Por: Redacción Central.

Las negociaciones por el reajuste del salario mínimo entraron en terreno pantanoso luego de que las principales centrales sindicales decidieran suspender el diálogo con los empresarios y continuar las conversaciones directamente con el Gobierno de Santiago Peña.

La decisión fue adoptada por la Mesa Sindical CSA, integrada por varias organizaciones de trabajadores (CUT, CUT-A, CPT, CNT y CGT), tras considerar insuficiente la propuesta presentada por la patronal dentro de la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam). Los gremios sostienen que la oferta de los empresarios no responde al deterioro económico que enfrentan miles de asalariados.

"La posición del sector empresarial de que se quieren ajustar a la ley es un relato y una evasión a un debate franco y sincero sobre la situación de los trabajadores. No hemos encontrado ningún tipo de predisposición en el sector empresarial, que inclusive ha tratado de desconocer nuestra propuesta técnica del reajuste salarial basado en datos del BCP", dijo José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A).

Los sindicatos reclaman un incremento salarial del 20%, lo que representaría una suba cercana a los G. 547.000 sobre el salario mínimo vigente, mientras que la contrapropuesta empresarial apenas rondaría entre los G. 60.000 y los G. 70.000.

Las centrales obreras rechazan también la postura de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), partidaria de mantener el método de cálculo actual. En el medio se ubica la ministra Mónica Recalde, que oficia de árbitro y se muestra favorable a un aumento superior al que propone la patronal. 

Como si este cortocircuito no bastase, los representantes sindicales sostienen que las cifras oficiales utilizadas para calcular el reajuste salarial no reflejan el costo de vida y apuntan directamente a los indicadores de inflación elaborados por el BCP, que no se condicen con el aumento de precios registrado en supermercados, combustibles y servicios básicos.

Tras declarar agotadas las instancias de negociación con el sector empresarial, los sindicatos resolvieron solicitar una audiencia con el presidente para buscar una salida unilateral al conflicto, con Recalde firme en su rol de mediadora.

Los gremios esperan que el Gobierno impulse una revisión de los mecanismos para medir el costo de vida y que avance hacia un reajuste salarial más "realista".

Unas 270.000 personas perciben el salario mínimo. Sin embargo, los incrementos no siempre representan una mejora real del poder adquisitivo, debido a que muchos precios de bienes y servicios suelen ajustarse paralelamente tras cada aumento.

En los últimos años, mientras el salario mínimo registró subas cercanas al 6%, productos básicos como la carne experimentaron incrementos mucho mayores. El sistema de reajuste actual comenzó a aplicarse tras las modificaciones introducidas en 2016, cuando se estableció un esquema de revisiones anuales basado principalmente en los indicadores de inflación del BCP.