Por: Claudia Aranda. Fuente: Agencia Pressenza

(Imagen de Xinhua)

Hay momentos en la historia en que los hechos son tan evidentes que el problema deja de ser la falta de información y pasa a ser la falta de voluntad. Gaza ha llegado a ese punto. Ya no estamos ante un escenario de incertidumbre. Estamos ante una acumulación abrumadora de advertencias, informes, testimonios, imágenes satelitales, resoluciones, investigaciones y pronunciamientos internacionales que han descrito una catástrofe humana de dimensiones históricas. Y, sin embargo, buena parte del mundo ha seguido actuando como si nada de ello obligara a cambiar su conducta.

La investigación de Al Jazeera basada en registros aduaneros israelíes revela que al menos 51 países y territorios continuaron enviando material militar a Israel mientras la destrucción de Gaza avanzaba. Algunos de esos Estados emitían simultáneamente declaraciones de preocupación humanitaria. Otros reclamaban pausas humanitarias. Algunos incluso votaban resoluciones internacionales llamando al respeto del derecho internacional. Las palabras viajaban por una vía. Las armas por otra.

La contradicción no es menor. Es el núcleo del problema.

La primera gran advertencia llegó desde la Corte Internacional de Justicia. En enero de 2024, la CIJ concluyó que existía un riesgo plausible de genocidio y ordenó medidas provisionales. Aquella resolución no fue una opinión de activistas, ni una consigna política, ni un manifiesto ideológico. Fue el pronunciamiento del máximo tribunal judicial de las Naciones Unidas. Desde ese momento, ningún gobierno podía alegar desconocimiento.

La segunda alarma llegó desde la Corte Penal Internacional. Las órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant marcaron un hecho extraordinario: los máximos dirigentes políticos y militares israelíes pasaban a enfrentar acusaciones vinculadas a crímenes internacionales de extrema gravedad. Una vez más, el sistema internacional estaba diciendo que no se trataba de una controversia política ordinaria.

La tercera advertencia fue quizá la más devastadora. Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, presentó un informe que describe un patrón sistemático de destrucción, desplazamiento, hambre y privación de condiciones de vida básicas. Su conclusión fue inequívoca. No habló de excesos. No habló de daños colaterales. Habló de genocidio.

Cada una de estas señales por separado habría debido provocar una revisión inmediata de las relaciones militares con Israel. Las tres juntas deberían haber hecho inevitable la suspensión de transferencias de armas y componentes bélicos hasta que la situación fuese aclarada. Eso no ocurrió.

Por el contrario, según los registros examinados por Al Jazeera, el flujo continuó e incluso aumentó.

La investigación permite además poner cifras concretas sobre aquello que durante meses muchos gobiernos intentaron ocultar detrás de declaraciones cuidadosamente redactadas. No estamos hablando de transacciones marginales ni de errores administrativos. Estamos hablando de más de 2.600 envíos de bienes militares valorados en más de 3.200 millones de shekels. Estamos hablando de una cadena global de abastecimiento que atravesó América del Norte, Europa y Asia mientras Gaza era reducida a escombros. Según la investigación, el 91 por ciento del valor de esos suministros ingresó a Israel después de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de enero de 2024. Es decir: después de la advertencia. Después de que el mundo ya sabía. Después de que la ignorancia dejara de ser una excusa.

Los datos son aún más elocuentes cuando se observan los principales actores. Estados Unidos encabezó la lista con más del 42 por ciento del valor total identificado. India aportó aproximadamente un 26 por ciento. Les siguieron Rumanía, Taiwán y la República Checa. Entre los cinco concentraron la inmensa mayoría de los suministros militares registrados. No se trata de países periféricos del sistema internacional. Se trata de actores centrales de la economía global y de la arquitectura política contemporánea.

Y junto a ellos aparecen otros nombres cuya presencia resulta particularmente incómoda. China. Turquía. Suiza. Singapur. Brasil. España. Canadá. Francia. Alemania. Italia. Reino Unido. Estados que, en distintos momentos, expresaron preocupación por la situación humanitaria, llamaron a un alto el fuego o manifestaron inquietud por el sufrimiento de la población civil palestina. Sin embargo, los registros aduaneros examinados por Al Jazeera indican que bienes clasificados por Israel como material militar continuaron llegando desde esos mismos países.

Aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve político. Porque las municiones no viajan dentro de discursos diplomáticos. Los proyectiles no llegan a través de resoluciones. Las piezas para blindados no son transportadas por declaraciones de prensa.

Mientras en los podios de Naciones Unidas se pronunciaban palabras como “preocupación”, “proporcionalidad”, “protección de civiles” o incluso “genocidio”, en los puertos, aeropuertos y cadenas logísticas del comercio internacional continuaban circulando componentes destinados a sostener el esfuerzo bélico israelí.

Ese es el verdadero escándalo de esta historia. No la existencia de diferencias diplomáticas. No las disputas ideológicas. No los alineamientos geopolíticos.

Lo verdaderamente escandaloso es la coexistencia simultánea de dos discursos incompatibles: el discurso moral destinado a la opinión pública y el discurso comercial destinado a los mercados estratégicos.

Durante el día se pronunciaban discursos sobre derechos humanos. Durante la noche se autorizaban licencias de exportación. Durante el día se expresaba horror ante las imágenes de Gaza. Durante la noche se mantenían intactas las cadenas de suministro. Durante el día se invocaba el derecho internacional. Durante la noche se seguía comerciando con la guerra. Por eso esta investigación no revela únicamente quién vendió armas. Revela algo mucho más profundo. Revela la existencia de un sistema internacional capaz de condenar una tragedia y lucrar con ella al mismo tiempo. Revela que, para demasiados gobiernos, los principios parecen aplicarse únicamente hasta el punto en que comienzan a interferir con los intereses estratégicos, industriales o comerciales. Revela que el lenguaje de los derechos humanos corre el riesgo de convertirse en una pieza ornamental de la diplomacia cuando quienes lo pronuncian no están dispuestos a asumir las consecuencias económicas que implica defenderlo.

La cuestión ya no es únicamente israelí. La cuestión es internacional.

Durante décadas, las democracias occidentales y buena parte de la comunidad internacional proclamaron que después del Holocausto la humanidad había aprendido una lección irreversible: nunca más. Sin embargo, cuando llegó el momento de transformar ese principio en decisiones concretas, demasiados gobiernos descubrieron excepciones, matices, intereses estratégicos y consideraciones comerciales. El resultado es una fractura moral profunda.

Porque la historia no juzga solamente a quienes aprietan el gatillo. También juzga a quienes siguen abasteciendo las armas después de haber sido advertidos de lo que ocurre.

Quizás dentro de algunos años los tribunales determinen responsabilidades individuales. Quizás se dicten sentencias. Quizás aparezcan nuevas pruebas. Quizás se escriban miles de páginas jurídicas intentando delimitar exactamente quién sabía qué y cuándo lo sabía.

Pero hay una pregunta mucho más simple que ya está planteada. ¿Qué hicieron los gobiernos cuando fueron advertidos? La respuesta comienza a emerger de los registros aduaneros. Muchos continuaron comerciando. Muchos continuaron exportando. Muchos continuaron mirando hacia otro lado. Y esa decisión, más allá de los futuros veredictos judiciales, ya forma parte de la historia.

Porque la cuestión fundamental no es qué sabrán las generaciones futuras sobre Gaza. Lo sabrán todo. Verán las imágenes. Leerán los informes. Estudiarán los testimonios. Consultarán los archivos de Naciones Unidas, las resoluciones judiciales, las investigaciones periodísticas y los balances de las empresas armamentísticas.

La verdadera pregunta será otra. Cuando las alarmas sonaron simultáneamente desde la Corte Internacional de Justicia, desde la Corte Penal Internacional y desde los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿qué hizo el mundo?

La respuesta, cada vez más difícil de ocultar, es que una parte significativa de ese mundo siguió haciendo negocios. Y pocas formas de cinismo son más peligrosas que aquella que consigue transformar la tragedia humana en una oportunidad comercial mientras proclama, ante las cámaras, su compromiso con la dignidad humana.