Por: Redacción Central.

Jorge kronawetter, Robert Alter y Carlos Vera.

Paraguay se prepara para recibir este jueves al primer grupo de 25 migrantes no admitidos por Estados Unidos, en el marco del memorando de entendimiento en materia migratoria firmado por ambos gobiernos en febrero pasado y que complementa el Acuerdo de Tercer País Seguro sellado en agosto de 2025 entre la administración de Donald Trump y Santiago Peña. 

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el ministro de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), Carlos Vera. También estuvieron presentes el encargado de negocios de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter y el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter. 

Según explicaron las autoridades, se trata de ciudadanos sin antecedentes penales, de habla hispana y originarios de la región, que serán evaluados "caso por caso" para determinar si son repatriados a sus países de origen o si eventualmente pueden permanecer en Paraguay bajo la ley de refugio. 

El mecanismo establece que, previo a cada traslado, las autoridades estadounidenses remitirán a la Conare un manifiesto con los datos de las personas propuestas, y Paraguay dispondrá de un plazo de 72 horas para revisar y pronunciarse al respecto. 

El acuerdo contempla inicialmente la recepción de hasta 25 personas por mes, aunque las listas se completarán después de una evaluación rigurosa que garantice que solo quienes cumplan los criterios establecidos puedan ser admitidos en territorio paraguayo. 

El encargado de negocios estadounidense aclaró que estos migrantes "no tienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos" y que la intención no es que lleguen a Paraguay para pedir esa protección, sino facilitar su regreso a sus países de origen de manera segura y ordenada. 

El memorando firmado en febrero por el canciller Rubén Ramírez Lezcano y Michael Kozak, de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, amplió la cooperación migratoria existente y permite que los migrantes rechazados por Estados Unidos puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay. 

Esta iniciativa refuerza la alianza estratégica entre ambos países y se enmarca en la política de la administración Trump de "compartir la carga" migratoria, buscando disuadir la inmigración ilegal y frenar el abuso del sistema de asilo estadounidense. 

Sin embargo, la ampliación del acuerdo abrió interrogantes sobre el alcance real del compromiso asumido por Paraguay, el tipo de personas que podrían ser enviadas desde Estados Unidos y el impacto operativo, social y político que tendrá para el país asumir un rol activo en la gestión de migrantes rechazados. Las autoridades se reservaron dar a conocer sus nacionalidades por razones de confidencialidad. 

La Conare será la encargada de evaluar cada solicitud y determinará su aprobación o rechazo conforme a la normativa vigente, incluyendo la posibilidad de que aquellos que deseen permanecer en Paraguay puedan acceder a los procedimientos de verificación de la ley de refugio, en caso de ser perseguidos por raza, religión o género. 

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, enfatizó que Paraguay no renuncia ni renunciará a su soberanía de decisión sobre cada caso, y que se siguen realizando todos los chequeos correspondientes, incluyendo consultas con Interpol para verificar antecedentes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acompañará todo el proceso y costeará la asistencia humanitaria inmediata, que incluye alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia, sin que ello represente costo alguno para Paraguay.

Posteriormente, se cubrirá el costo del boleto de viaje hacia su destino final, ya sea su país de origen o un tercer país que consideren. Desde sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos surgieron críticas por la falta de claridad sobre los beneficios concretos que recibirá Paraguay por este acuerdo y por las posibles implicancias en materia de soberanía. 

La ambigüedad llevó varios sectores a exigir que la Cancillería aclare el alcance real del compromiso y los mecanismos de control que garantizarán que no se vulneren los derechos de los migrantes durante su tránsito y estadía temporal en el país.