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Hidrovía.

Paraguay adelantó que se opondrá a una eventual suba del peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia en pleno tramo final del proceso de privatización de la hidrovía que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La cuestión amenaza con revivir la tensión bilateral, ya que el posible aumento tendría un impacto considerable para el comercio exterior paraguayo.

Hoy por hoy existe un conflicto entre las dos empresas que están compitiendo por la concesión del tramo argentino, Jan De Nul y DEME, ambas de origen belga. La segunda acusa a la primera de tener contacto con firmas chinas y, según trascendió, ya hizo una denuncia ante Estados Unidos, aprovechando que la política de Donald Trump se basa en evitar la influencia de China en la región.

En Paraguay siguen de cerca el desenlace del proceso. De hecho, el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera Cáceres, confirmó que los directivos de Jan De Nul mantuvieron una reunión con el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

Según dijo Vera Cáceres, los representantes de Jan De Nul fueron a refutar las acusaciones realizadas por su competidora. "Aparentemente Jan De Nul tuvo una mejor calificación, aclaro que no me consta eso, es lo que escuché", precisó el funcionario paraguayo.

Más allá de la puja empresarial, el interés central de Paraguay se concentra en el costo que deberán pagar los usuarios de la hidrovía, en particular los exportadores e importadores que dependen de esta vía para mover gran parte de su producción.

Los demás países del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, es decir, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, se preparan para un probable reajuste de la tarifa, ya que el gobierno argentino prometió poner fin a los subsidios y las empresas en juego prometieron un plan de ahorro en la futura gestión de la vía fluvial. Los gobiernos que integran el acuerdo ven en el horizonte un revival del conflicto con Argentina. 

En el tramo Santa Fe-Confluencia se cobra actualmente una tasa de 1,3 dólares por tonelada neto de registro de carga. Después de intensas negociaciones, el Gobierno de Santiago Peña evitó que se pagara un monto superior, que fue la decisión inicial durante la administración de Alberto Fernández.