Por: Redacción Central.

Erico Galeano.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, revocó las medidas alternativas de las que gozaba el exsenador Erico Galeano. La decisión judicial se tomó tras atender una solicitud formal presentada por los fiscales de la causa, Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta.

La resolución dictada por el tribunal establece la prisión preventiva para el exlegislador colorado en el Centro Nacional de Prevenidos, establecimiento conocido hasta hace poco como Tacumbú. Galeano ya cuenta con una condena de 13 años de pena privativa de libertad, impuesta por la justicia el pasado 4 de marzo.

Aquella sentencia inicial determinó su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y asociación criminal dentro del esquema del operativo A Ultranza Py. Tras la orden de detención, el exsenador ingresó al Departamento de Judiciales de la Policía, aunque su defensa indicó que el traslado al penal podría retrasarse debido al cierre de portones.

En los ámbitos de seguridad de Asunción, la repentina aceleración del proceso judicial contra Galeano no es vista como un hecho aislado de la justicia ordinaria. Fuentes políticas y de seguridad que pidieron el anonimato consideran que no se puede descartar que la medida forma parte de una estrategia para mantener a Erico bajo la jurisdicción paraguaya.

Esta maniobra coincide con las novedades del caso de Sebastián Marset en Estados Unidos, donde su audiencia ante el Tribunal de Virginia, prevista inicialmente para hoy miércoles, fue postergada para el 1 de julio. El capo uruguayo enfrenta cargos federales en EEUU que podrían costarle una condena superior a los 20 años de cárcel.

Debido a la alta expectativa de pena, los investigadores norteamericanos barajan la posibilidad de que Marset decida declararse culpable a cambio de una reducción de su castigo. Para acceder a ese beneficio legal, el procesado debería proveer información sustancial sobre la red política que otorgó protección a su organización en Paraguay.

Si Marset decide colaborar con los fiscales estadounidenses y aporta datos concretos sobre el financiamiento local, Washington tiene la potestad de activar un pedido de extradición. Ante este escenario, la permanencia de Galeano -cuya condena fue precisamente por su participación en el esquema del "rey de la hidrovía- en una prisión paraguaya se convierte en la principal herramienta legal para frenar la presión de la DEA.

El tratado bilateral de extradición vigente entre Paraguay y EEUU contempla la figura jurídica de la "entrega diferida o aplazada". Esta cláusula otorga al Estado requerido la facultad de postergar el traslado de un ciudadano si este ya se encuentra cumpliendo una condena firme o un proceso penal activo en su propio territorio.

Bajo este marco técnico, mantener a Galeano recluido dentro del sistema penitenciario local actúa como un freno para postergar, al menos por un tiempo, cualquier requerimiento inmediato de los jueces norteamericanos. Pero la efectividad de este blindaje legal depende ahora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El máxima tribunal se encuentra abocado al estudio del recurso extraordinario de casación que interpuso la defensa de Galeano contra la confirmación de su condena. La resolución que adopten los ministros de la Corte determinará el futuro de la seguridad jurídica del exsenador frente a la justicia internacional.

Si la Corte ratifica la condena de 13 años, el mecanismo de entrega diferida permanecerá plenamente activo. En cambio, si el tribunal decide anular el fallo, Galeano quedará sin un proceso firme en Paraguay, lo que facilita una rápida ejecución de su extradición, en caso de ser solicitada.