Por: Redacción Central.

El ministro del Interior, Enrique Riera, anunció este jueves la implementación del Plan Responsum, una iniciativa que contempla el despliegue inmediato de 4.500 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La medida oficial surge como respuesta institucional directa tras el asalto simultáneo perpetrado contra las sucursales de tres bancos y una casa de cambios, en Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

La operación criminal fue ejecutada el martes por un grupo de aproximadamente 20 personas armadas que utilizaron 50 kilogramos de explosivos comerciales para destruir las bóvedas de las entidades financieras implicadas. Los reportes preliminares de las empresas afectadas y los peritos intervinientes estiman el botín sustraído en unos 3.000 millones de guaraníes, a los que se suman 100.000 dólares en efectivo.

Las investigaciones posteriores derivaron en el allanamiento de una casaquinta ubicada en el kilómetro 26 Monday, en la jurisdicción de Minga Guazú, identificada por la Policía como la base operativa de la organización. Las evidencias recolectadas en el inmueble confirman que la estructura delictiva utilizó dicha propiedad como aguantadero estratégico y centro de planificación logística durante un periodo ininterrumpido de seis meses.

Entre los detenidos en el procedimiento destaca el ciudadano brasileño Emanuel Cidade Campos, alias Guaraní, sindicado como el experto explosivista del Primer Comando Capital (PCC) encargado de demoler las estructuras bancarias. El arresto de Cidade Campos expone fallas severas en los registros oficiales del Ministerio del Interior, debido a que la propia policía paraguaya lo había reportado formalmente como abatido hace dos años.

El segundo capturado clave es el paraguayo Leandro Alfredo Portillo, alias Ka'i, identificado por los investigadores como uno de los fusileros que dio cobertura armada durante la noche del atraco generalizado. Portillo ejecutó las acciones tácticas en Santa Rita a pesar de contar con un proceso judicial abierto por el homicidio de un cambista en Cambyretá y beneficiarse previamente con un régimen de arresto domiciliario.

La Dirección de Material Bélico determinó que el lote de 50 kilogramos de dinamita empleado en el asalto múltiple procede de una cantera comercial habilitada y registrada en el distrito de Emboscada. La firma propietaria de dicha explotación minera declaró falsamente haber detonado los insumos en sus obras internas, maniobra que le permitió burlar las fiscalizaciones periódicas que debe realizar el Estado paraguayo.

La línea de investigación interna se concentra actualmente en la participación logística del suboficial Néstor Ramírez Marín, un uniformado que proveía soporte a la banda criminal mientras prestaba servicios operativos de calle. Los legajos institucionales demuestran que Ramírez Marín continuaba activo dentro de las filas de la Policía Nacional paraguaya a pesar de registrar órdenes de captura previas emitidas por la justicia.

El impacto político del evento se agravó por la ejecución en paralelo de otro asalto comando en Ciudad del Este, perpetrado por delincuentes que utilizaron uniformes falsos de la Senad. Este segundo hecho delictivo se concretó en la misma región, mientras el comandante César Silguero y la plana mayor de la jefatura policial se encontraban replegados coordinando la crisis de Santa Rita.

El suceso reactivó las críticas sectoriales dentro del Ministerio del Interior respecto a la gestión del viceministro Carlos Benítez, debido a la concentración asimétrica de agentes policiales en dependencias de carácter puramente administrativo. Fuentes policiales señalaron a este medio que el esquema de padrinazgos políticos desprotegió el corredor productivo sur de Alto Paraná, facilitando el libre desplazamiento de las células delictivas internacionales.

La decisión de recurrir al despliegue militar bajo el Plan Responsum evidencia una reacción gubernamental tardía ante un entramado que opera de manera coordinada con sectores de las fuerzas públicas paraguayas. Los arrestos y las pericias balísticas de las últimas horas confirman que la contención del crimen organizado requiere reformas profundas en las oficinas de control de insumos bélicos y en la interna policial.

Este jueves, el escenario regional de inseguridad fronteriza sumó otro capítulo, con el procedimiento ejecutado por la Policía Rodoviaria Federal del Brasil sobre la carretera BR-277, en la localidad de Santa Terezinha de Itaipu. La patrulla interceptó un camión con cargamento declarado de insumos para ración animal que transportaba oculto en su cabina un arsenal compuesto por 41 armas de fuego y más de 5.000 municiones.

La intervención en territorio brasileño, calificada como una de las mayores operaciones contra el tráfico internacional de armas en la región de la Triple Frontera, derivó en el decomiso de 25 fusiles de asalto y 16 pistolas automáticas de diversos calibres de uso militar. Aunque esta carga habría partido desde Argentina con destino final al estado de Minas Gerais, Paraguay sigue siendo el mayor proveedor de armas cortas que utilizan las bandas armadas de Brasil.