Por: https://www.lapoliticaonline.com/

El hallazgo del cuerpo de Christian Rodrigo Toledo en Pedro Juan Caballero confirma el resurgimiento del grupo "Justicieros de la Frontera" en Amambay. La víctima, un exconvicto de 35 años, fue encontrada maniatada y con visibles signos de tortura. 

El cadáver yacía en un terreno baldío junto a un mensaje de advertencia escrito en cartón. La nota manuscrita firmada con las siglas JDF ordenaba expresamente no robar más en la frontera.

Este crimen se suma al asesinato de Marcelino Villalba Barreto ocurrido el pasado 8 de abril bajo condiciones de violencia extrema. Ambas ejecuciones compartieron características de tortura, ataduras en las extremidades y heridas cortantes en el cuello. 

Los investigadores policiales consideran que ambos casos están vinculados directamente al mismo grupo de exterminio. Esta seguidilla de ataques ha reavivado el temor ciudadano en la capital del departamento de Amambay.

Operativo desde el año 2014, este grupo acumula aproximadamente 100 víctimas en la convulsa región fronteriza. Sus ataques se distribuyen estadísticamente en unos 60 asesinatos en Brasil y 40 en territorio paraguayo. Se caracterizan por el uso de violencia desmedida, incluyendo la mutilación de manos a presuntos ladrones. Sus mensajes suelen ser dejados en esquelas rústicas o panfletos junto a los cadáveres de sus víctimas.

Analistas de seguridad sostienen que los JDF son en realidad sicarios al servicio de los grandes narcotraficantes locales. Sus integrantes actuarían como un brazo ejecutor o "capangas" bajo el mando de estructuras como el PCC. Líderes identificados como Anderson "Tuca" Menezes de Paula han comandado ambas organizaciones de forma simultánea.

Su motivación real no es la seguridad pública, sino la protección estratégica de sus negocios ilícitos. Eliminan a los denominados "delincuentes de poca monta" para evitar que sus robos atraigan presencia institucional. Los grandes capos de la mafia temen que los asaltos comunes motiven mayores intervenciones de las fuerzas estatales. Así aseguran que sus lucrativas rutas de drogas y armas permanezcan operativas y sin interferencias.

La reaparición del grupo vuelve a cuestionar la eficacia real de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte. La FTC fue instaurada originalmente en 2013 con la misión de pacificar y combatir el crimen organizado. A pesar de su despliegue permanente de hombres y recursos, las estructuras criminales han seguido expandiéndose. La militarización no ha logrado erradicar la violencia sistémica que define el día a día en la frontera.

Amambay mantiene tasas históricas de entre 60 y 70 homicidios por cada cien mil habitantes actualmente. Esta zona crítica concentra una desproporcionada cantidad de los asesinatos que se registran anualmente en el país. En el año 2019, esta región noreste aglutinó por sí sola el 36,5% de las muertes violentas a nivel país. Los números reflejan que la presencia militar por sí misma no garantiza la seguridad de la población.

El marco legal que rige a la FTC introdujo el polémico concepto de "agresión interna" en la defensa. Esto permitió legalmente que los militares cumplan funciones de seguridad interna que la Constitución reserva a policías. Sin embargo, este proceso de militarización ha traído consigo numerosas denuncias de abusos contra la población civil. Se reportan con frecuencia violaciones a derechos fundamentales de mujeres y niños en las zonas de conflicto.

La infiltración del crimen organizado en las propias fuerzas de seguridad agrava profundamente la situación regional. Se reporta que los pagos de sobornos están estipulados según el rango institucional de cada oficial involucrado. Algunos agentes incluso anuncian sus operativos previamente para no interferir con los negocios de los narcotraficantes. Esta colusión institucional permite que el verdadero control territorial siga en manos de las grandes mafias.

La impunidad es la norma en la frontera, donde menos del 10% de los homicidios son aclarados. El sistema judicial aplica una selectividad punitiva que ignora sistemáticamente a los sectores más poderosos del crimen. Las causas contra grandes estructuras suelen ser archivadas por factores de miedo, amenaza o corrupción judicial. El poder penal del Estado recae casi exclusivamente sobre los eslabones más débiles de la cadena.