Por: Jens Thurau. Fuente: https://www.dw.com/es
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Lo que los autores del "Informe sobre los derechos fundamentales 2026" han recopilado en sus 240 páginas suena dramático: en una época marcada por el populismo y los regímenes autoritarios en todo el mundo, los derechos fundamentales están cada vez más amenazados incluso en Alemania, un Estado de derecho.
Según el informe, los derechos fundamentales se ven amenazados, por ejemplo, cuando decaen los esfuerzos para combatir el cambio climático, cuando escasea la vivienda asequible y cuando las redes sociales recopilan y utilizan datos sin permiso de los usuarios. Pero, sobre todo, cuando la seguridad del país prima sobre la política interior y, por ese motivo, se produce un rearme militar.
Desde 1997 se publica anualmente este informe, elaborado por unas diez organizaciones de derechos humanos, como Pro Asyl, la Unión Humanista y la Liga de Derechos Humanos. Y, este año, los organizadores han contado con una defensora de renombre: la exministra de Justicia Herta Däubler-Gmelin (SPD), que ocupó el cargo entre 1998 y 2002 bajo el mandato del entonces canciller federal Gerhard Schröder.
En la rueda de prensa celebrada el jueves 21 de mayo de 2026 en Karlsruhe, Däubler-Gmelin afirmó que los principales desencadenantes de la amenaza a los derechos fundamentales son la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y conflictos como el de la Franja de Gaza y, actualmente, el de Irán. Al mismo tiempo, subrayó: "¿Qué son las guerras de agresión sino las peores violaciones de los derechos fundamentales y humanos?"
Las consecuencias se hicieron patentes en Alemania cuando, con un amplio consenso entre los partidos gobernantes -los conservadores y los socialdemócratas-, y con el apoyo de los Verdes, se contrajo una nueva deuda de 500 000 millones de euros para rearmar al Ejército alemán.
El Informe sobre los Derechos Fundamentales señala al respecto que actualmente se está produciendo una "militarización vertiginosa de Alemania", sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y, al mismo tiempo, se recorta la ayuda estatal al desarrollo. Así lo explica Däubler-Gmelin: "Esto significa que los sistemas sanitarios de otros países ya no pueden mantenerse. Esto significa que hay personas que mueren en África porque no tienen posibilidades de escapar de los conflictos".
Esa percepción también gana terreno entre actuales políticos del Gobierno alemán del SPD, que forma coalición con los democristianos de CDU. El mismo jueves se publicó un documento del ala más conservadora del partido socialdemócrata, el llamado Círculo de Seeheim.
En él se afirma que, en la actualidad, el valor de la ayuda al desarrollo está siendo "cuestionado con más fuerza que nunca". 50 de los 120 diputados del SPD en el Bundestag pertenecen a esta facción del partido. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo se redujo en 2025 en 910 millones de euros, hasta los 10.310 millones de euros.
En la rueda de prensa sobre el "Informe sobre los derechos fundamentales 2026" también tomó la palabra Ahmad Mosamem Rahimi, originario de Afganistán. Este crítico del régimen talibán vive en Alemania desde diciembre de 2025, tras haber tenido que esperar dos años para poder salir del país.
El motivo es que el nuevo Gobierno, formado por conservadores y socialdemócratas, suspendió los programas de acogida puestos en marcha por los Gobiernos anteriores tras la toma del poder por parte de los talibanes islamistas en 2021. "Aunque tenía toda la documentación y me habían prometido que podría venir a Alemania, esperé en Pakistán casi dos años para obtener mi visado", asegura Rahimi. Al final, logró salir del país con la ayuda de abogados.
A los autores del informe les preocupa especialmente la posible reintroducción del servicio militar obligatorio en Alemania. Athena Möller es estudiante de Derecho y miembro de la junta directiva de la Liga Internacional de Derechos Humanos. Para ella, resulta presuntuoso esperar lealtad "especialmente de la generación más joven" hacia el Estado alemán, mientras que este no respeta suficientemente los derechos fundamentales.
Actualmente, el Gobierno está intentando atraer a más jóvenes al servicio militar de forma voluntaria. Si esto no se consigue, se está debatiendo también un retorno al servicio militar obligatorio, que se suspendió en 2011.