Por: Redacción Central.

Santiago Peña y Rodrigo Paz, Presidente de Bolivia.

La crisis política que atraviesa Bolivia amenaza con paralizar aún más la agenda de obras de infraestructura que el país andino y Paraguay venían impulsando. Desde el Gobierno llaman a la tranquilidad, aunque hasta el momento Santiago Peña se sumó a un comunicado conjunto con Argentina y otros países de la región para repudiar las movilizaciones "desestabilizadoras" contra la administración de Rodrigo Paz.

El presidente Paz acusó a Evo Morales de liderar las protestas que hace más de diez días mantienen bloqueadas rutas clave, mientras que el exmandatario denuncia un supuesto plan de la DEA y el Ejército boliviano para detenerlo.

Paz había presentado audios en los que se escucha a Morales impartir instrucciones para organizar bloqueos y cercos a La Paz, lo que llevó al canciller boliviano Fernando Aramayo a denunciar un "plan macabro" financiado con fondos del narcotráfico para tumbar al Ejecutivo de centroderecha.

A pesar de la política, el Corredor Bioceánico podría continuar su desarrollo, debido que Bolivia no integra el proyecto para unir el Pacífico con el Atlántico. Sin embargo, si se agudiza la situación, el ya bastante postergado Corredor Ferroviario Bioceánico, corre peligro de un parate total.

La obra es un antiguo anhelo de ambos países que prevé una línea férrea de unos 500 kilómetros entre Roboré (Bolivia) y Puerto Carmelo Peralta (Paraguay), y conectaría a Bolivia a otros tramos importantes para el comercio del lado paraguayo.

Fuentes del MOPC señalaron que varios proyectos bilaterales están postergados desde hace un tiempo. El Corredor Ferroviario que se pensó construir en la era Abdo-Arce no volvió a retomarse, así como el acuerdo energético entre la ANDE y la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia, firmado el año pasado.

Este último acuerdo pretende la integración mediante la construcción de una línea de transmisión entre Loma Plata (Paraguay) y Yaguacua (Bolivia). 

Ocho países de la región, entre ellos Paraguay, emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su "profunda preocupación" por la situación humanitaria y rechazaron cualquier acción contra el orden democrático en Bolivia.