Por: Redacción Central.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) conformó, durante la mañana de este miércoles, designó a los fiscales Marlene González, Laura Giacomo y Ruth Benítez para investigar las denuncias de una presunta estructura de desinformación digital o campaña sucia atribuida al gobierno de Santiago Peña, que habría operado a través de plataformas digitales y que, según las revelaciones conocidas en las últimas semanas, habría movilizado importantes recursos económicos.
La designación se dio poco tiempo después de la entrevista que el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, realizó a un medio de comunicación en donde se comprometió a investigar la causa y justificó la remisión del caso a la Contraloría General de la República (CGR).
“Naturalmente, en esa diversidad de funciones, el Ministerio Público a veces carece de suficiente cantidad de personas que puedan procesar esta información. De hecho, el brazo ejecutor de una investigación penal es la Policía Nacional. En muchas ocasiones clarificamos que la carencia de base es de personal operativo, en diversas ocasiones, nos obliga a solicitar cooperación de estas entidades”, se explayó.
Seguidamente, dijo que van a hacer lo que corresponde con toda la gestión necesaria.
“Se mencionan hechos y esos hechos deben ser corroborados con evidencias reales, afirmaciones, documentos, fotografías, informes. Estamos articulando la gestión que creemos corresponde a ese efecto”, enfatizó.
Respecto al cuidado de las evidencias del caso afirmó que “van a efectuar todas las vías que creen oportunas”.
“No le estoy asegurando que está siendo precautelado. Lo que estoy diciendo es que vamos a efectuar las vías que creamos que sean oportunas y correctas”, añadió.
En otro momento, le consultaron si estas campañas estuvieran promovidas, financiadas o apoyadas por órganos del Estado en contra de medios de comunicación, en contra de periodistas.
“Los hechos punibles que son del siglo XXI, los delitos económicos, los delitos informáticos, los delitos económicos, los delitos de filtración de información, etcétera. Son aspectos muy sensibles al régimen democrático, el Estado social de derecho, el principio republicano y diseñado por la Constitución Nacional”, respondió.
Tiene el mismo nivel de persecución penal o merecen el mismo nivel de persecución penal y objetivación de un caso, hacia los fines de identificar plenamente a los participantes criminales y a la justificación del hecho.
Rolón siguió expresando que “el compromiso sigue latente” y pidió que “no duden que no pretende dilatar ni cajonear” el caso. “De hecho, una de las directivas primordiales que instalamos, desde la entrada aquí, es que todos los casos sean activados”, aseguró y sostuvo que quiere que la institución a su cargo “tenga la integridad reconocida por la ciudadanía”.