Por: Redacción Central

Agentes de la Senad desmantelaron este fin de semana un sofisticado laboratorio clandestino en la Colonia San José del Norte, San Pedro. El operativo, liderado por el Departamento Regional Nº 7, permitió incautar más de 118 kilos de marihuana de alta potencia. El hallazgo evidenció cómo las bandas criminales trasladan procesos complejos al monte.

La infraestructura detectada utilizaba técnicas avanzadas para producir derivados con alta concentración de THC, conocidos como aceite o resina (BHO). El método emplea gas butano para la extracción de concentrados, representando un salto cualitativo en la producción local. Estas sustancias, como la marihuana tipo "dry" -concentrado canábico de alta calidad-, tienen un mayor valor y demanda en el mercado.

En el sitio se hallaron 43 garrafas, cilindros metálicos, mecanismos de refrigeración, un congelador y balanzas de precisión para el procesamiento. Este equipamiento permite a las organizaciones criminales evolucionar tecnológicamente y maximizar sus ganancias en zonas rurales. La complejidad de la instalación confirma que el narcotráfico se moderniza para evadir controles.

Mientras estos laboratorios operan, el ministro del Interior, Enrique Riera se jactaba esta misma semana de haber sacado al Paraguay del corredor regioal de las drogas, basado en un informe de InSight Crime que, sin embargo, revela una realidad distinta. Las incautaciones de cocaína en Paraguay sufrieron una caída del 82,6% durante el año 2025, es decir, se decomisó apenas una tonelada, frente a las 5,5 toneladas registradas en el periodo anterior.

Esta disminución no implica necesariamente éxito, sino un retorno a niveles habituales tras un único operativo récord en 2024. El informe advierte que Paraguay sigue siendo una plataforma clave para el envío de cocaína desde Bolivia hacia Europa. La ubicación estratégica facilita que el país funcione como un centro logístico esencial para el tráfico internacional.

InSight Crime señala que la desconfianza entre las autoridades paraguayas es un factor crítico que limita la cooperación. Esta falta de articulación debilita las investigaciones y el intercambio de inteligencia necesario para combatir al crimen. La corrupción interna impide que se logren resultados sostenibles contra las estructuras de tráfico de drogas.

Un ejemplo de esta corrupción endémica es la situación del senador con licencia del Partido Colorado, Erico Galeano, citado expresamente en el informe. En marzo pasado, Galeano fue condenado a 13 años de prisión por supuestamente haber proporcionado apoyo logístico a traficantes de cocaína, en particular al capo narco uruguayo Sebastián Marset. El legislador también fue condenado por lavar las ganancias provenientes de estas actividades ilícitas.

A pesar de la gravedad de la condena, Galeano aún no ha sido detenido formalmente por la justicia. Este caso refuerza la percepción de impunidad que rodea a los vínculos entre el narcotráfico y la política nacional. Al mismo tiempo, el informe cita que el asesinatos de figuras que investigaban al crimen organizado, como el fiscal Marcelo Pecci, cuyo magnicidio fue hace 4 años, permanecen sin esclarecerse.

La modernización de la producción en San Pedro demuestra que las estructuras criminales mantienen su operatividad y vigencia. Mientras se instalan laboratorios de alta tecnología, las debilidades institucionales siguen facilitando el flujo de estupefacientes. La brecha entre el discurso oficial y la realidad operativa parece profundizarse cada día más.

La semana pasada, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre la infiltración sistémica del crimen organizado en las estructuras del Estado paraguayo. Este fenómeno, aunque no es nuevo, erosionó gravemente la independencia judicial y la integridad de la política nacional, advierte el informe que también evidencia una captura institucional que compromete seriamente la seguridad del Estado, según el informe.

Para la comisión, "los niveles de violencia e impunidad se mantienen elevados, en un contexto de denuncias de corrupción estatal" y advierten que "persisten redes de tráfico de armas, así como asesinatos y ataques contra periodistas, especialmente en zonas fronterizas".