Por: Víctor Báez Mosqueira.

El diario “L´Humanité” de Francia trae en su portada del 26 de abril de 2026 el siguiente título: “Los forzados en bicicleta sacuden sus cadenas”. Se refiere a los trabajadores de dos empresas de plataforma: Uber Eats y Deliveroo.

La primera forma parte de la empresa que conocemos en América Latina como dedicada al transporte privado de pasajeros (Uber) y ambas se dedican en Francia a transportar y entregar los pedidos que la gente hace a los restaurantes. La  palabra “forzados” significa aquí que quienes trabajan en esas dos  empresas hacen  tareas parecidas a quienes eran condenados a trabajos forzados en el pasado. La expresión “sacuden sus cadenas” quiere decir no solamente que pelean por mejores condiciones, sino que  hacen el delivery  con sus bicicletas o motocicletas y que ambos vehículos tienen cadenas. 

La demanda penal bajo la acusación de “trata de seres humanos” sostiene que el sistema utilizado por estas dos plataformas “constituye una trata con fines de trabajo forzado” tomando en cuenta que “el sistema descansa en la precariedad laboral” de las personas que trabajan para hacer las entregas. Esa gente es comúnmente conocida en Paraguay como “deliveries”. Estos/as ganan salarios miserables y no tienen ningún tipo de protección. Según “L´Humanité”trabajan 63 horas semanales y ganan menos del salario mínimo que se paga en Francia. Las empresas los pueden cancelar  en cualquier  momento, es decir, ya no les permite que sigan trabajando. 

Al leer esto, no pude evitar pensar en los miles de choferes de Bolt, Uber y otros  que trabajan en Paraguay, en más o menos las mismas condiciones, sin olvidar a quienes hacen las entregas para los restaurantes, farmacias, supermercados y otros negocios. Es que éste es un fenómeno mundial que debe ser tomado en cuenta y sobre el cual hay que tener una postura. 

La falta de una legislación internacional mínima que proteja a ese sector de trabajadores es notoria. Hasta ahora hay países que han hecho cosas muy dispares para reconocer sus derechos. Muchos aun compran el argumento de las grandes empresas de que son colaboradores independientes y no trabajadores. Donde  los trabajadores de este rubro están mejor es en los países escandinavos: tienen protección legal y gozan de los beneficios del contrato colectivo del sector transporte. 

Pasos hacia el futuro 

 Viendo la necesidad de tener una legislación internacional unificadora sobre este problema, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT decidió, hace dos años, elaborar un Convenio vinculante y una Recomendación para garantizar el trabajo decente (trabajo con derechos)  en la economía de plataformas. Ambos documentos podrán ser acordados dentro de más o menos dos años. 

Para clarificar, un Convenio Internacional de la OIT es una norma elaborada de manera tripartita (representantes de trabajadores, de empleadores y de gobiernos) que se vuelve vinculante en un país cuando éste lo ratifica. Ahí pasa a ser igual a un tratado internacional aprobado por el parlamento. Por su parte, una Recomendación es un conjunto de sugerencias para los países, con la intención  ayudarlos a llegar a los objetivos establecidos en la norma que es el Convenio.  

.Es necesaria una norma internacional sólida para impedir que sean socavados los derechos de la gente que trabaja y para garantizar que el progreso tecnológico sea beneficioso para la humanidad y no sólo para las empresas. 

Las organizaciones de trabajadores de plataformas reclaman las mismas protecciones básicas de las que disfruta cualquier otro trabajador, así como regulaciones sobre los nuevos retos que plantea la tecnología, que pasan por la regulación algorítmica, la protección de datos, contrataciones transparentes y juicios laborales justos. El logro de estas aspiraciones beneficiarán a toda la sociedad, porque el trabajo en plataformas se extiende cada vez más. 

Esa legislación internacional podrá acabar también con posiciones duales o contradictorias de gobiernos como el de Paraguay. Recuerdo que en la Conferencia Regional de la OIT realizada en Panamá, hace algunos años, la ministra de trabajo de Paraguay insistía en que la política principal del gobierno era la formalización laboral, pero cuando se le preguntó si había que formalizar a los choferes de Uber y de Bolt, dijo que no.