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Detención del Lider Campesino Elvio Benítez.

La reciente detención de Elvio Benítez, dirigente de la Coordinadora de Sin Tierras de San Pedro, vuelve a poner en el centro del debate la persistente criminalización de la lucha campesina en Paraguay. Benítez fue arrestado la semana pasada y trasladado a la cárcel de Emboscada, imputado por supuesta perturbación de la paz pública e instigación a cometer hechos punibles. Las acusaciones se producen en el contexto de las movilizaciones campesinas por la recuperación de tierras mal habidas vinculadas al narcotráfico.

El caso está directamente relacionado con la disputa por la Estancia Lusipar, un extenso inmueble de más de 10.000 hectáreas que pertenecía al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha y que fue comisado por el Estado a través de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO). En diciembre pasado, una multitudinaria movilización de campesinos y campesinas intentó llegar hasta esas tierras con el objetivo de presionar para su redistribución en favor de pequeños productores y la creación de un asentamiento rural. La protesta fue reprimida, con detenciones y posterior procesamiento de varios dirigentes, entre ellos Benítez.

Organizaciones sociales denuncian que este tipo de acciones no son aisladas, sino que forman parte de un patrón sistemático de persecución judicial contra el campesinado organizado. La criminalización, a través de imputaciones penales, desalojos forzosos y uso de la fuerza pública, aparece como una estrategia estatal para contener las demandas por reforma agraria en un país marcado por una profunda desigualdad en la tenencia de la tierra.

Paraguay continúa siendo uno de los países con mayor concentración de tierras en el mundo: un reducido grupo de grandes propietarios controla cerca del 80% de las tierras cultivables, mientras miles de familias campesinas e indígenas carecen de acceso a tierra suficiente para la producción y la vida digna. En este contexto, las ocupaciones de tierras —muchas de ellas sobre propiedades de origen irregular— se convierten en una de las principales herramientas de presión social.

Casos similares al de San Pedro se registran en el departamento de Canindeyú, donde comunidades como Edilson Mercado y 15 de Agosto enfrentan constantes ataques por parte de civiles armados, así como procesos de criminalización impulsados por el Ministerio Público. Dirigentes comunitarios se encuentran detenidos, mientras otros viven bajo permanente amenaza y persecución. De la misma manera, meses atrás la policía detuvo en un procedimiento irregular al dirigente campesino Jorge Mercado, de la comunidad 1° de marzo Joaju, manteniéndolo preso hasta la actualidad.

A estos hechos se suman datos recientes que evidencian la intensidad de la política de desalojos en el país. Según el informe Soja al cuello 2025, se documentaron 10 desalojos violentos en 7 departamentos, que afectaron directamente a más de 4.000 personas. En estos operativos, alrededor de 16.000 hectáreas fueron desalojadas, con destrucción de viviendas, enseres, cultivos de autoconsumo y animales menores; incluso se registraron incendios de escuelas e iglesias, profundizando la vulnerabilidad de las comunidades. En el actual periodo de gobierno de Santiago Peña, la tendencia se mantiene: en dos años se contabilizan 14 desalojos campesinos que impactaron a unas 4.850 personas, así como 12 desalojos y atropellos contra comunidades indígenas, afectando a más de 600 familias, lo que confirma la persistencia de una respuesta estatal basada en la expulsión y la violencia antes que en soluciones estructurales al problema de la tierra.

Estas cifras evidencian una respuesta estatal centrada en la represión antes que en la solución estructural del problema agrario. Frente a la ausencia de políticas efectivas de reforma agraria y redistribución de tierras, las comunidades campesinas e indígenas continúan enfrentando un escenario de exclusión, donde la defensa de sus derechos territoriales es frecuentemente tratada como delito.

La situación de Elvio Benítez se suma así a una larga lista de dirigentes sociales procesados por ejercer el derecho a la protesta. Su caso reabre interrogantes sobre el rol del sistema de justicia y la necesidad de avanzar hacia políticas que reconozcan y garanticen el acceso equitativo a la tierra, como base para una sociedad más justa y democrática.