Por: Agencia InnContext

Ya comenzó en Melbourne, Australia, la conferencia Women Deliver 2026, con llamados a reordenar el sistema global de financiamiento y gobernanza en un contexto de retrocesos en derechos de mujeres y niñas, reducción de la ayuda internacional y creciente debate sobre el rol de la sociedad civil. El encuentro, que se extenderá hasta el 30 de abril, reúne a representantes de gobiernos, organismos multilaterales, filantropía, organizaciones sociales y activistas. En total participan 5.990 delegados de 189 países.

La directora ejecutiva de Women Deliver, Maliha Khan, cuestionó la arquitectura actual del financiamiento global, al señalar que el sistema que acompañó avances en políticas para mujeres y niñas también generó dependencia de recursos concentrados en países donantes y organizaciones del Norte global. “El sistema que albergó nuestras victorias creó un modelo de dependencia”, sostuvo, y advirtió sobre una limitada rendición de cuentas hacia las comunidades. Planteó que el escenario actual debería habilitar una revisión del esquema de cooperación, con mayor autonomía de los países receptores y un fortalecimiento del rol de la sociedad civil.

En la misma línea, la subsecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, advirtió sobre retrocesos en derechos en un contexto de aumento de la violencia, conflictos y recortes de asistencia internacional. Señaló que la concentración del poder y la reducción del financiamiento externo están debilitando políticas públicas dirigidas a mujeres y niñas, y llamó a los Estados a respaldar sus compromisos con presupuesto, legislación y recursos. Mohammed destacó además el papel de la sociedad civil como mecanismo de control y rendición de cuentas: “No hay avance sin una sociedad civil fuerte capaz de exigir rendición de cuentas”, afirmó.

Desde el Pacífico, la dirigente Noelene Nabulivou puso el acento en la dimensión política del financiamiento y la representación. Sostuvo que las decisiones globales sobre recursos han tendido históricamente a excluir a las comunidades afectadas y reclamó un desplazamiento del poder hacia organizaciones locales y comunitarias, con mayor participación en la definición de prioridades y en la asignación de recursos.