Por: Pilar Lizárraga. Fuente: Agencia Pressenza

(Imagen de APC Bolivia)

La Bolivia Plurinacional se encuentra en un momento de crisis política, económica y social como parte de la continuidad del ciclo que se instala en Bolivia con el golpe de Estado del 2019.

En este ciclo el gobierno de Paz abre una tercera etapa que en los primeros seis meses de su mandato instala un régimen entreguista que busca liquidar las conquistas colectivas y el pacto social político y económico expresado en la Constitución Política del Estado 2009.

Los seis meses del gobierno de Paz se caracterizan por una estrategia sustentada en pactos con los grupos fascistas del 2019, -con el objetivo del retorno de los privilegios de las clases privilegiadas, a partir de establecer las bases para el despojo de las riquezas estratégicas del territorio por parte del imperio Trump, las restitución del poder del Oriente por la vía de la restitución de los latifundios y la expropiación del derecho territorial de los campesinos y por la eliminación de la figura de Evo Morales.

Paz a través de su vocería ha venido instalando una narrativa de «Estado tranca» para avanzar en el desmantelamiento del Estado Plurinacional a través de decretos y alianzas con sectores empresariales del Oriente.

Se ha intentado por la vía de decretos y leyes la apropiación de nuestros bienes comunes, la erosión de la institucionalidad democrática. Leyes como las 1720 han puesto en evidencia el retorno de lo colonial y la estrategia de expropiación de los derechos consuetudinarios de los pueblos.

Las acciones anticonstitucionales han llevado a una movilización del bloque popular que de demandas que van desde incremento salarial, respeto a la CPE, respeto a los derechos colectivos territoriales y derechos agrarios establecidos han constituido una voz unánime pidiendo la renuncia de Paz. Los argumentos que sustentan esta agenda esta en la incapacidad que tiene este gobierno para conducir el Estado, en el entreguismo y el irrespeto a la CPE y a los derechos del pueblo boliviano, a los niveles de corrupción que han sido evidentes en los seis meses de este gobierno y ante los pactos entreguistas que ha venido desarrollando.

El escenario de conflictividad ha escalado con el despliegue de efectivos de las fuerzas de seguridad para intervenir los puntos de bloqueo instalados por el bloque popular y de una marcha que viene recorriendo 190 km para llegar a la sede de gobierno.

La acción policial y militar se ejecutó y se viene ejecutando bajo el pretexto de un «operativo humanitario» dejando un saldo de múltiples dirigentes y manifestantes detenidos, muerte de un dirigente en un punto de bloqueo.

El sustento legal para esta ofensiva estatal proviene de una reciente resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). A partir de la activación de una acción popular que construye el mandato e instrumentaliza la justicia para criminalizar el derecho constitucional a la protesta. La resolución instruye el levantamiento inmediato de las movilizaciones bajo la amenaza de aplicar sanciones penales individuales, lo que la oposición social califica como una virtual «licencia para matar» otorgada al Ejecutivo para aplastar la disidencia en las calles.

Autoría: Pilar Lizárraga, publicada en Agencia Plurinacional de Comunicación Bolivia