Por: Michelle Muschett. Directora de la Oficina Regional del PNUD para América Latina y el Caribe

La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, que se celebró en las Bahamas, nos brindó una oportunidad clave para recordar por qué este acuerdo representa un hito fundamental: situar los derechos humanos y la protección del medio ambiente en el centro del desarrollo humano.

La degradación ambiental y la vulnerabilidad social están profundamente interconectadas, exponiendo a quienes defienden la tierra, el agua, la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas a riesgos cada vez mayores. En ningún lugar es esto más evidente que en América Latina y el Caribe, una región de paradojas. Es un centro mundial de riqueza natural y alberga 10 de los 36 hotspots de biodiversidad del planeta, y al mismo tiempo enfrenta las tasas más aceleradas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Es la región en desarrollo más democrática, pero la desigualdad persistente, la creciente fragmentación social, la erosión de los derechos humanos y el estancamiento del desarrollo humano la convierten en una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Cerca del 80 por ciento de las más de 2.100 personas asesinadas o desaparecidas en el mundo entre 2012 y 2023 provenían de esta región. En medio de estos contrastes, el Acuerdo de Escazú —en vigor desde 2021— ofrece una vía hacia un futuro más inclusivo, resiliente y sostenible en América Latina y el Caribe.

Como tratado pionero en materia ambiental y de derechos humanos, el Acuerdo de Escazú —el primero en incluir obligaciones explícitas para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales— garantiza el acceso a la información, la participación pública significativa en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En esencia, la justicia ambiental trata de proteger a las personas y al planeta: sus derechos, sus voces y su capacidad de incidir en las decisiones que afectan sus vidas y, en última instancia, el entorno del que dependen. El Acuerdo de Escazú responde directamente a este imperativo, reconociendo que la protección del ambiente y la salvaguarda de los derechos humanos están estrechamente vinculadas al desarrollo humano.

Más allá de su innovación jurídica, Escazú remite a un principio democrático más amplio: las decisiones sobre el ambiente —sobre la tierra, el agua y el territorio— no pueden ser tomadas exclusivamente por los gobiernos o los mercados; requieren una participación ciudadana informada y significativa. En este sentido, Escazú da una expresión práctica a la idea de la democracia ambiental: la extensión de las normas y salvaguardias democráticas a la gobernanza de los recursos naturales y a la gestión colectiva de los bienes comunes.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2025 para América Latina y el Caribe propone un concepto prospectivo de desarrollo humano resiliente: un enfoque centrado en fortalecer la capacidad de las personas para resistir las crisis, reconociendo al mismo tiempo su profunda interdependencia con la naturaleza. Los ecosistemas saludables refuerzan la resiliencia; las sociedades resilientes, a su vez, están mejor preparadas para protegerlos y restaurarlos. Este círculo virtuoso se encuentra en el núcleo de la visión de Escazú.

La gobernanza de los recursos naturales no solo configura las trayectorias de crecimiento; también define la calidad misma de la democracia, al poner a prueba la capacidad del Estado para equilibrar los intereses privados, los derechos colectivos y la sostenibilidad. Las democracias sólidas son aquellas que transforman estas tensiones en espacios de deliberación pública y de decisiones políticas legítimas —no en fuentes de polarización o conflicto, sino en estabilidad que permita el crecimiento sostenible y la inversión.

A través de iniciativas como el Programa Global de Estado de Derecho y Derechos Humanos, el Nature Pledge y el Climate Promise, el PNUD apoya a los países en la alineación de la política ambiental, los sistemas económicos y los resultados sociales, sobre la base de estrategias de desarrollo resiliente y sostenible y mecanismos de gobernanza democrática. Esto incluye el fortalecimiento de instituciones resilientes capaces de anticipar, prevenir y gestionar múltiples crisis interconectadas, al tiempo que se fomentan procesos participativos que garanticen la inclusión significativa de las juventudes y de otras voces subrepresentadas en la toma de decisiones, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este enfoque sistémico apoya a los gobiernos y las sociedades de América Latina y el Caribe en la traducción de los compromisos del Acuerdo de Escazú —y del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible— en acciones concretas, vinculando la protección ambiental con la gobernanza democrática, la inclusión social y la resiliencia a largo plazo.

En el Perú y Bolivia, el PNUD ha acompañado procesos de gobernanza transfronteriza para contribuir a garantizar resultados justos, informados y basados en derechos en decisiones ambientales y de desarrollo complejas en la cuenca del lago Titicaca–Desaguadero–Poopó–Coipasa. En Colombia, ha apoyado la creación de jurisdicciones agrarias y la consolidación de mecanismos de persecución penal ambiental, contribuyendo a una Justicia Ambiental más eficaz, oportuna y centrada en las personas. En Ecuador y Belice, la ampliación del acceso a la información ambiental está ayudando a mejorar la planificación basada en evidencia y a fortalecer la rendición de cuentas frente a los riesgos climáticos. Estos esfuerzos demuestran que la implementación de Escazú no se limita a los marcos jurídicos: se trata de transformar la forma en que se toman las decisiones, cuyas voces son escuchadas y cómo se protegen los derechos en la práctica.

Lejos de limitar el desarrollo y el crecimiento económico, el Acuerdo de Escazú los fortalece como una herramienta de gobernanza que incrementa la certeza, la confianza y la legitimidad social. Al promover reglas transparentes, procesos de toma de decisiones previsibles y participativos, y un acceso efectivo a la justicia, contribuye a prevenir conflictos, reducir riesgos políticos y reputacionales, y crear un entorno más estable para una inversión sostenible de largo plazo alineada con las prioridades nacionales de desarrollo.

El PNUD mantiene su compromiso de trabajar junto a los gobiernos, el sector privado, las comunidades, la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos para garantizar que la promesa de Escazú se traduzca en mejoras tangibles en la vida de las personas. Al hacerlo, promovemos un modelo de desarrollo que no solo sea sostenible, sino también resiliente, inclusivo y justo, y que reconozca que la protección de quienes defienden el ambiente es esencial para asegurar nuestro futuro colectivo.