos y armenios que habían regresado tras la guerra. La victoria turca frente a Grecia en 1922, junto con el incendio intencional de la ciudad de Esmirna —donde murieron cientos de armenios y griegos— consolidó el poder de Kemal. Mientras los últimos sobrevivientes armenios huían sin posibilidad de retorno, la turquización forzada del territorio y la eliminación física de la presencia armenia se convirtieron en pilares del nuevo Estado turco. La fundación de la República en 1923 simbolizó el cierre del proceso de exterminio y la institucionalización de la invisibilización armenia, destinada a borrar todo vestigio de su relevancia étnica y cultural en Anatolia. El negacionismo se instalaba como política de Estado.

La ausencia de una intervención externa efectiva y la impunidad resultante permitieron a los perpetradores llevar adelante el exterminio total. A pesar de la consolidación de la República de Turquía, ya sin armenios en su territorio, la sovietización de las nuevas repúblicas del Cáucaso puso el proyecto panturquista en pausa.

Transcurrió más de un siglo para volver a colocar el tema en agenda. En 1991, el colapso de la URSS generó la aparición de cuatro nuevas repúblicas: Georgia, Azerbaiyán, Armenia y Nagorno-Karabaj (luego República de Artsaj). La República de Artsaj, que logró su independencia utilizando los mismos mecanismos que el resto de las ex repúblicas soviéticas, fue disputada por Azerbaiyán, a pesar de nunca haber formado parte de su integridad territorial como Estado independiente.

Luego de múltiples pogromos contra civiles armenios en las principales ciudades de Azerbaiyán —donde vivían más de 400.000 armenios, quienes además revivían recuerdos de lo acontecido en Anatolia años antes— fueron necesarios cuatro años de guerra para consolidar un alto el fuego relativamente estable en 1994.

Las negociaciones para una paz definitiva entre Azerbaiyán, Artsaj y Armenia fueron llevadas adelante por el Grupo de Minsk de la OSCE. Durante más de 25 años se negociaron alternativas para una resolución pacífica del conflicto, mientras Azerbaiyán se armaba para retomar la vía militar. No había interés en una resolución pacífica por parte del gobierno de Bakú.

La consolidación en el poder de Erdogan, las sucesivas crisis en Medio Oriente y los primeros chispazos en territorio ucraniano —particularmente en Crimea y el Donbás— comenzaron a gestar el escenario donde un ataque azerí sobre Artsaj era posible. Un intento fallido en 2016 quitó el velo del accionar militar y funcionó como ensayo de lo que vendría después.

Así como en 1915 la Gran Guerra funcionó como cobertura, en 2020 lo hizo la pandemia de COVID-19 y en 2023 la guerra en Ucrania. El ejército azerí, con apoyo militar, económico y político de Turquía, ocupó y expulsó a los armenios de Nagorno-Karabaj después de nueve meses de un bloqueo criminal y desoyendo órdenes de la Corte Internacional de Justicia, ante la mirada silenciosa y cómplice de la comunidad internacional. Honrosa excepción fue nuestro país, que denunció el bloqueo ilegal desde su Cancillería y el ataque en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Desde entonces, la República de Artsaj (Nagorno-Karabaj) se encuentra ocupada y vaciada de sus habitantes después de más de tres mil años. Doscientos cincuenta kilómetros cuadrados de territorio soberano e internacionalmente reconocido de la República de Armenia permanecen ocupados. Decenas de rehenes armenios siguen presos en Bakú, mientras, como en Turquía, se borra todo rastro de su presencia histórica.

Hoy, con Estados Unidos, Israel e Irán en nuevo conflicto y la amenaza de nuevos ataques siempre latente, seguimos demandando reconocimiento y reparación por las víctimas de 1915 y las de hoy.

Aram Mouratian

Director Ejecutivo del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica