Por: Agencia InnContext

En 2025 se registraron 790 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en 80 países que denunciaban impactos sociales y ambientales vinculados a actividades empresariales, según el nuevo informe del Centro de Empresas y Derechos Humanos "Navegando por una encrucijada global: los defensores de los derechos humanos y las empresas en 2025". El dato representa más de dos ataques diarios y el nivel más alto registrado desde 2020.

El informe señala que tres cuartas partes de los casos estuvieron dirigidos a personas defensoras del clima, la tierra y el ambiente. El 30% afectó a pueblos indígenas.

América Latina y el Caribe concentró el 42% de los ataques registrados, seguida por Asia. Los sectores más vinculados a los incidentes fueron la minería, los combustibles fósiles y la agroindustria.

El documento advierte que las restricciones al espacio cívico y el aumento de la criminalización dificultan la participación de comunidades y organizaciones sociales en decisiones relacionadas con proyectos extractivos y energéticos. El acoso judicial, incluyendo procesos de criminalización y demandas contra la participación pública, representó más de la mitad de los casos documentados.

A la vez, el informe destaca que las personas defensoras cumplen un rol clave en la identificación temprana de riesgos ambientales y sociales, así como en la promoción de alternativas vinculadas con modelos económicos más sostenibles y procesos de transición energética con enfoque de derechos.

Según el análisis, fortalecer la consulta con comunidades, garantizar mecanismos de participación y reforzar la debida diligencia en derechos humanos son pasos centrales para prevenir conflictos y construir entornos más seguros y sostenibles tanto para las comunidades como para las empresas.

El reporte también advierte sobre el creciente uso de tecnologías digitales y sistemas de vigilancia para restringir el espacio cívico y señala la necesidad de fortalecer marcos regulatorios y mecanismos de protección para personas defensoras y organizaciones sociales.
El informe está disponible en inglés, español, francés y portugués, y las conclusiones principales también en ruso y japonés.