Por: Redacción Central.

El debate sobre el reajuste del salario mínimo se instaló nuevamente en la agenda, con posturas diferenciadas entre empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo, a cargo de Mónica Recalde. En principio, los trabajadores consideran que el sueldo base debe llegar a los G. 7 millones, pero la propuesta formal plantea un aumento de entre el 20 y el 25%.

Desde el sector empresarial defendieron el esquema actual ya que permite ajustar el salario conforme a la inflación y, sobre todo, aporta previsibilidad en la estructura de costos. Este criterio, insisten, acompaña la evolución de los precios sin generar alteraciones significativas en el mercado laboral.

En contrapartida, los sectores sindicales plantearon la necesidad de revisar la metodología vigente porque el ajuste por IPC no reflejaría del todo la evolución del poder adquisitivo ni otras variables económicas relevantes.

Para el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), José Pineda, la pérdida del salario mínimo en este momento ronda los 20 a 25% si se toman diferentes parámetros. Además, el referente gremial destacó que el costo de alimentación en la última década experimentó un incremento del 90%, cuando el reajuste del salario mínimo fue solo del 47%.

"Lo mínimo que debe ser el salario mínimo en este momento es G. 3.500.000. Si a esto le sumamos la dificultad del transporte público, la falta de salud pública, los gastos en educación, estamos hablando de una situación muy complicada para el trabajador. Entonces, el salario mínimo debe tener un sistema de reajuste adecuado y justo para el trabajador".

Pineda mencionó que si bien el sector empresarial se ajusta a la normativa vigente al aplicar el reajuste del salario mínimo según el IPC, el escenario actual expone limitaciones en esa fórmula, por lo que el eje del debate debería trasladarse a la propia ley, entendida como una herramienta modificable a través del diálogo entre los distintos sectores.

El Gobierno se mantiene en un rol de articulación dentro del proceso, en un escenario donde persisten diferencias entre las partes. La definición del reajuste involucra tanto aspectos técnicos como negociaciones entre los sectores involucrados.

"Pedimos también un poco de apoyo a la Organización Internacional del Trabajo en base a la experiencia de ellos y ver las metodologías que se aplican en otros países. El sector empresarial es un poco más partidario de mantener el IPC y eventualmente estudiar para más adelante otras alternativas", dijo el viceministro de Trabajo, César Segovia.

La discusión sobre el salario mínimo se desarrolla en un contexto en el que el comportamiento de la inflación y la dinámica económica influyen directamente en las posiciones asumidas por cada sector. El resultado del proceso dependerá de los consensos que puedan alcanzarse en torno al mecanismo de ajuste.