Por: Raúl Zibechi. Fuente: https://desinformemonos.org/

Capital y crimen organizado contra los pueblos

En muy pocas ocasiones el poder aparece desnudo, dejando ver sus pestilentes secreciones, aquellas que se empeña en ocultar con el apoyo sumiso de los grandes medios y de las instituciones estatales. Cuando eso sucede, tenemos la oportunidad para comprender los modos de las opresiones y violencias que nos acechan. En suma, podemos iluminar las prácticas más repugnantes, aquellas que jamás van a ventilar en público.

El Hondurasgate nos permite justamente eso, comprender las entrañas del sistema y confirmar las más oscuras sospechas, esas que a menudo no podemos afirmar porque no contábamos con los datos suficientes. Entre ellas, la íntima colaboración entre el capital y el crimen organizado, alianza operativa bendecida por los Estados y el imperio. Se difundieron 37 audios, fechados entre enero y abril de 2026, donde una voz identificada como la del expresidente Juan Orlando Hernández asegura que su indulto se habría realizado con la mediación del gobierno de Israel.

Desde hace mucho tiempo, con base en lo sucedido en Colombia en el marco de la represión a las izquierdas y a las guerrillas, observamos un activa colaboración entre grandes empresas, militares, paramilitares y crimen organizado. En julio de 2025, la justicia colombiana emitió un fallo histórico al condenar a siete exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands International por financiar a grupos paramilitares en la región de Urabá entre 1997 y 2004. La compañía pagó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) más de 1,7 millones de dólares, un grupo paramilitar que asesinó campesinos y militantes populares.

Más recientemente, dos altos cargos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) fueron condenados a 22 y 30 años de prisión como coautor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras, asesinada por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque.

Contamos además con una serie de investigaciones sobre las relaciones Estado y capital con el crimen organizado, y en particular con el narcotráfico, que iluminan de forma contundente estos vínculos. Dawn Paley publicó en 2020 “Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo”, en el que desmenuza cómo la guerra contra las drogas mexicana es en realidad una guerra contra los movimientos de abajo. En suma, hay abundante material empírico y analítico sobre el tema.

Lo que nos aporta el Hondurasgate es que son los propios victimarios los que se desnuda. El indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotraficante, al comprobarse que facilitó el envío de unas 400 toneladas de cocaína en alianza con cárteles como el de Sinaloa. El indulto de Trump persigue varias cuestiones: por un lado atacar a los progresismo de la región, tanto al de Honduras como a los de México y rtasil, ambos en el gobierno.

La otra es que el Pentágono espera convertir a Honduras en un enclave estratégico para su injerencia en la región. Además de la base de Palmero, Estados Unidos pretende construir otra más, y expandir las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), con el objetivo de bloquear la influencia de China en la región. Washington ya consiguió acotar la `presencia de China en el Canal de Panamá y ahora se dispone a montar una base militar en el puerto de El Callao, en Perú, para contrarrestar al puerto de Chancay construido por China. Para eso el imperio se propone gastar hasta 1.500 millones de dólares.

Pero la cuestión central, desde mi punto de vista, es cómo los audios desnudan la propuesta de realizar “cacerías” contra los opositores o la demanda de sangre (“se necesita sangre”, dice Hernández, para “tener a la gente controlada”). El ex invoca tanto a Trump y Javier Milei, como a Pablo Escobar, para argumentar la necesidad de controlar al pueblo hondureño por la violencia.

Por último, este entramado violento y represivo cuenta con el respaldo de las iglesias evangélicas, como sucede en toda la región. “Las iglesias son las que se nos van a encargar de que se olvide el pasado. Y que piensen que fue la izquierda la que hizo eso”, dice Hernández como parte de la batalla cultural en curso. El objetivo de Estados Unidos es el control militar de los recursos estratégicos para reposicionarse en la región, contener a China y revertir su decadencia hegemónica.

Tengo claro que muchos pueden decir que esto ya lo sabíamos. Que la larga experiencia de Colombia, de México y de las favelas de Brasil atestiguan esta alianza capital-Estado-crimen organizado, contra los pueblos y las izquierdas. La diferencia, a mi modo de ver, es que con el Hondurasgate hay un reconocimiento explícito de esa alianza y de que el objetivo no es otro que destruir los movimientos de los pueblos. Y si hace falta, a los mismos pueblos, con el apoyo de Israel.

Por esto, no debemos separar Estado de narco y de empresariado. Todos son parte del capitalismo. Este es el capitalismo realmente existente, el que provoca genocidios y muertes, el sistema que aspira a desaparecer pueblos y territorios. Debemos recordarlo cuando hablemos de ciudadanía y de derechos humanos, cuando nos empeñemos en pedir justicia a un Estado que nunca la a atender porque, como demuestra el caso de Honduras, trabaja para el gran capital junto al crimen organizado.