Por: Redacción Central.

Paraguay se abstuvo de acompañar una resolución de la Asamblea General de la ONU que proponía tomar las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los efectos del cambio climático. El Gobierno se abstuvo durante la votación para ahorrarse los reproches de sojeros y ganaderos.

La posición paraguaya se dio luego de que, en etapas previas, el Gobierno secundara cambios impulsados por Arabia Saudita y otros países que buscaban suavizar al texto que sería discutido en la ONU.

La opinión consultiva de la CIJ estableció que los gobiernos estaban obligados jurídicamente a prevenir daños ambientales y adoptar medidas orientadas a proteger a las poblaciones frente al impacto del cambio climático.

El CIJ, que calificó el cambio climático como una "amenaza existencial", señaló que estas obligaciones no eran simples compromisos políticos o aspiracionales, pero una serie de países se distanciaron de la advertencia.

La abstención fue liderada por Paraguay, Argentina, India, Pakistán, Turquía y Sudáfrica, entre otros países. La resolución salió adelante por mayoría y con los votos en contra de Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Bielorrusia, Israel, Irán, Liberia y Yemen. 

La opinión consultiva es considerada uno de los avances más relevantes en materia de derecho climático global desde la aprobación del Acuerdo de París, ya que podría influir directamente en futuras políticas ambientales y litigios internacionales.

La postura asumida por el Gobierno de Santiago Peña dentro de la discusión es interpretada como una señal de alineamiento con las posiciones de Estados Unidos y otros aliados que cuestionan la imposición de obligaciones ambientales más estrictas.

Sin embargo, el posicionamiento paraguayo choca con la línea defendida por la Unión Europea, uno de los principales impulsores de regulaciones vinculadas al cambio climático, reducción de emisiones y mayores exigencias ambientales para el comercio internacional.

Dentro del Gobierno existe además una preocupación relacionada con el impacto que ciertas políticas climáticas podrían generar sobre sectores considerados estratégicos para la economía, en particular la soja y la cadena cárnica, dos de los principales motores de exportación y generación de divisas del país.

En los últimos años, tanto los granos como la carne fueron blanco de cuestionamientos ambientales dentro del mercado europeo. Bruselas elevó las exigencias de sostenibilidad, deforestación y huella de carbono, claves para cerrar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, pero vistas como un ataque por parte de los productores locales.

Por esta razón, Paraguay mantiene una postura cautelosa en los debates internacionales sobre cambio climático e intenta equilibrar las presiones externas vinculadas a políticas ambientales con la defensa de los sectores productivos cruciales para apuntalar el crecimiento económico.